La Corte Suprema de Costa Rica destituyó al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras el exfuncionario Randall Zúñiga anunció acciones legales contra la decisión.

El OIJ es la principal policía judicial costarricense. La institución investiga delitos, recolecta pruebas y colabora con el Ministerio Público en procesos penales. Además, depende del Poder Judicial y mantiene autonomía operativa frente al Gobierno.

La Corte Plena revocó por unanimidad el nombramiento de Randall Zúñiga tras concluir que incurrió en una falta considerada gravísima.

Magistrados señalan divulgación de información confidencial

La resolución judicial se basó en una investigación disciplinaria desarrollada por la Inspección Judicial de Costa Rica.

Según el Poder Judicial, Zúñiga incurrió en desatención de deberes, afectación a la imagen institucional y divulgación de información confidencial.

La decisión fue tomada durante la sesión de Corte Plena celebrada el 18 de mayo.

Las autoridades judiciales aseguraron que el OIJ mantuvo sus operaciones normales durante la suspensión preventiva aplicada al funcionario desde octubre de 2025.

Además, confirmaron que Michael Soto continuará como director interino de la institución.

Exdirector rechaza acusaciones y anuncia recursos legales

Horas después de conocerse la resolución, Zúñiga cuestionó públicamente la decisión de la Corte Suprema.

El exdirector afirmó que presentará acciones legales en la vía contencioso-administrativa para revisar el procedimiento disciplinario y la actuación de la Corte Plena.

También sostuvo que las decisiones institucionales deben basarse en pruebas, legalidad y debido proceso.

Según expresó, la sanción responde a interpretaciones disciplinarias incorrectas y a presiones externas.

Zúñiga aseguró que nunca divulgó información secreta o reservada y afirmó que los hechos mencionados en el expediente ya eran públicos.

Además, indicó que el proceso disciplinario terminó concentrándose en seis cargos de los 50 planteados inicialmente.

Investigaciones penales continúan abiertas

El exdirector permanece bajo investigación penal por presuntos delitos sexuales.

De acuerdo con información judicial, enfrenta cinco denuncias, mientras la Fiscalía costarricense confirmó tres de esos casos.

Zúñiga sostiene que las acusaciones forman parte de un “ataque político” y aseguró que colaboró con las autoridades durante las investigaciones.

El exfuncionario afirmó que incluso entregó su teléfono celular para apoyar las diligencias judiciales.

Debate institucional aumenta tras salida del funcionario

En su pronunciamiento, Zúñiga también afirmó que existen intentos de debilitar la independencia de la policía judicial costarricense.

Según dijo, algunos sectores buscan trasladar mayor control institucional hacia el Poder Ejecutivo.

Las autoridades judiciales no respondieron directamente a esas declaraciones tras anunciar la destitución.

El caso provocó atención pública en Costa Rica debido al papel del OIJ en investigaciones criminales y combate contra la delincuencia organizada en Centroamérica.

Zúñiga había sido nombrado director del organismo en agosto de 2023, luego de ejercer previamente como director interino desde noviembre de 2022.

El Salvador destacó en el Índice Global de Complejidad Empresarial 2026 por avances en digitalización y modernización de trámites, en un contexto donde Centroamérica continúa entre las regiones menos complejas para hacer negocios.

El informe, elaborado por TMF Group (un proveedor global de servicios administrativos, financieros, legales y de recursos humanos para empresas), analizó 81 jurisdicciones que representan más del 90 % de la economía mundial. Además, evaluó 292 indicadores relacionados con regulaciones, obligaciones fiscales, normas laborales y gestión empresarial.

Aunque El Salvador subió del puesto 46 al 43 en el ranking mundial de complejidad, el estudio señaló mejoras en procesos administrativos y herramientas digitales para empresas internacionales.

Plataformas digitales agilizan trámites y reportes

El reporte identificó avances salvadoreños en la transición hacia sistemas tributarios digitales y procedimientos administrativos más ágiles.

Según TMF Group, el país impulsa mecanismos electrónicos que facilitan reportes fiscales y operaciones empresariales. Además, destacó que varias consultas vinculadas con seguridad social ya pueden resolverse mediante plataformas digitales.

El análisis también indicó que algunas gestiones pueden realizarse de forma remota mediante representación legal local. Esa modalidad permite reducir tiempos operativos para compañías extranjeras.

Por otra parte, la firma señaló que la digitalización ayuda a disminuir trámites manuales y mejora la rapidez de ciertos procesos corporativos.

Seguridad y turismo fortalecen la proyección internacional

El estudio resaltó que El Salvador busca fortalecer su crecimiento económico mediante estrategias enfocadas en turismo y seguridad pública.

TMF Group indicó que el país intenta proyectarse como uno de los entornos más seguros de América Latina para atraer inversión extranjera y visitantes internacionales.

