El reconocido exalcalde de San Miguel, el empresario Will Salgado, fue notificado que deberá comparecer el 14 de octubre por un proceso judicial en su contra.
Esto en el marco de un caso de difamación presentado por la Fundación Itexsal.

Salgado está acusado de realizar declaraciones irresponsables que, según la abogada de la fundación, María José Castro, perjudican la reputación de la institución al afirmar que los fondos públicos destinados a ella son utilizados para fines políticos.

La demanda, presentada el 5 de septiembre, reclama una indemnización de $3 millones, que se destinarían a becas para estudiantes universitarios.

Castro subrayó que la fundación busca proteger la identidad de los beneficiarios de las becas, razón por la cual solicitó reserva en el caso.

La abogada advirtió que, si Salgado no se presenta a la audiencia, el tribunal podría acusarlo de desobediencia a un mandato judicial.

El Tribunal de Ética Gubernamental llevó a cabo este viernes la primera jornada del módulo V del Diplomado en Prevención y Combate Sistémico de la Corrupción en El Salvador.
Este módulo es coordinado y facilitado por la Fiscalía General de la República.

La sesión contó con la participación destacada de la Dra. Cristina San Juan, especialista en Anticorrupción e Integridad Judicial para el Hub Regional Anticorrupción en Latinoamérica y El Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como de la Dra. Sandra Luz Chicas, magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ambas expertas abordaron temas relacionados con los delitos de corrupción y estrategias probatorias en la lucha contra este flagelo.

La capacitación judicial es fundamental para combatir la corrupción en El Salvador, ya que fortalece las capacidades de los magistrados y fiscales en la identificación, investigación y enjuiciamiento de delitos relacionados con este fenómeno.

Al mejorar el conocimiento sobre normas anticorrupción y técnicas probatorias, se fomenta una justicia más efectiva y transparente, lo que a su vez contribuye a la confianza pública en las instituciones y promueve un entorno más justo y equitativo.

Esta formación es clave para garantizar que el sistema judicial pueda responder adecuadamente a los desafíos que plantea la corrupción y para sentar las bases de una sociedad más responsable y un gobierno apegado a la ética.

Un alarmante informe de la organización «Acción Ciudadana» señala que, en un periodo de 12 años, el 90% de los casos iniciados por la Fiscalía General de la República (FGR) han quedado sin resolución judicial. La investigación, titulada “Factores que incidieron en su desempeño” y presentada este viernes, abarca desde 2012 hasta 2023.

Según el estudio, de un total de 1,004,433 casos iniciados por la FGR, 577,811 no fueron judicializados.
De los 426,622 casos que sí llegaron a la etapa judicial, solo 88,339 resultaron en sentencias condenatorias, lo que representa un escaso 8.8%.
“Esto genera un promedio de impunidad del 90%”, afirma el reporte.

A pesar de un notable aumento en el presupuesto de la FGR en los últimos años, la organización destaca que esto no ha llevado a un incremento en la judicialización de casos ni a una disminución de los niveles de impunidad. En el periodo más efectivo, entre 2018 y 2019, el porcentaje de casos con condena alcanzó el 13%, mientras que entre 2012 y 2015 fue de solo 6%.

En 2014, la impunidad alcanzó un 94%, cifra que se ha mantenido en un 90% hasta 2023.
El informe también revela que el presupuesto de la FGR ha aumentado en $85 millones entre 2014 y 2023, sin que este incremento haya contribuido a mejorar los índices de resolución de casos. Cada fiscal se enfrenta en promedio a 137 casos, aunque la cifra exacta de fiscales en la FGR no está disponible debido a que los datos son confidenciales.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, subrayó que estos resultados presentan “los retos” que deberá enfrentar el nuevo titular de la FGR, quien asumirá el cargo en enero de 2025.
Actualmente, el fiscal general es Rodolfo Delgado, en funciones desde el 1 de mayo de 2021, tras la destitución de Raúl Melara por parte de la Asamblea.

El próximo lunes 23 de septiembre es la fecha límite para que la Asamblea Legislativa elija a 5 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.

Este proceso es crucial, ya que de la lista de 30 candidatos se seleccionarán siete magistrados propietarios, sin incluir a los suplentes.

El periodo de los actuales magistrados propietarios de la CSJ, electos el 24 de septiembre de 2015, finaliza el 24 de este mes. Entre ellos, destaca Óscar López Jerez, quien busca la reelección.
Además, se contemplan dos magistraturas adicionales para sustituir a Miguel Ángel Flores Durel, fallecido en julio de 2023, y Enrique Portillo Peña, quien renunció en noviembre de 2022.

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, ha señalado que la Comisión Política ha emitido un dictamen favorable tras un mes de entrevistas a los 30 candidatos. Sin embargo, hasta el martes, aún no había una decisión final. “Tenemos hasta el lunes 23 para elegir a los siete magistrados que conformarán la próxima CSJ”, enfatizó Castro.

Villatoro, única diputada de oposición en la Comisión Política, ha subrayado la importancia de esta elección para el fortalecimiento de la democracia en el país.
En sus redes sociales, ha compartido información sobre los candidatos, instando a los ciudadanos a revisar sus hojas de vida para asegurar una elección informada y responsable.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una aclaración sobre la Ley de la Carrera Docente, confirmando que el acoso sexual y los actos que atenten contra la libertad sexual de compañeros de trabajo, alumnos, padres y otros miembros de la comunidad educativa constituyen causal de despido, siempre y cuando exista una sentencia condenatoria definitiva.

En su resolución, la Sala precisó que, aunque anteriormente se había declarado la inconstitucionalidad del artículo 61 número 1 de la Ley de la Carrera Docente, que establecía el despido por reincidencia en faltas graves o menores, la referencia al acoso sexual no fue eliminada.

La aclaración surge en respuesta a las dudas planteadas por la Junta de la Carrera Docente en el proceso 18-2019, iniciado por Victoria Elvira Solano Rivera, quien cuestionaba la constitucionalidad de las disposiciones relacionadas con la reincidencia en faltas.

La Sala de lo Constitucional enfatizó que, a pesar de haber declarado inconstitucional la disposición sobre reincidencia en faltas, no se ha afectado la referencia a actos de acoso sexual o contra la libertad sexual, los cuales siguen siendo causales válidos para el despido de docentes.
Esta aclaración subraya la importancia de mantener mecanismos efectivos para abordar el acoso en el ámbito educativo.

En su resolución, emitida el 26 de agosto de 2024, la Sala también abordó el tema del acoso laboral en general, subrayando la responsabilidad del Estado en prevenir y eliminar estas conductas.
Citando el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el tribunal destacó que el acoso, tanto físico como psicológico, en el entorno laboral viola principios constitucionales fundamentales como la igualdad y el derecho a una vida libre de violencia.

La Sala advirtió que el acoso puede manifestarse de diversas formas, incluyendo violencia física, psicológica, patrimonial, simbólica y sexual, y puede ocurrir tanto en entornos virtuales como presenciales.
Además, se mencionaron ejemplos de acoso moral, tales como humillación, aislamiento y reducción de reputación profesional.

El tribunal concluyó que la violencia y el acoso constituyen causales válidos para la terminación del contrato de trabajo, y que tanto el Estado como las empresas tienen el deber de implementar medidas efectivas para prevenir y erradicar estas conductas en todos los sectores, tanto públicos como privados.