El gobierno de Estados Unidos reveló este viernes un nuevo informe en el que señala a más actores corruptos y antidemocráticos de 4 países centroamericanos, entre los que se incluye a dos salvadoreños.

El documento, titulado Actores Corruptos y Antidemocráticos – Sección 353: 2024, detalla a individuos y grupos involucrados en prácticas que debilitan los procesos democráticos, facilitan la corrupción y obstruyen las investigaciones sobre actividades ilícitas en la región del Triángulo Norte.

José Bruno Ventura y Nercy Montano de Martínez

Entre los señalados de El Salvador, se encuentran figuras clave que habrían participado en esquemas de corrupción que socavan el sistema de justicia y promueven actividades ilícitas.

José Edgardo Bruno Ventura, conocido como «Brother», fue señalado por su participación en una red de narcotráfico y corrupción. Ventura, quien mantiene fuertes vínculos con pandillas y organizaciones criminales en El Salvador, habría sobornado a altos funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) y otros miembros del gobierno para proteger sus actividades ilícitas y encubrir su red de narcotráfico. Según el informe, Ventura jugó un papel fundamental en la operación de una de las pandillas carcelarias más grandes del país, la cual se benefició de estos sobornos y de la complicidad de funcionarios de seguridad.

Por otro lado, Nercy Patricia Montano de Martínez, exalcaldesa de Soyapango, también figura en el listado. Montano es acusada de malversar fondos públicos y negociar ilegalmente contratos durante su gestión. Según el informe, la exfuncionaria habría dirigido contratos municipales a una persona sin la debida aprobación del Concejo Municipal y, además, habría estado involucrada en actividades que afectaron gravemente la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. Estos actos de corrupción son especialmente graves, considerando que afectan a una de las ciudades más grandes y pobladas de El Salvador.

La Sección 353 y la lucha contra la corrupción

El informe presentado por el Departamento de Estado se enmarca dentro de la Sección 353(b) de la Ley de Aprobación de Asignaciones del Departamento de Estado, una ley promulgada en 2021 que permite al gobierno de Estados Unidos sancionar a individuos extranjeros involucrados en actos corruptos o que participen en actividades que debiliten las instituciones democráticas en países del Triángulo Norte. 

El objetivo de esta ley es promover la transparencia y erradicar la corrupción, fortaleciendo los mecanismos judiciales de rendición de cuentas en la región.

Entre las conductas señaladas por el Departamento de Estado se incluyen el soborno, la extorsión, el lavado de dinero y los actos de violencia o intimidación dirigidos contra aquellos que investigan estos crímenes. Además, el informe destaca la obstrucción de investigaciones contra la corrupción, lo cual impide avanzar en los esfuerzos para garantizar la justicia.

Sanciones y medidas contra redes corruptas

El informe también establece que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas a su disposición para sancionar a los individuos señalados, incluidas restricciones de visados y la congelación de activos en territorio estadounidense. Estas medidas buscan dificultar las actividades corruptas de los señalados y enviar un mensaje claro sobre la postura del gobierno estadounidense respecto a la lucha contra la corrupción en la región.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, destacó la importancia de este informe y subrayó que la corrupción no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también lleva a la población a buscar oportunidades en otros lugares. 

“Cuando las personas no pueden confiar en sus instituciones, buscan oportunidades en otros espacios. El informe de hoy sobre ‘Actores corruptos y antidemocráticos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua’ saca a la luz las personas que socavan el Estado de derecho y apoya la rendición de cuentas y la transparencia en la región”, afirmó Nichols en un comunicado.

En un esfuerzo por garantizar el respeto a los derechos laborales, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que durante el año 2024 logró brindar apoyo legal a más de 30,000 trabajadores a través de su Unidad de Derechos Laborales.
Este respaldo permitió la recuperación de más de $11 millones de dólares en concepto de indemnizaciones y prestaciones laborales.
La PGR destacó que su labor se centra en defender los derechos de las personas trabajadoras, asegurando que reciban un trato digno y justo en sus empleos.
A través de redes sociales, invitó a la ciudadanía a acercarse a sus oficinas para recibir asesoría legal gratuita y defender sus derechos laborales: “Vení a la Procu y defendé tus derechos laborales”, es el mensaje central de su campaña.
La institución subrayó la importancia de garantizar un ambiente laboral respetuoso, libre de discriminación y con condiciones justas para todos los trabajadores.
“Toda persona trabajadora tiene derecho a un buen ambiente laboral, a un salario justo y a que no se le discrimine por su condición”, afirmaron en el comunicado.

El Ministerio de Turismo reportó que “miles de visitantes” hondureños y guatemaltecos están ingresando a El Salvador para las festividades de fin de año.
Sin especificar cantidades, la entidad informó por medio de redes sociales que la “experiencia” de los extranjeros inicia en la frontera, en sus viajes vía terrestre.
“Los visitantes provenientes de Honduras llegan para disfrutar de nuestros atractivos turísticos: Playas de oriente, Centro Histórico de San Salvador y más”, publicó Turismo en un mensaje en X.
Por su parte, la Dirección General de Migración reportó que el 25 de diciembre, atendió
“el ingreso y salida del país de miles de viajeros que están disfrutando sus vacaciones de fin de año. Nuestro servicio migratorio en cada punto fronterizo del país es 24/7”.
Las proyecciones del gobierno son que entre el 23 de diciembre y el 2 de enero a El Salvador ingresarán unos 125,000 turistas extranjeros que generarán unos $125 millones para el país.
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) ha proyectado que entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2025, la temporada de mayor afluencia de viajeros, el aeropuerto atiende un promedio diario de 17,000 pasajeros.

