La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, removiendo ciertas facultades del Ministerio de Cultura y posibilitando la desclasificación de bienes culturales.

La propuesta, presentada por los legisladores de Nuevas Ideas Rubén Flores, Claudia Toledo y Sharon Hernández, no fue acompañada de comentarios de sus proponentes durante la sesión. El único diputado que abordó el tema fue Saúl Mancía (Nuevas Ideas), quien argumentó que la reforma aclararía las responsabilidades entre las diferentes entidades involucradas.

Mancía señaló que la Dirección de Trámites de Construcción (DTC), una entidad adscrita a la Presidencia de la República, sería la nueva encargada de otorgar permisos de construcción y desarrollo relacionados con bienes culturales, función anteriormente del Ministerio de Cultura. Según Mancía, esta modificación simplifica y centraliza los procesos de autorización.

Un punto crucial de la reforma es que la DTC ahora tiene la autoridad para emitir y ajustar las normativas necesarias. Además, se establece que los bienes culturales registrados pueden ser eliminados del registro si las condiciones que justificaron su inscripción cambian sustancialmente. Esta desinscripción debe ser evaluada y justificada por el Ministerio de Cultura, ya sea de oficio o a petición de parte.

La DTC, creada por decreto ejecutivo en febrero de 2023, maneja todos los trámites relacionados con construcciones, incluidas las factibilidades y permisos. La reforma también permite que los inmuebles culturales, tanto estatales como privados (estos últimos con autorización de la DTC), puedan ser intervenidos para su conservación y uso público.

La ley vigente reconoce como bienes culturales aquellos que poseen valor histórico, artístico o arqueológico, incluyendo monumentos, plazas y centros históricos. Estos bienes, públicos o privados, deben estar inscritos en el Registro de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura para recibir protección.

Ayer, la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa continuó con el estudio de la iniciativa de ley que propone disposiciones transitorias para la legalización de armas de fuego.

Durante la sesión, los diputados leyeron los correos enviados por ciudadanos al correo electrónico comisionseguridad@asamblea.gob.sv para aportar, consultar o resolver inquietudes sobre el tema en discusión.

Un ciudadano consultó sobre el proceso para legalizar un arma de fuego adquirida hace varios años para defensa personal contra las pandillas. Los legisladores respondieron que toda arma que no provenga de un ilícito podrá ser legalizada o inscrita bajo las disposiciones transitorias.

Otro ciudadano preguntó cómo registrar un arma adquirida hace años sin documentación de propiedad. Los diputados informaron que este punto será consultado y resuelto con los funcionarios citados a la comisión.

Ese día, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, asistirán a las 10:00 de la mañana para dar sus valoraciones sobre la iniciativa de ley que permitirá la legalización de armas de fuego, facilitando así un mayor control estatal sobre estas.

Un tercer ciudadano preguntó si los precios establecidos para el registro de las armas con el decreto transitorio serían los vigentes o si se aplicaría una tarifa especial. Los diputados indicaron que esta consulta también será respondida por los funcionarios convocados.

Caleb Navarro, presidente de la comisión y coordinador del grupo parlamentario Nuevas Ideas, destacó que la intención no es fomentar la adquisición de armas de fuego, sino que el Estado tenga un control adecuado de las mismas. «No se está fomentando la adquisición de armas de fuego, lo que se busca es que el Estado tenga control de las mismas, porque si se comete algún hecho delictivo, las autoridades podrán dar un veredicto», indicó.

Para avanzar en el estudio del decreto transitorio, la Comisión acordó citar al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, el 3 de julio.

El Consorcio Observa El Salvador 2024 anunció que realizará un monitoreo constante al proceso de selección y evaluación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exhortó a la Asamblea Legislativa, al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y a la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) a que tengan criterios de «competencia y transparencia».

El consorcio pidió a los diputados que consideren la elección de «perfiles competentes», es decir, personas con «experiencia relevante y demostrada» en áreas relacionadas con las funciones de la CSJ, así como un proceso de elección «transparente», asegurando que todas las etapas «sean abiertas al escrutinio público». La organización subrayó que la CSJ debe estar compuesta por «individuos con el perfil idóneo y sin conflictos de interés», «garantizando así la integridad y la transparencia en el sistema judicial del país».

