La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) de El Salvador ya inició el proceso de transición para que los puertos Acajutla y La Unión sean operados por una empresa de economía mixta, en colaboración con la firma turca Yilport.

Federico Anliker, presidente de CEPA, confirmó que se están revisando los procesos de ambas terminales junto con los equipos de Yilport para optimizar su funcionamiento.
La nueva entidad, denominada Unión Portuaria del Pacífico, gestionará el puerto de Acajutla, en Sonsonate, y el puerto de La Unión, en su respectivo departamento. Yilport se comprometió a invertir $1,615 millones de dólares en la modernización de estas instalaciones y esta es una de las grandes apuestas del gobierno de Nayib Bukele para dinamizar el comercio del país.

El proyecto se desarrollará en tres fases. En la fase inicial se destinarán $50 millones para mejoras en Acajutla, que incluyen la rehabilitación de muelles y la adquisición de nuevos equipos de carga.

En la primera fase, con una inversión de $659 millones, se construirá un nuevo muelle para contenedores y un patio adicional. Para el puerto de La Unión, se prevé una inversión de $75 millones para dragar su canal y adquirir grúas post panamax.

La segunda fase del proyecto implicará una inversión de $906 millones, que contempla la construcción de otro muelle en Acajutla y la mejora de la infraestructura existente.

Anliker enfatizó la importancia de llevar a cabo una transición ordenada, asegurando que se ha estado trabajando con Yilport durante varias semanas. Además, se abordó la situación de los dos sindicatos de trabajadores en Acajutla, indicando que la nueva sociedad de economía mixta tomará las decisiones pertinentes para garantizar la protección de los derechos laborales.

El presidente Nayib Bukele anunció que esta colaboración con Yilport tendrá una duración de 50 años, lo que representa un cambio significativo en la operación portuaria del país.

La Procuraduría General de la República (PGR) emitió un recordatorio sobre la importancia de conocer y ejercer los derechos laborales dentro de los plazos establecidos.

La entidad enfatizó que, si los ciudadanos no reclaman sus derechos dentro del tiempo legal, estos pueden prescribir, lo que significa que se pierde la posibilidad de demandar.

Entre los plazos importantes que los trabajadores deben tener en cuenta se destacan:

Despido injustificado: Los trabajadores tienen 60 días, contados a partir de la notificación del despido, para presentar una demanda.

Vacaciones: se dispone de 180 días a partir de la fecha en que debieron ser pagadas para reclamar este derecho.

La PGR aclaró que la prescripción es la pérdida del derecho a demandar por no haber ejercido el reclamo dentro del plazo estipulado, un aspecto crucial que puede afectar a muchos trabajadores.

Para quienes necesiten apoyo, asesoría o acompañamiento en procesos laborales, la Procuraduría invita a acercarse a sus sedes a nivel nacional, donde se brinda orientación sobre cómo hacer valer estos derechos de manera efectiva.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) anunció este martes que el precio de la energía eléctrica se mantendrá sin cambios hasta el 15 de enero de 2025.

Según la institución, esto implica que el 93 % de la población no experimentará aumentos en la tarifa establecida desde enero de este año.

La DGEHM destacó que estas medidas son parte de los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para proteger la economía de la población y evitar incrementos en las facturas mensuales, en un contexto de “situación energética complicada en la región, con problemas críticos de generación y precios”.

El comunicado de la DGEHM explicó que los usuarios que durante el trimestre de enero a marzo de 2024 tengan un consumo promedio mensual inferior a 300 kWh continuarán pagando la tarifa reducida que se implementó a inicios de año.

Las autoridades también exhortaron a las empresas distribuidoras de energía a cumplir con los precios establecidos y habilitaron el número 2234-6128 para que los ciudadanos puedan reportar cualquier cobro excesivo o irregular en sus facturas eléctricas.

Con estas medidas, el Gobierno mantiene el subsidio de energía eléctrica para las familias que consumen hasta 105 kWh al mes, contribuyendo así a la economía de los hogares y pequeñas empresas del país.

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) confirmó que la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en Conchagua, La Unión, comenzará entre finales de 2024 y principios de 2025.

Federico Anliker, presidente de CEPA, afirmó en un entrevista televisiva que el proyecto es una realidad: “El 2025 va con todo la construcción de este megaproyecto. Es un hecho”.
Este mes se recibirán las ofertas de empresas interesadas en realizar obras de terracería y construcción del acceso al aeropuerto, en el marco de una licitación lanzada en julio.
Anliker destacó que se espera recibir las propuestas en un mes, antes de dar inicio a los procesos legales necesarios para colocar la primera piedra del proyecto, lo que podría suceder a finales de este año o inicios del próximo.

El nuevo aeropuerto será financiado con parte de un préstamo de $320 millones aprobado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), que incluye recursos para una pista de 2,400 metros de largo y 45 metros de ancho, así como para la terminal de pasajeros y un edificio de mantenimiento.