La Corte Suprema de Justicia reforzó el llamado a la ciudadanía, especialmente a los conductores, para que tomen conciencia sobre los riesgos legales y personales derivados de la imprudencia al volante. 

En un contexto en el que las sanciones viales se han endurecido, el máximo tribunal del país enfatiza la importancia de cumplir con las normas de tránsito para evitar consecuencias graves.

Las modificaciones legislativas recientes han incrementado las penas para aquellos que cometan infracciones relacionadas con la conducción peligrosa. 

El Código Penal establece sanciones severas para quienes violen estas disposiciones, particularmente cuando el comportamiento al volante pone en peligro la vida de las personas, tanto de los conductores como de peatones y pasajeros.

La Corte recuerda que tres acciones particularmente riesgosas pueden acarrear penas de prisión, según lo estipulado por la ley. Entre ellas se encuentran:

1. Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: Esta conducta no sólo afecta la capacidad de reacción y juicio del conductor, sino que también aumenta significativamente el riesgo de accidentes graves.
2. Realizar competencias en la vía pública: Participar en carreras o enfrentamientos entre vehículos en carreteras y calles urbanas pone en peligro la vida de todos los usuarios de la vía, y es una infracción que se castiga con severidad.
3. Disputar la vía con otro vehículo: La actitud de desafiar a otro conductor por ocupar espacios de la vía de forma agresiva, sin respetar las señales de tránsito, es otro comportamiento que se considera peligroso y que, de acuerdo con la ley, puede llevar a la detención y sanción penal.

El tribunal hizo un llamado a la reflexión, destacando que la velocidad excesiva y la imprudencia son factores que suelen generar consecuencias fatales. 

Además, la Corte alertó sobre los riesgos legales asociados con este tipo de conductas. Si bien el endurecimiento de las sanciones tiene como objetivo salvar vidas y reducir accidentes, los conductores también deben entender que estas modificaciones pueden resultar en penas de prisión si se demuestra que sus actos fueron deliberadamente peligrosos.

En este sentido, las autoridades instan a los conductores a tomar decisiones prudentes, especialmente durante las festividades o en situaciones donde las tentaciones de exceso de velocidad o conducción bajo los efectos del alcohol y drogas sean mayores. La clave para evitar consecuencias fatales y legales es simple: respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad.

Este llamado de la Corte Suprema coincide con los mensajes de concientización que las autoridades viales están llevando a cabo para reforzar el cumplimiento de las leyes de tránsito y garantizar la seguridad en las carreteras. La multa por conducir de manera imprudente no solo afecta el bolsillo, sino que puede traer consigo consecuencias mucho más graves, tanto a nivel personal como en la vida de otros.

El mensaje es claro: la responsabilidad al volante no solo es una cuestión de respeto a la ley, sino también de respeto por la vida y la seguridad de todos.

El Gobierno y representantes del sector de transporte público alcanzaron un acuerdo histórico reordenar el problemático servicio de pasajeros en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Este esfuerzo busca resolver un problema que ha persistido por décadas.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, y el representante de la Mesa Nacional de Transporte, Lucio Vásquez, anunciaron los detalles del proyecto, que dividirá el AMSS en cuatro zonas: Occidente, Oriente, Nororiente y Sur.
Este enfoque permitirá la integración de operadores de diversas rutas en una sola empresa por zona, con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia del servicio.

Reyes calificó el acuerdo como un “hito histórico” a través de su cuenta en la red social X, destacando que marca un paso significativo hacia un modelo de transporte más digno para los ciudadanos salvadoreños.
Por su parte, Vásquez destacó que la reorganización permitirá una gestión más eficiente y profesional del transporte público.
El proyecto fue formalmente presentado el pasado 23 de diciembre durante una Asamblea General, donde también se informó sobre los avances previstos para 2024.
En el evento, el director general de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transporte resaltó la importancia de formalizar el sector como parte integral de esta iniciativa.
Desde mediados de 2024, el Gobierno ha trabajado en esta reorganización, que incluye la renovación de la flota de autobuses con más de 1,000 unidades nuevas. Actualmente, el sistema de transporte en San Salvador enfrenta serios desafíos que afectan su calidad, como el mal estado de las unidades —con tres de cada diez autobuses en condiciones deficientes— y la falta de cumplimiento de normativas de tránsito.
Otros problemas críticos incluyen la sobrecarga de pasajeros y la falta de puntualidad en las rutas, factores que generan un descontento generalizado entre los usuarios. En el AMSS operan aproximadamente 6,707 unidades de transporte colectivo, lo que representa el 0.39% del parque vehicular total del país.