La red de organizaciones exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones democráticas a exigir un proceso de selección «a la altura» de las necesidades del país. Observa El Salvador 2024 está conformado por Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y el Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).

El consorcio dirigió su llamado hacia el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) y a la Asamblea Legislativa. De estos, los dos primeros se encuentran actualmente en su proceso de selección de aspirantes, eligiendo cada uno a 15 candidatos, para completar un listado de 30 aspirantes que debe ser enviado a la Asamblea Legislativa.

«Este proceso busca garantizar una composición plural y equilibrada en la CSJ. Observa El Salvador 2024 reitera la importancia de estos criterios para asegurar que la Corte Suprema de Justicia esté compuesta por individuos con el perfil idóneo y sin conflictos de interés», indicó el consorcio en su comunicado.

La Asamblea, con dicho listado, lleva a cabo su propio proceso, entrevistando a todos los candidatos y eligiendo a cinco magistrados propietarios y cinco magistrados suplentes. Este año, además, uno de esos cinco será elegido como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Observa El Salvador 2024 enfatizó la necesidad de este proceso para garantizar la integridad y la transparencia en el sistema judicial del país, destacando que este monitoreo es esencial para asegurar una justicia equitativa y eficiente.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Ley de Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), vigente desde noviembre de 2023, con el objetivo de optimizar la eficiencia administrativa y reducir la burocracia en la regulación de productos de consumo humano y animal. La SRS asumirá funciones clave como el registro sanitario y la autorización para la comercialización de medicamentos, cosméticos, alimentos, bebidas e insumos agropecuarios.

En la sesión plenaria número siete, se destacó que la finalidad de la SRS es convertirse en una institución ágil y eficaz, encargada de vigilar, registrar y certificar diversos productos. La reestructuración busca evitar trámites engorrosos y asegurar una administración más eficiente.

Entre las modificaciones, se incluye la adición del periodo de disolución de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) para garantizar la continuidad de los trámites y servicios en curso, permitiendo una transición fluida de sus funciones a la nueva superintendencia. Hasta ahora, estas regulaciones estaban distribuidas entre el Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la DNM y el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP).

La SRS tendrá la autoridad para regular productos farmacéuticos, suplementos nutricionales, dispositivos médicos, cosméticos, productos higiénicos, alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tabaco, y productos veterinarios, entre otros. La reforma busca fomentar un clima de negocios favorable, mejorando la competitividad y atrayendo inversiones, mientras se garantiza la salud pública mediante la regulación de la calidad, seguridad y disponibilidad de los productos.

La Junta Directiva de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) ha emitido el nuevo «Reglamento para el Funcionamiento de las Actividades Comerciales de los Establecimientos del Centro Histórico de San Salvador».

Este reglamento tiene como objetivo principal regular el funcionamiento de los establecimientos comerciales y de servicios en el Centro Histórico, asegurando que cumplan con las normativas vigentes para la protección, preservación y desarrollo de esta zona cultural y turística.

APLAN, como entidad responsable de calificar, aprobar y supervisar los proyectos y obras en el área, coordina con otros ministerios y la Alcaldía Municipal de San Salvador para garantizar la efectividad de esta normativa.

El reglamento establece que cualquier persona, nacional o extranjera, que desee operar un negocio o prestar servicios en el Centro Histórico debe obtener una licencia o permiso temporal de funcionamiento. Los requisitos incluyen resoluciones favorables previas de APLAN y el cumplimiento de normativas de uso de suelo.

Entre las obligaciones de los establecimientos están obtener permisos sanitarios, de bomberos, protección civil y otros específicos según su actividad. Además, deben renovar sus licencias anualmente y mantener todos los permisos asociados actualizados y vigentes. APLAN realizará monitoreos regulares para asegurar el cumplimiento del reglamento, pudiendo iniciar procedimientos sancionatorios en caso de incumplimientos.

La normativa también contempla un procedimiento exprés para la obtención de licencias, reduciendo los tiempos de respuesta a cambio de un costo adicional.

El reglamento especifica las categorías de establecimientos que pueden operar en la zona, incluyendo alojamiento, servicios de alimentación, recreación, educación, cultura, salud, y otros servicios específicos.