La posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión podría tener repercusiones significativas para la economía salvadoreña, aunque también existen escenarios que podrían mitigar los efectos negativos. 

Según economistas locales, las áreas más vulnerables serían las remesas, el empleo y las exportaciones, pero no todo está predeterminado: la manera en que El Salvador se adapte y ajuste sus políticas podría determinar en gran medida el alcance de los daños.

Uno de los sectores que más podría sentir el impacto es el laboral. En particular, las empresas dedicadas a las exportaciones enfrentarían el desafío de una posible caída en la demanda externa. Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), destaca que una desaceleración en el comercio exterior podría llevar a muchas compañías a reducir su personal, especialmente aquellas vinculadas con mercados internacionales. No obstante, el mismo Rodríguez también señala que las empresas salvadoreñas, al ser resilientes y tener una estructura de costos adaptada a situaciones cambiantes, podrían tomar medidas para minimizar despidos, optimizando procesos o diversificando mercados.

El impacto sobre las remesas, otro pilar económico crucial para El Salvador, también es un punto clave. 

Óscar Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), apunta que si la recesión en Estados Unidos afecta el empleo allí, los flujos de remesas hacia El Salvador podrían reducirse. 

Sin embargo, otros analistas sugieren que la sólida red de la diáspora salvadoreña, con sus canales de apoyo a las familias, podría encontrar maneras de mitigar cualquier disminución temporal, ayudando a mantener la estabilidad de las remesas en el largo plazo.

En cuanto a las exportaciones, El Salvador ya ha experimentado una desaceleración en los últimos años. Según datos del BCR, en 2023 las exportaciones cayeron un 8.7%, y la tendencia continuó en 2024 con una disminución del 0.8%. Ante una posible recesión estadounidense, el riesgo de que esta tendencia se profundice es una preocupación, sobre todo para productos enfrentados a aranceles más altos. No obstante, la diversificación de los destinos de las exportaciones, y el creciente interés de países de otras regiones por los productos salvadoreños, podría suavizar la caída en los envíos.

Por otro lado, la reciente política arancelaria de Estados Unidos, que aumentó los costos de importación, podría generar presiones inflacionarias dentro del país, afectando tanto a empresas como consumidores. No obstante, muchos economistas aseguran que la economía salvadoreña está mejor preparada que en el pasado para afrontar este tipo de situaciones, dado el fortalecimiento de las políticas fiscales y el impulso hacia la diversificación de su economía.

Además, aunque la inversión extranjera en El Salvador ha disminuido ligeramente en los últimos años, alcanzando los 113.38 millones de dólares en 2024, existen oportunidades para que el país atraiga más capital, especialmente si logra posicionarse como un socio estratégico para empresas que buscan alternativas a la incertidumbre económica global.

En este escenario de incertidumbre, el presidente de Fudecen, Carlos Acevedo, advierte que, de materializarse la recesión, el país podría enfrentar una desaceleración económica alrededor de seis meses después que Estados Unidos. 

Sin embargo, este periodo de tiempo podría ofrecer una ventana para que El Salvador adopte políticas económicas y sociales que ayuden a minimizar los impactos negativos y aprovechar las oportunidades que surjan.

En conclusión, aunque la recesión en Estados Unidos es un escenario que plantea varios desafíos para la economía de El Salvador, también abre una oportunidad para que el país refuerce sus lazos comerciales con otras regiones, fomente la diversificación de su economía y continúe fortaleciendo su resiliencia frente a fluctuaciones económicas globales.

Encontrar oportunidades, insiste Choussy

El economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Mauricio Choussy, aseguró que El Salvador puede aprovechar la guerra comercial impulsada por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. 

Aunque el país se enfrenta a un arancel del 10 % sobre sus productos, esta tasa resulta más competitiva en comparación con los aranceles mucho más altos aplicados a otros competidores en sectores clave como el textil, como Bangladesh, Vietnam, India y Pakistán. 

Choussy destacó que esta diferencia podría favorecer a la industria maquilera salvadoreña y atraer inversiones de países afectados por tarifas más elevadas, generando nuevas oportunidades comerciales para El Salvador.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) expresó la importancia de mejorar la capacidad del sistema eléctrico del país para satisfacer una posible expansión de la inversión privada. 

El presidente de la ASI, Jorge Arriaza, señaló que este es uno de los desafíos más significativos para el sector de la construcción en El Salvador.

Aunque la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) afirmó en febrero que la capacidad energética instalada en el país supera ampliamente la demanda actual, Arriaza destacó que la situación podría complicarse si se registrara un incremento considerable de inversiones. Según la DGEHM, al cierre del año pasado, El Salvador contaba con 3,014 megavatios (MW) de capacidad instalada, una cifra que triplica los 1,000 MW requeridos diariamente en el mercado mayorista.

En términos de participación regional, El Salvador tiene el 15.6% de la capacidad instalada en Centroamérica, que en total alcanza los 19,325 MW. De esa capacidad, el 25.11% corresponde a energía térmica, un 20.53% a hidroeléctrica, un 12.5% a gas natural, un 9.90% a biomasa, y un 8.03% a energía fotovoltaica. 

