Legal
Ordenanza permite saldar deudas tributarias mediante bienes en San Salvador Sur
En un esfuerzo por flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y facilitar la regularización de deudas, el Concejo Municipal de San Salvador Sur ha implementado una Ordenanza Reguladora de Daciones en Pago de Tributos Municipales. Esta normativa está dirigida a personas naturales o jurídicas que se encuentren en situación de mora en el pago de impuestos, tasas o contribuciones especiales en el municipio.
La ordenanza establece que los contribuyentes podrán extinguir sus deudas mediante la entrega de bienes, la ejecución de obras, o la prestación de servicios, cubriendo total o parcialmente el monto adeudado. Este mecanismo permite a los deudores ofrecer bienes tangibles o intangibles como alternativa al pago en efectivo, promoviendo así un medio más accesible para saldar sus obligaciones fiscales.
Los deudores que deseen acogerse a esta modalidad deben presentar una solicitud formal al Concejo Municipal, detallando el tipo de dación en pago que proponen. La normativa contempla diversos tipos de bienes y servicios que pueden ser ofrecidos, tales como bienes muebles e inmuebles, servicios profesionales o técnicos, y la realización de obras.
Para proceder con la dación en pago, es necesario que los bienes o servicios ofrecidos cubran completamente el monto de la deuda. En caso de que la dación sólo cubra una parte del total adeudado, el contribuyente deberá abonar la diferencia en efectivo.
La ordenanza detalla los requisitos generales y específicos que deben cumplir los contribuyentes para cada tipo de dación en pago. Entre los documentos requeridos se incluyen copias del Documento Único de Identidad (DUI) o Número de Identificación Tributaria (NIT), estados de cuenta actualizados, y documentación que certifique la propiedad de los bienes o servicios ofrecidos. Además, se requiere la presentación de avalúos realizados por peritos autorizados, especialmente en el caso de bienes inmuebles o bienes cuyo valor sea significativo.
Una vez presentada la solicitud, las autoridades municipales realizarán un proceso de verificación para asegurarse de que todos los requisitos se han cumplido. En caso de omisiones o deficiencias, se otorgará un plazo de dos días hábiles para subsanarlas, de lo contrario, la solicitud será desestimada.
La Comisión Financiera del municipio será la encargada de evaluar la viabilidad de aceptar la dación en pago. Esta comisión considerará la conveniencia de los bienes o servicios ofrecidos, su valor en el mercado, y las necesidades del municipio, entre otros factores. La comisión puede solicitar información adicional, realizar visitas para verificar los bienes, o convocar al solicitante para aclarar aspectos de la oferta.
Tras la evaluación, la Comisión emitirá una recomendación al Concejo Municipal, que decidirá si acepta o rechaza la oferta. En caso de aceptación, se procederá a la ejecución y recepción de los bienes, obras o servicios, formalizando el proceso mediante la correspondiente escritura de dación en pago.
La normativa prevé casos especiales, como la aplicación de ordenanzas transitorias de dispensa de multas e intereses moratorios vigentes al momento de la solicitud de dación en pago. Además, se establece que en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas, el Concejo Municipal puede revocar la aceptación de la dación y proceder con la cobranza de la deuda restante.
La ordenanza también contempla la posibilidad de que el valor de los bienes, obras o servicios sea mayor o menor que la deuda total. En caso de ser mayor, la diferencia se aplicará a futuras obligaciones tributarias; si es menor, se requerirá el pago de la diferencia.
Colaboradores de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos participaron en un curso sobre control de la gestión estatal.
La capacitación abordó las vías de hecho y la inactividad material de la administración pública. Además, buscó fortalecer las competencias jurídicas del personal que participa en estos procesos.
Capacitación aborda límites de la actuación estatal
El curso tuvo como objetivo profundizar en los mecanismos de control jurisdiccional aplicables a las actuaciones de la administración pública.
También buscó consolidar criterios sobre la legalidad que deben regir las decisiones y actuaciones del Estado.
Durante la jornada, los participantes analizaron herramientas relacionadas con la protección de los derechos de las personas frente a posibles actuaciones administrativas.
El proceso forma parte de la actualización técnica del personal vinculado con la jurisdicción contencioso administrativa.
Sala destaca equilibrio entre poder público y derechos
José Ernesto Clímaco Valiente, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, destacó la importancia de esta jurisdicción.
Según explicó, su función permite mantener un equilibrio entre las potestades de las instituciones públicas y la protección efectiva de los derechos ciudadanos.
“La administración pública tiene una función esencial y sus decisiones inciden diariamente en la vida, obligaciones y actividades de los ciudadanos”, señaló.
La formación busca aportar herramientas especializadas para evaluar las actuaciones de las entidades estatales conforme al marco legal.
Participan magistrados y personal jurídico
En la actividad también participaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo Vicente Alexander Rivas Romero, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
El curso reunió a colaboradores de esa Sala y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.
La actualización técnica apunta a modernizar el trabajo jurídico relacionado con el control de la administración pública.
Además, busca reforzar los conocimientos necesarios para atender controversias vinculadas con las actuaciones y omisiones de las instituciones estatales.
Facilitadores judiciales y jueces de paz de la zona occidental recibieron capacitación para identificar personas con posibles necesidades de protección internacional.
El taller busca brindar herramientas prácticas para reconocer perfiles en situación de vulnerabilidad y facilitar su referencia a las instancias correspondientes.