Según el último informe de ejecución de inversión pública del Ministerio de Hacienda, CEPA ha ejecutado hasta ahora $2.44 millones de los $19.4 millones programados para este año en el proyecto del aeropuerto.

La terminal se ubicará en los caseríos de Condadillo y Flor de Mangle, donde comenzaron trabajos de medición en 2022, junto con la reubicación de pobladores de la zona afectada.
CEPA también indicó que el Aeropuerto del Pacífico tiene como objetivo atender a los 3 millones de salvadoreños que residen en el extranjero, de los cuales un 60% proviene de la región oriental del país.

Además, en 2023 se registraron $30 millones en financiamiento público para la construcción del aeropuerto a través de una titularización.

El libro “Judicialización de la violencia sexual” ha comenzado a ser socializado por la magistrada Elsy Dueñas Lovos, miembro de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), y jueces de Paz.

En un evento, realizado en colaboración con la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y el proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y El Caribe (FEDACC), reunió a jueces de paz que participan en la implementación del servicio.
Dueñas subrayó la importancia del texto como una herramienta valiosa para los jueces de paz, quienes colaboran estrechamente con los facilitadores judiciales para acercar la justicia a las comunidades.

“Este libro es indispensable para fortalecer nuestro trabajo”, afirmó.
Thietmar Bachmann, embajador en funciones de la República Federal Alemana, destacó que la publicación busca mejorar la justicia para las víctimas de violencia sexual, promoviendo procesos penales que sean diligentes y respetuosos de la dignidad humana, además de implementar medidas que prevengan la revictimización y la discriminación.

El evento incluyó un seminario con jueces, fiscales y defensores, donde se compartieron experiencias y se discutieron temas relacionados con la justicia penal, estableciendo las bases para la publicación.

La abogada colombiana Gloria Bernal presentó el contenido del libro, que se estructura en 5 capítulos clave, abordando aspectos como el contexto del consentimiento en delitos de violencia sexual, perspectivas de género, la tipificación de delitos de violencia sexual en El Salvador y enfoques victimológicos.

Durante la actividad, se reconoció a los directores de las escuelas de formación encargados de la difusión del libro: Bessy Aguirre, Elsy Amaya, Jesenia Martínez y Jorge Olmedo. También estuvieron presentes Benjamín Chicas Guevara, jefe de la Unidad Coordinadora del SNFJ, así como representantes de organismos nacionales e internacionales y del Consejo Nacional de la Judicatura.

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) de El Salvador ya inició el proceso de transición para que los puertos Acajutla y La Unión sean operados por una empresa de economía mixta, en colaboración con la firma turca Yilport.

Federico Anliker, presidente de CEPA, confirmó que se están revisando los procesos de ambas terminales junto con los equipos de Yilport para optimizar su funcionamiento.
La nueva entidad, denominada Unión Portuaria del Pacífico, gestionará el puerto de Acajutla, en Sonsonate, y el puerto de La Unión, en su respectivo departamento. Yilport se comprometió a invertir $1,615 millones de dólares en la modernización de estas instalaciones y esta es una de las grandes apuestas del gobierno de Nayib Bukele para dinamizar el comercio del país.

El proyecto se desarrollará en tres fases. En la fase inicial se destinarán $50 millones para mejoras en Acajutla, que incluyen la rehabilitación de muelles y la adquisición de nuevos equipos de carga.

En la primera fase, con una inversión de $659 millones, se construirá un nuevo muelle para contenedores y un patio adicional. Para el puerto de La Unión, se prevé una inversión de $75 millones para dragar su canal y adquirir grúas post panamax.

La segunda fase del proyecto implicará una inversión de $906 millones, que contempla la construcción de otro muelle en Acajutla y la mejora de la infraestructura existente.

Anliker enfatizó la importancia de llevar a cabo una transición ordenada, asegurando que se ha estado trabajando con Yilport durante varias semanas. Además, se abordó la situación de los dos sindicatos de trabajadores en Acajutla, indicando que la nueva sociedad de economía mixta tomará las decisiones pertinentes para garantizar la protección de los derechos laborales.

El presidente Nayib Bukele anunció que esta colaboración con Yilport tendrá una duración de 50 años, lo que representa un cambio significativo en la operación portuaria del país.

La Procuraduría General de la República (PGR) emitió un recordatorio sobre la importancia de conocer y ejercer los derechos laborales dentro de los plazos establecidos.

La entidad enfatizó que, si los ciudadanos no reclaman sus derechos dentro del tiempo legal, estos pueden prescribir, lo que significa que se pierde la posibilidad de demandar.

Entre los plazos importantes que los trabajadores deben tener en cuenta se destacan:

Despido injustificado: Los trabajadores tienen 60 días, contados a partir de la notificación del despido, para presentar una demanda.

Vacaciones: se dispone de 180 días a partir de la fecha en que debieron ser pagadas para reclamar este derecho.