Además, el país complementa su oferta con la generación de energía a partir de fuentes geotérmicas y distribuida.

Sin embargo, los datos más recientes de la Unidad de Transacciones (UT) muestran que la demanda de energía eléctrica en El Salvador creció un 4.3% en 2024, lo que genera incertidumbre sobre el futuro. 

La DGEHM estima que esta demanda aumentará un 3.7% anualmente durante los próximos 15 años, lo que podría traducirse en una duplicación de la demanda si se concretan nuevos proyectos turísticos y se incrementa la circulación de autos eléctricos.

Arriaza resaltó que la expansión de la capacidad energética ha sido uno de los puntos clave evaluados por las empresas que están considerando operar en el país. Además, el líder industrial expresó su preocupación por cómo la transición hacia vehículos eléctricos podría generar aún más presión sobre el sistema energético nacional.

En este contexto, el Consejo Industrial de El Salvador, en el que participa la ASI, se prepara para discutir estas y otras cuestiones con el presidente Nayib Bukele. Este miércoles se llevará a cabo la primera reunión entre el mandatario y el Consejo Industrial, en la que se abordarán 11 puntos clave para el sector, entre ellos, las necesidades de financiamiento, la ubicación de nuevas zonas francas, la capacitación técnica de la mano de obra y el fortalecimiento de los servicios del sector.

Arriaza adelantó que, tras la reunión, el Consejo Industrial compartirá públicamente los acuerdos alcanzados con el gobierno. Esta reunión representa un paso importante en el establecimiento de un plan de acción conjunto entre el sector privado y el gobierno para abordar los desafíos económicos del país.

Los precios del petróleo continúan su desplome este lunes, alcanzando niveles no vistos desde la pandemia de Covid-19. Este retroceso se debe principalmente al temor de que un freno en el crecimiento económico mundial afecte la demanda de crudo, lo que está generando una presión bajista en los mercados.

A las 4:35 a.m. (hora de El Salvador), el barril de Brent del Mar del Norte, con entrega en junio, perdía un 2.70%, cotizando a 63.81 dólares, después de haber tocado un mínimo de 62.23 dólares, su nivel más bajo desde abril de 2021. Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense para entrega en mayo, caía un 2.84%, alcanzando los 60.23 dólares, después de haber tocado los 58.95 dólares, también su precio más bajo desde abril de 2021.

El análisis de DNB atribuye este retroceso a dos factores principales. En primer lugar, el aumento de los aranceles impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afecta principalmente a países como China (34%) y la Unión Europea (20%), lo que ha reducido las perspectivas de demanda global de petróleo. 

Además, el presidente se mantiene firme en su postura de aplicar tarifas adicionales del 10% a productos provenientes de varios países.

En segundo lugar, la aceleración de la producción por parte de la OPEP+ está contribuyendo a la caída de los precios. Este jueves, el cártel anunció que aumentará la producción de petróleo en 411,000 barriles diarios para mayo de 2025, tres veces más de lo inicialmente previsto. Este aumento podría seguir presionando los precios hacia abajo, a medida que la oferta mundial se incrementa.

En este escenario de incertidumbre económica y tensiones comerciales, los expertos de DNB advierten que un escenario de «guerra comercial» podría resultar en una desaceleración de la demanda mundial de petróleo, estimando una caída de 0.1 millones de barriles diarios por cada reducción de 0.1 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto (PIB). Esto podría generar un impacto negativo en los precios a corto y medio plazo.

Este panorama evidencia cómo los cambios en la política comercial y la producción global de petróleo siguen siendo factores cruciales para la estabilidad de los mercados energéticos.

La dirigencia empresarial salvadoreña tiene altas expectativas sobre el acuerdo alcanzado entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que podría abrir nuevas puertas para la inversión extranjera en el país. 

Este acuerdo de financiamiento por un total de $1,400 millones fue sellado el pasado 26 de febrero, después de un largo proceso de negociaciones que se extendió por más de cuatro años, marcado por obstáculos como la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en 2021.

Con las reformas a la ley del bitcoin y la reciente aprobación de una ley anticorrupción, El Salvador ha asumido compromisos para fortalecer su economía, una medida que, según la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), tiene el potencial de generar un entorno favorable para atraer inversiones.

Waldo Jiménez, director de asuntos económicos de la ANEP, expresó su esperanza de que las decisiones gubernamentales tomadas hasta ahora impacten positivamente en la economía del país. 

En palabras de Jiménez: “Lo que buscamos es que estas decisiones sirvan para que más inversión llegue, lo que a su vez generará más y mejores empleos. El Salvador necesita entre 40,000 y 50,000 nuevos empleos anualmente”.

Uno de los compromisos clave de El Salvador bajo este acuerdo es el fortalecimiento de las finanzas públicas, con medidas orientadas a reducir el déficit fiscal y reformar el sistema de pensiones. En cuanto al cumplimiento de estos compromisos, Jiménez afirmó que la ANEP confía en que el gobierno tiene la capacidad para cumplir con lo pactado, y observan con optimismo el futuro económico del país.