Formación para mejorar la atención comunitaria
La jornada se denominó “Fortalecimiento de capacidades para la identificación y referencia de personas con necesidades de protección”.
La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales organizó la actividad con apoyo de ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.
Durante la capacitación, los participantes conocieron conceptos básicos sobre protección internacional y respuesta humanitaria.
Además, abordaron mecanismos para reconocer situaciones que pueden requerir atención y referencia especializada.
El papel de los facilitadores en las comunidades
La formación busca fortalecer el trabajo que los facilitadores judiciales realizan directamente en las comunidades.
Estos colaboradores apoyan el acceso a la justicia, la promoción de los derechos humanos y la prevención de conflictos.
También contribuyen a promover la convivencia pacífica y orientar a personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Elsy Dueñas Lovos, destacó la importancia de aplicar lo aprendido.
“Que estos conocimientos se conviertan en conversaciones, orientación, prevención, referencias oportunas y, sobre todo, en ayuda para las personas”, afirmó.
La capacitación busca que los conocimientos adquiridos tengan aplicación directa en las comunidades y mejoren la identificación de personas que puedan necesitar protección.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador lanzó este viernes un servicio en línea para solicitar testimonios.
La nueva herramienta permite iniciar el trámite de manera remota, sin acudir personalmente a las oficinas de la institución.
El servicio está disponible para la población salvadoreña que reside en el país y para quienes viven en el extranjero.
La plataforma forma parte del proceso de digitalización de servicios del Órgano Judicial.
La plataforma utiliza identificación y código de acceso
Para ingresar al sistema, el usuario debe proporcionar su documento de identidad en el formato establecido.
Después, debe solicitar un código de acceso para completar el proceso de autenticación.
Una vez dentro de la plataforma, podrá gestionar la solicitud del testimonio correspondiente.
El sistema está integrado al servicio de trámites en línea de la Corte Suprema de Justicia.
Qué documentos pueden solicitarse
En el ámbito notarial, un testimonio es una copia certificada o transcripción oficial de un instrumento público.
Estos documentos pueden corresponder a escrituras públicas, testamentos, donaciones y otros actos notariales registrados.
La Sección de Notariado de la CSJ atiende este tipo de solicitudes.
Hasta ahora, estos trámites podían requerir gestiones presenciales o la intervención de representantes, según cada caso.
La medida facilita gestiones desde el extranjero
El nuevo servicio elimina la necesidad de trasladarse físicamente para iniciar la solicitud.
Esto permite que los salvadoreños residentes en otros países puedan gestionar el trámite de manera remota.
La Corte Suprema presentó la plataforma durante un acto oficial.
Un total de 142 profesionales del derecho fueron juramentados este miércoles en El Salvador y quedaron habilitados para ejercer la abogacía en sus distintas ramas.
La ceremonia marcó el ingreso formal de los nuevos abogados al ejercicio profesional. El acto estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Los profesionales asumieron el compromiso de cumplir las leyes y ejercer la defensa de sus representados con responsabilidad.
Preparación como requisito profesional
Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó la necesidad de mantener una formación jurídica sólida.
El magistrado llamó a los nuevos abogados a fortalecer sus conocimientos sobre teoría del derecho, principios generales y jurisprudencia.
También mencionó la importancia de conocer las decisiones de tribunales nacionales y extranjeros.
“Los exhorto este día a estar preparados con conocimientos sólidos en la teoría del derecho”, afirmó Mejía.
El funcionario vinculó esa preparación con el compromiso asumido durante la juramentación.
Participación de magistrados
En el acto participaron magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y miembros de la Comisión de Abogacía y Notariado.
Entre ellos estuvieron José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
También asistió Rubén Atilio Meléndez, jefe de la Sección de Investigación Profesional.
Legal
Corte Suprema fortalece capacitación judicial para valorar pruebas en casos de violencia contra mujeres
El sistema judicial de El Salvador concluyó una formación especializada sobre valoración de pruebas con enfoque de derechos humanos para mejorar la atención de casos de violencia contra mujeres.
La capacitación se desarrolló durante seis jornadas y reunió a jueces, colaboradores judiciales y personal del Instituto de Medicina Legal.
También participaron profesionales de equipos multidisciplinarios que atienden a mujeres en distintas zonas del país.
La actividad abordó criterios técnicos para valorar pruebas testimoniales y periciales especializadas. Además, incluyó análisis sobre la respuesta judicial en contextos de desigualdad y discriminación.
La Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia impulsó el proceso de formación.
El objetivo es mejorar la valoración de pruebas
Durante las jornadas, los participantes intercambiaron experiencias y revisaron criterios para fortalecer las decisiones judiciales.
La formación también buscó mejorar la respuesta de las jurisdicciones especializadas en violencia contra las mujeres, familia y paz.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional Luis Javier Suárez Magaña destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en las resoluciones judiciales.
Según el funcionario, las decisiones deben contar con fundamentos jurídicos y evitar prejuicios y estereotipos.
Cooperación internacional respaldó el proceso
En la actividad participaron representantes de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y de Canadá.
También asistió Ximena Díaz, coordinadora de proyectos de Abogados Sin Fronteras Canadá.
Al cierre del proceso, Díaz recibió un diploma de reconocimiento por el apoyo de esa organización a la capacitación.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios judiciales y especialistas que intervienen en casos relacionados con mujeres.
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Quinto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 165
Cuarto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 164
Certeza jurídica, modernización fiscal y el rol estratégico del derecho tributario en el entorno empresarial.
Tercer episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 163
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