Hasta 12 años de cárcel por delitos informáticos

La Comisión de Seguridad comenzó con el análisis de las reformas a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, y endurecer las penas contra quienes cometen acciones delictivas valiéndose de las tecnologías de la información y comunicación. 

Con las reformas propuestas, quien cometa fraude informático tendría una condena de entre seis y diez años en prisión; por estafa informática, la pena contemplada es de entre cinco y ocho años de cárcel. 

El que por medio del uso indebido de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valiéndose de cualquier manipulación en sistemas informáticos o cualquiera de sus componentes, datos informáticos o información en ellos contenida, consiga insertar instrucciones falsas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita obtener un provecho para sí o para un tercero en perjuicio ajeno, será sancionado con prisión de seis a diez años.

Además, se sancionará con prisión de diez a doce años, si las conductas descritas en el inciso anterior se realizaran contra sistemas bancarios y entidades financieras, o si afecta a usuarios de tales entidades; afectaren la realización de transacciones en Bitcoin, o afecten sistemas que permitan la convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a Dólar; y, cuando el autor sea un empleado encargado de administrar, dar soporte al sistema, red informática, telemática o que en razón de sus funciones tenga acceso a dicho sistema, red, contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

En el caso del hurto de identidad contemplaría entre cinco y ocho años de cárcel. Además, la seducción, extorsión e intercambio de mensajes a niñas, niños y adolescentes implicaría de dos a cuatro años de prisión.

Por el delito de hurto de medios informáticos loa implicados tendrían un castigo de cinco a ocho años de cárcel, en el caso de la interferencia del sistema informático, sopesaría una pena que va entre cuatro a siete años de prisión. 

Según los diputados que presentaron la iniciativa, esta responde a los insumos recabados en los últimos dos meses en la comisión, luego de haber recibido diversos invitados para conseguir información que mejore la operatividad de la ley.

Entre los invitados a las sesiones de la Comisión de Seguridad están la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), organizaciones de la sociedad civil y de abogados que trabajan en el tema, según mencionó el parlamentario Amaya.