Por otro lado, Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), se mostró igualmente optimista acerca de los efectos de este acuerdo. Para él, el estrechamiento de la relación con el FMI representa una oportunidad para mejorar la confianza de los inversionistas, al tiempo que facilita el acceso a créditos. Arriaza destacó que el acuerdo subraya avances importantes en la gestión de la deuda pública, lo cual considera un paso positivo para la economía.

“Hay un periodo de 40 meses para trabajar en la deuda, el déficit fiscal y comercial, pero se está avanzando por el camino correcto”, afirmó Arriaza. A pesar de los desafíos, destacó que el sector industrial debe aprovechar este impulso para fortalecer la producción y la exportación.

Visión de futuro, un impacto gradual

Laura Clavijo, directora ejecutiva de investigaciones económicas de Bancolombia, señaló que los efectos de este acuerdo sobre la confianza en el país serán más evidentes a largo plazo. Según Clavijo, el éxito dependerá del cumplimiento riguroso de las políticas de reforma y de la implementación de medidas que fomenten el crecimiento económico sostenido.

«Los países que logran pactar acuerdos con el FMI deben seguir ciertas políticas de reformas a largo plazo para asegurar el crecimiento de sus economías», explicó Clavijo, quien también destacó que el acceso a créditos de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) son señales positivas que refuerzan la confianza en el país.

La experta agregó que uno de los mayores retos de la región es potenciar el crecimiento económico a mediano plazo, lo cual exige una fuerte inversión en infraestructura y capacitación de la fuerza laboral.

Inyección de $1,000 millones para impulsar la economía

Mientras tanto, en un esfuerzo por dinamizar la economía, el presidente Nayib Bukele anunció que, gracias al acuerdo con el FMI, el gobierno de El Salvador destinará $1,000 millones a la economía local en los próximos días. 

Esta cifra representa alrededor del 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y busca reactivar la actividad económica a corto plazo.

Los fondos se distribuirán principalmente en pagos anticipados a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), adelantos a proveedores y la amortización de créditos internos. Según el presidente Bukele, esta medida está diseñada para mejorar el flujo de capital en el mercado interno, lo que impulsará tanto el consumo como las ventas en el sector comercial, favoreciendo la recuperación de la economía.

Una de las ventajas de este enfoque, según el mandatario, es que estos recursos provienen de divisas ya disponibles en los mercados internacionales, evitando así la necesidad de emitir más moneda local. 

Con esta inyección de capital, el gobierno salvadoreño espera fortalecer el tejido productivo del país y sentar las bases para un crecimiento económico sostenido en el futuro.

Este sábado a las 00:01 hora local del este de Estados Unidos, entró en vigor el arancel global del 10% sobre todos los productos importados al país, una medida anunciada por el presidente Donald Trump el pasado 2 de abril.
Esta medida, que afecta a 184 países y territorios, así como a la Unión Europea (UE), amenaza con aumentar la volatilidad en los mercados internacionales.
Aunque el presidente había informado previamente sobre incrementos adicionales de hasta el 20% para productos europeos y el 34% para importaciones chinas, estos gravámenes entrarán en vigor el 9 de abril. La nueva tarifa global del 10% se aplicará de inmediato, excepto para aquellos productos ya en tránsito hacia EE.UU. antes de la hora señalada.
Este arancel forma parte de una serie de medidas que Trump implementó bajo el argumento de que la situación comercial actual representa una amenaza para la seguridad nacional, lo que le permitió recurrir a la autoridad presidencial para declarar una «emergencia nacional».
Sin embargo, los analistas temen que los efectos de estas tarifas puedan desencadenar una recesión global. El banco JPMorgan Chase ha incrementado sus previsiones de una desaceleración económica mundial, estimando una probabilidad de recesión del 40% al 60%.
Dentro de EE.UU., los temores de un aumento en la inflación y una desaceleración del crecimiento económico se han intensificado.
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, alertó sobre los posibles efectos adversos que los aranceles podrían tener, advirtiendo que los precios podrían seguir al alza de manera persistente.
Este incremento en los costos podría impactar sectores clave como la vivienda, los automóviles y la ropa, afectando principalmente a las familias de bajos ingresos, que podrían enfrentar una reducción de hasta el 5,5% en su poder adquisitivo, según un estudio de la Universidad de Yale.
Además, la medida de Trump rememora el impacto de la ley Smoot-Hawley de 1930, promulgada durante la presidencia de Herbert Hoover, cuyo aumento de aranceles a casi el 40% se asocia con la profundización de la Gran Depresión. Aunque Trump asegura que los aranceles traerán de vuelta los empleos a EE.UU., también ha reconocido que podría haber una «transición dolorosa» para los ciudadanos estadounidenses, mientras se ajustan a los efectos económicos de las nuevas políticas comerciales.
Con información de EFE