En el Diario Oficial del 22 de mayo se publicaron las reformas que habilitan reducir el período de prácticas jurídicas en la Procuraduría General de la República (PGR) de dos años a seis meses, equiparándolo con el tiempo establecido para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus dependencias.

Esta reforma al artículo 140 de la Ley Orgánica Judicial busca simplificar el proceso de acreditación para los aspirantes a la profesión de abogado. Antes de la reforma, los practicantes en la PGR debían completar un período de dos años, mientras que aquellos en la CSJ realizaban sus prácticas en seis meses. La nueva disposición unifica ambos tiempos en seis meses, facilitando el proceso de formación profesional para los estudiantes de derecho.

Quienes ya hayan comenzado sus prácticas bajo el sistema anterior podrán concluirlas de esta manera o acogerse a la nueva regulación, notificando esta decisión al Procurador General.

La Universidad de El Salvador (UES) ha solicitado una audiencia a la Asamblea Legislativa para presentar sus observaciones sobre la propuesta de ley de educación superior impulsada por el Gobierno.

La solicitud, firmada por el rector Juan Rosa Quintanilla, fue dirigida a la Comisión de Niñez e Integración Social, que actualmente estudia el anteproyecto presentado por el Ministerio de Educación (MINED) el pasado 15 de mayo.

En la misiva, Rosa Quintanilla destaca la vasta experiencia de la UES, una institución con 183 años de historia que actualmente alberga a más de 60,000 estudiantes en 180 licenciaturas y maestrías, así como 13 doctorados.

«Solicito amablemente se nos conceda una audiencia con el fin de presentar las observaciones de la universidad a dicha propuesta de ley, las cuales consideramos pertinentes para garantizar la calidad de la educación superior a nivel nacional», señala el rector en su carta.

La UES busca aportar su perspectiva y conocimientos adquiridos a lo largo de su extensa trayectoria educativa para contribuir a la formulación de una ley que asegure una educación superior de calidad en El Salvador.

La Comisión Ejecutiva Aeroportuaria de El Salvador (CEPA) dispondrá de $19,490,891 para financiar diversas fases iniciales del proyecto de construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, que se ubicará en el departamento de La Unión. Esta decisión se tomó luego de que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran, con 57 votos, una reforma a la Ley de Presupuesto 2024, en el ramo correspondiente a CEPA.

La reforma permite que el Ministerio de Hacienda incorpore a CEPA los recursos provenientes de la titularización recibida en 2023, que forman parte de las disponibilidades de caja y bancos al cierre del ejercicio fiscal financiero. Estos fondos se utilizarán para consultorías, estudios complementarios, obras preliminares y el pago del personal destacado en el proyecto.

El proyecto de infraestructura busca dotar de una conexión aeroportuaria a la zona oriental de El Salvador, con el objetivo de convertirla en un polo de desarrollo económico, incentivar la creciente demanda de pasajeros, desarrollar el turismo internacional y contribuir a la activación del puerto de La Unión. La obra, con un costo estimado de $335 millones, está diseñada para atender anualmente entre 350,000 y 500,000 pasajeros, con posibilidades de aumentar según la demanda.

Desde 2022, cuando se aprobó la Ley para la Construcción, Administración y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, CEPA ha formulado el proyecto. Las inversiones con el presupuesto solicitado incluyen la construcción de una pista de aterrizaje para vuelos de todo el continente americano, calles de rodaje, plataformas de viraje, estacionamientos de aeronaves, superficies limitadoras de obstáculos, obras de terracería y drenaje, instalaciones de combustible, control de tráfico aéreo, alumbrado aeronáutico, y un edificio para servicios de salvamento y extinción de incendios.

También se construirán la terminal de pasajeros, aduanas, áreas de espera de equipaje, sanitarios, estacionamientos, instalaciones eléctricas, bodegas, oficinas administrativas, entre otros componentes esenciales.

El Órgano Ejecutivo, en el ramo de agricultura y ganadería, emitió un reglamento para regular el procedimiento administrativo para la venta, donación y destrucción de productos y subproductos forestales decomisados por infracciones a la Ley Forestal.

La normativa central otorga al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), específicamente a la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego, la autoridad para gestionar la venta, donación o destrucción de productos forestales decomisados cuando no se pueda demostrar su origen lícito o adquisición legal.

Se establece un plazo de quince días hábiles a partir del decomiso para que los propietarios puedan demostrar la propiedad o presentar un reclamo. Si no se presenta ninguna reclamación dentro de este periodo, el MAG queda facultado para disponer de los productos decomisados.

En situaciones urgentes, la normativa permite la venta con dispensa de trámite y la destrucción de productos que hayan perdido valor comercial debido al deterioro o condiciones climáticas, siempre y cuando se realice una evaluación técnica por parte de la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego.

El MAG está autorizado a formalizar estas acciones mediante actas y documentación correspondiente. Además, se permite la venta, donación o destrucción de productos forestales decomisados en lotes, sin necesidad de individualizar expedientes para decomisos anteriores a enero de 2021.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ha autorizado la incorporación de fondos a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para financiar la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico en La Unión.

La comisión revisó y aprobó una solicitud del Ministerio de Hacienda para reformar la Ley de Presupuesto, incorporando $19,490,891 provenientes de años anteriores. Estos fondos se destinarán principalmente a consultorías, estudios complementarios y obras preliminares ($18,710,300.72), así como al pago del personal asignado al proyecto ($780,596.69).

El director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, detalló que el dinero proviene de la titularización recibida por CEPA en 2023. La modificación presupuestaria recibió un dictamen favorable de los parlamentarios y se someterá a votación en la próxima sesión plenaria.

El proyecto, formulado por CEPA tras la aprobación de la Ley para la Construcción, Administración y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico en 2022, tiene un costo estimado de $335 millones. La nueva infraestructura aeroportuaria está diseñada para atender entre 350,000 y 500,000 pasajeros anualmente, con un posible aumento del costo en función de la demanda.

Las inversiones previstas incluyen la construcción de una pista de aterrizaje, calles de rodaje, plataformas de viraje, estacionamientos para aeronaves, obras de terracería y drenaje, áreas para instalaciones de combustible, control de tráfico aéreo, alumbrado aeronáutico y un edificio para servicios de salvamento y extinción de incendios. Además, se construirán una terminal de pasajeros, aduanas, áreas de espera de equipaje, sanitarios, estacionamiento, instalaciones eléctricas, bodegas y oficinas administrativas.

El Gobierno busca, con este proyecto, dotar de una conexión aeroportuaria a la zona oriental de El Salvador para potenciar su desarrollo económico, incentivar el turismo internacional y activar el puerto de La Unión.