La PGR aclaró que la prescripción es la pérdida del derecho a demandar por no haber ejercido el reclamo dentro del plazo estipulado, un aspecto crucial que puede afectar a muchos trabajadores.

Para quienes necesiten apoyo, asesoría o acompañamiento en procesos laborales, la Procuraduría invita a acercarse a sus sedes a nivel nacional, donde se brinda orientación sobre cómo hacer valer estos derechos de manera efectiva.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) anunció este martes que el precio de la energía eléctrica se mantendrá sin cambios hasta el 15 de enero de 2025.

Según la institución, esto implica que el 93 % de la población no experimentará aumentos en la tarifa establecida desde enero de este año.

La DGEHM destacó que estas medidas son parte de los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para proteger la economía de la población y evitar incrementos en las facturas mensuales, en un contexto de “situación energética complicada en la región, con problemas críticos de generación y precios”.

El comunicado de la DGEHM explicó que los usuarios que durante el trimestre de enero a marzo de 2024 tengan un consumo promedio mensual inferior a 300 kWh continuarán pagando la tarifa reducida que se implementó a inicios de año.

Las autoridades también exhortaron a las empresas distribuidoras de energía a cumplir con los precios establecidos y habilitaron el número 2234-6128 para que los ciudadanos puedan reportar cualquier cobro excesivo o irregular en sus facturas eléctricas.

Con estas medidas, el Gobierno mantiene el subsidio de energía eléctrica para las familias que consumen hasta 105 kWh al mes, contribuyendo así a la economía de los hogares y pequeñas empresas del país.

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) confirmó que la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en Conchagua, La Unión, comenzará entre finales de 2024 y principios de 2025.

Federico Anliker, presidente de CEPA, afirmó en un entrevista televisiva que el proyecto es una realidad: “El 2025 va con todo la construcción de este megaproyecto. Es un hecho”.
Este mes se recibirán las ofertas de empresas interesadas en realizar obras de terracería y construcción del acceso al aeropuerto, en el marco de una licitación lanzada en julio.
Anliker destacó que se espera recibir las propuestas en un mes, antes de dar inicio a los procesos legales necesarios para colocar la primera piedra del proyecto, lo que podría suceder a finales de este año o inicios del próximo.

El nuevo aeropuerto será financiado con parte de un préstamo de $320 millones aprobado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), que incluye recursos para una pista de 2,400 metros de largo y 45 metros de ancho, así como para la terminal de pasajeros y un edificio de mantenimiento.

Según el último informe de ejecución de inversión pública del Ministerio de Hacienda, CEPA ha ejecutado hasta ahora $2.44 millones de los $19.4 millones programados para este año en el proyecto del aeropuerto.

La terminal se ubicará en los caseríos de Condadillo y Flor de Mangle, donde comenzaron trabajos de medición en 2022, junto con la reubicación de pobladores de la zona afectada.
CEPA también indicó que el Aeropuerto del Pacífico tiene como objetivo atender a los 3 millones de salvadoreños que residen en el extranjero, de los cuales un 60% proviene de la región oriental del país.

Además, en 2023 se registraron $30 millones en financiamiento público para la construcción del aeropuerto a través de una titularización.

El libro “Judicialización de la violencia sexual” ha comenzado a ser socializado por la magistrada Elsy Dueñas Lovos, miembro de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), y jueces de Paz.

En un evento, realizado en colaboración con la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y el proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y El Caribe (FEDACC), reunió a jueces de paz que participan en la implementación del servicio.
Dueñas subrayó la importancia del texto como una herramienta valiosa para los jueces de paz, quienes colaboran estrechamente con los facilitadores judiciales para acercar la justicia a las comunidades.

“Este libro es indispensable para fortalecer nuestro trabajo”, afirmó.
Thietmar Bachmann, embajador en funciones de la República Federal Alemana, destacó que la publicación busca mejorar la justicia para las víctimas de violencia sexual, promoviendo procesos penales que sean diligentes y respetuosos de la dignidad humana, además de implementar medidas que prevengan la revictimización y la discriminación.

El evento incluyó un seminario con jueces, fiscales y defensores, donde se compartieron experiencias y se discutieron temas relacionados con la justicia penal, estableciendo las bases para la publicación.

La abogada colombiana Gloria Bernal presentó el contenido del libro, que se estructura en 5 capítulos clave, abordando aspectos como el contexto del consentimiento en delitos de violencia sexual, perspectivas de género, la tipificación de delitos de violencia sexual en El Salvador y enfoques victimológicos.

Durante la actividad, se reconoció a los directores de las escuelas de formación encargados de la difusión del libro: Bessy Aguirre, Elsy Amaya, Jesenia Martínez y Jorge Olmedo. También estuvieron presentes Benjamín Chicas Guevara, jefe de la Unidad Coordinadora del SNFJ, así como representantes de organismos nacionales e internacionales y del Consejo Nacional de la Judicatura.