La Asamblea Legislativa de aprobó 2 nuevas leyes que modifican la regulación de los bancos cooperativos y las sociedades de ahorro y crédito, con el objetivo de mejorar la estabilidad financiera y fortalecer la supervisión del sistema.
Ambas leyes, que derogan la legislación vigente, incluyen cambios significativos en áreas como la gestión de insolvencias, límites de riesgo, restricciones a créditos para directivos y la fiscalización de las filiales en el extranjero.
Nuevas normativas para bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito
La Ley de Bancos Cooperativos regula las cooperativas que reciben aportes de socios y captan fondos del público, mientras que la Ley Especial de Sociedades de Ahorro y Crédito se aplica a las entidades que captan fondos y otorgan créditos para impulsar actividades económicas.
Ambas leyes fueron aprobadas con el respaldo de la mayoría de los diputados de Nuevas Ideas, sus aliados y algunos de Arena.
Con esta reforma, se deroga la antigua ley que solo regulaba bancos cooperativos con depósitos y aportaciones superiores a $68 millones, y se establece un nuevo umbral de $25 millones para la captación de fondos del público.
El Banco Central de Reserva (BCR) tendrá 90 días tras la promulgación de las leyes para actualizar las normativas relacionadas con transparencia, gobierno corporativo, gestión de riesgos y otros aspectos clave para el funcionamiento de estas entidades.
La nueva Ley de Bancos Cooperativos mantiene la posibilidad de intervención por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en caso de insolvencia. Si un banco cooperativo o una cooperativa que capta fondos del público presenta un fondo patrimonial insuficiente, la SSF podrá intervenir y aplicar el proceso de reestructuración previsto en la Ley de Bancos, lo que incluye la transferencia de activos y pasivos y la constitución de un fideicomiso para asegurar la estabilidad financiera.
Las cooperativas deberán suspender los préstamos nuevos y presentar un plan de reestructuración en un plazo de 15 días.

Límite de riesgo en créditos y cambios en la normativa
Uno de los cambios más relevantes es el aumento en el límite de riesgo para la concesión de créditos a una misma persona o entidad. Anteriormente, el límite era del 10 % del fondo patrimonial de la cooperativa o sociedad de ahorro y crédito; con la nueva ley, este límite se incrementa al 15 %.
Esto permitirá a las entidades asumir mayores riesgos con clientes individuales o jurídicos, aunque se mantiene una multa del 10 % del monto del exceso crediticio en caso de incumplir la norma.

Restricciones a créditos a directivos y empleados
La nueva legislación también impone restricciones más estrictas sobre los créditos a directivos y empleados. En el caso de los bancos cooperativos, se mantiene la prohibición de otorgar créditos por más del 5 % del fondo patrimonial a gerentes, directores y miembros de la administración, con una multa del 20 % por el exceso.
En las sociedades de ahorro y crédito, se permiten préstamos a directores y funcionarios bajo las mismas condiciones que al público, pero con ciertos límites. Por ejemplo, los créditos a personas relacionadas con la administración no podrán exceder el 5 % del capital social y las reservas, y deberán ser ratificados por la directiva.

Filiales en el extranjero y supervisión
Con las nuevas leyes, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito podrán establecer filiales en el extranjero, una opción prohibida en la legislación anterior. Las filiales en otros países estarán sujetas a la fiscalización de la SSF y deberán cumplir con las mismas normativas que las entidades locales. Las filiales podrán incluir casas de cambio, agencias de corretaje de valores, emisoras de tarjetas de crédito, y otros servicios financieros. Para los bancos cooperativos, se requerirá la autorización de la Superintendencia para constituir estas entidades.
La nueva Ley de Bancos Cooperativos establece tres tramos para el uso de la reserva de liquidez: un 25 % deberá estar compuesto por depósitos a la vista en el Banco Central, otro 25 % en depósitos a la vista o títulos valores con acceso automático, y el 50 % restante podrá ser utilizado solo con autorización de la SSF. Además, se habilita al Banco Central para realizar operaciones de reporto para prevenir crisis de liquidez.

Requisitos para las sociedades de ahorro y crédito
Las sociedades de ahorro y crédito deberán mantener al menos el 51 % de sus acciones en manos de salvadoreños o centroamericanos. Además, se impone un límite del 1 % sobre la participación de cualquier accionista individual, a menos que cuente con la aprobación de la SSF. El capital mínimo requerido para estas entidades será de $4 millones, monto que será revisado cada dos años.
Con la aprobación de estas leyes, el gobierno busca fortalecer el marco regulatorio y la transparencia en el sector financiero, al tiempo que se crean mecanismos para la reestructuración de instituciones en dificultades y se amplían las oportunidades de crecimiento internacional para los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito.

El Salvador podría concretar un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente $1,400 millones en diciembre, según fuentes cercanas a las negociaciones, reveló la agencia Bloomberg. 

Este acuerdo formaría parte de un programa trienal que está siendo negociado entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y el organismo internacional.

El personal del FMI tiene programada una visita al país el próximo mes, momento en el que se espera ultimar los detalles del acuerdo. Sin embargo, el pacto final dependerá de la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.

El plan implicaría un ajuste fiscal significativo, estimado en 3.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), con un recorte del gasto público y un aumento en los ingresos. 

Durante el primer año del programa, se espera que el ajuste sea de alrededor del 1.5% del PIB, según una fuente gubernamental.

Además del financiamiento del FMI, El Salvador podría acceder a préstamos adicionales de $1,000 millones del Banco Mundial y cerca de $800 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reforzando así su estrategia financiera.

Las negociaciones con el FMI han enfrentado desafíos desde que El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal en 2021. El organismo ha expresado preocupaciones respecto a la exposición del sector público a esta criptomoneda, recomendando regulaciones más estrictas y una menor dependencia.

El gobierno salvadoreño afirma poseer 5,940 bitcoins, valorados en más de $500 millones a precios actuales, aunque el dólar estadounidense sigue siendo la principal moneda en uso cotidiano en el país.

El mes pasado, El Salvador emitió $1,000 millones en bonos a 30 años, lo que ha elevado el valor de su deuda en los mercados financieros. La expectativa de un acuerdo con el FMI ha otorgado un rendimiento del 20% a los inversionistas en los últimos tres meses, según datos de Bloomberg.

La directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack, comentó recientemente que muchos de los riesgos asociados al uso del bitcoin no se han materializado, pero el organismo sigue recomendando ajustes en las políticas relacionadas.

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) anunció un incremento significativo en sus operaciones de transporte aéreo y marítimo hasta el 17 de noviembre de 2024. 

Según la institución, el Aeropuerto Internacional de El Salvador atendió más de 40,400 vuelos de pasajeros, reflejando un crecimiento del 11 % en comparación con el mismo periodo de 2023.

En cuanto al transporte de carga, la terminal aérea registró un aumento del 22 % en la movilidad de mercancías, movilizando más de 30.6 millones de kilogramos de importación y exportación. Este crecimiento reafirma la importancia del aeropuerto como un centro clave para el comercio regional.

Por otro lado, el Puerto de Acajutla también reportó avances positivos. CEPA informó la movilización de más de 4.7 millones de toneladas métricas de importación y exportación, así como un aumento del 2.9 % en la movilidad de contenedores y del 1.5 % en la unidad equivalente a 20 pies (TEU) en comparación con 2023.

“Estos resultados reflejan el compromiso de nuestras operaciones con el desarrollo económico y el comercio exterior de El Salvador”, destacó CEPA, subrayando el impacto de las mejoras en infraestructura y procesos logísticos.

El balance positivo en ambas terminales posiciona a El Salvador como un actor relevante en el comercio internacional y fortalece su conectividad en la región.

El sistema de fotomultas, que se esperaba poner en marcha esta semana y que se viene anunciando desde septiembre, tendrá que seguir esperando debido a que aún se encuentran trabajando en un paquete de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Así lo informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Rodríguez explicó que, aunque ya se han realizado todas las pruebas necesarias en el bulevar Monseñor Romero, el sistema aún no está activo. 

“Queremos asegurarnos de informar adecuadamente a toda la población salvadoreña antes de su puesta en marcha. Estamos trabajando en reformas que enviaremos pronto a la Asamblea Legislativa”, dijo el ministro en una entrevista televisiva.

Uno de los puntos clave de las reformas es el uso de la tecnología, como el sistema de fotomultas. Rodríguez señaló que el objetivo es evitar posibles quejas o confusiones entre los ciudadanos. 

“El sistema identificará la placa del vehículo, y la multa será asignada al propietario. Estamos ajustando detalles para garantizar que no haya inconvenientes y que todo quede claro para la población”, destacó.

En cuanto a los avances del sistema, el ministro aseguró que ya está listo para ser implementado en diversas arterias clave, como la autopista al aeropuerto internacional, la carretera al Puerto de La Libertad, y el bulevar Los Héroes, entre otras. 

“Las señalizaciones horizontales y verticales ya están siendo instaladas en lugares como la Manuel Enrique Araujo y el Paseo General Escalón”, detalló.

Aunque el sistema ya funciona internamente en áreas clave como la capital, San Miguel, Santa Ana y Sonsonate, el gobierno tiene previsto implementarlo por etapas. 

“Comenzaremos con el bulevar Monseñor Romero para que la población pueda familiarizarse con el funcionamiento del sistema, y luego avanzaremos hacia Comalapa, la carretera al Puerto de La Libertad y otras vías importantes”, explicó Rodríguez.

El ministro señaló que, una vez enviadas y aprobadas las reformas en la Asamblea Legislativa, se podrá proceder con la activación total del sistema de fotomultas en el país.