Ese escenario, según el informe, forma parte de los factores que pueden aumentar el interés empresarial en la economía salvadoreña durante los próximos años.

Además, el reporte señaló que varios países de Centroamérica avanzan en modernización administrativa y reglas más claras para inversionistas.

Región mantiene niveles competitivos frente a otras economías

El Índice Global de Complejidad Empresarial concluyó que Centroamérica sigue entre las regiones menos complejas para operar empresas en comparación con otras partes del mundo.

En el ranking regional, Panamá apareció como el país más complejo de Centroamérica al ubicarse en la posición 42 mundial. Luego figuró El Salvador en el puesto 43.

Guatemala ocupó la casilla 46, Nicaragua la 52 y Costa Rica la 63. Mientras tanto, Honduras se colocó en la posición 65 y se mantuvo como el entorno menos complejo de Centroamérica y América Latina.

El informe explicó que las economías más complejas suelen presentar cambios regulatorios frecuentes, mayores exigencias administrativas y procesos menos previsibles.

Cambios tecnológicos transforman operaciones empresariales

TMF Group destacó que la digitalización tributaria gana espacio en distintos mercados internacionales.

Entre las principales tendencias aparecen la facturación electrónica obligatoria, los reportes fiscales digitales y sistemas automatizados para cumplimiento regulatorio.

La firma afirmó que las empresas buscan reducir cargas internas y adaptarse con mayor rapidez a un entorno económico cambiante.

Además, señaló que muchas compañías expanden operaciones hacia nuevos países para diversificar riesgos y aprovechar acuerdos comerciales internacionales.

América Latina enfrenta desafíos regulatorios más amplios

A nivel global, Grecia ocupó por tercer año consecutivo el primer lugar entre las jurisdicciones más complejas para hacer negocios.

México apareció en la segunda posición y Brasil en la tercera.

En contraste, Dinamarca, Nueva Zelanda y Islas Caimán figuraron entre las economías más simples para operar empresas.

El reporte concluyó que las jurisdicciones que avanzan en digitalización y simplificación administrativa logran ofrecer mayor previsibilidad y mejores condiciones para atraer inversión internacional.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el proyecto de ley que incorpora al país al Acuerdo de Asociación de Economía Digital, una iniciativa internacional enfocada en facilitar el comercio digital y fortalecer la economía tecnológica.

El acuerdo reúne actualmente a Nueva Zelanda, Singapur, Chile y Corea del Sur. Además, promueve reglas comunes para el intercambio digital, la innovación y la cooperación tecnológica entre los países miembros.

Para Costa Rica, la adhesión al DEPA llega en un momento clave. Según datos oficiales, los servicios representan el 46 % de las exportaciones nacionales y cerca de la mitad de esas operaciones se realizan mediante plataformas digitales.

Nuevo marco busca facilitar comercio y servicios tecnológicos

Con la aprobación legislativa, Costa Rica avanzará hacia la implementación de normas modernas para el comercio digital. El acuerdo contempla mecanismos que buscan facilitar el intercambio de servicios y productos tecnológicos entre países.

Además, el DEPA incluye medidas relacionadas con comercio sin papel, identidad digital, inteligencia artificial, protección de datos personales y ciberseguridad. También impulsa la cooperación en innovación y tecnologías emergentes.

Las autoridades consideran que estas disposiciones pueden generar mayor seguridad jurídica para empresas, consumidores y pequeñas compañías que operan en entornos digitales.

Gobierno destaca impacto en inversión y desarrollo tecnológico

La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, afirmó que el ingreso al acuerdo fortalecerá la integración del país en la economía digital global.

Según la funcionaria, la incorporación permitirá crear condiciones más favorables para el comercio digital, la atracción de inversión extranjera y el desarrollo de talento especializado en tecnologías emergentes.

Por su parte, la ministra de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, señaló que la decisión representa un hito para la estrategia tecnológica nacional.

La funcionaria agregó que el acuerdo envía una señal sobre la intención de Costa Rica de competir en mercados digitales internacionales y fortalecer una economía abierta e innovadora.

Acuerdo impulsa participación de pequeñas empresas

El Gobierno costarricense también destacó que el DEPA puede ampliar las oportunidades para pequeñas y medianas empresas vinculadas al comercio electrónico y los servicios digitales.

Las autoridades sostienen que el nuevo marco internacional facilitará la participación de más personas y negocios en la economía digital global, especialmente en sectores relacionados con tecnología y servicios profesionales.

Con esta decisión, Costa Rica refuerza su estrategia de comercio exterior orientada hacia la digitalización y la cooperación internacional en áreas tecnológicas.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó este lunes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para aumentar las penas por extorsión y reforzar las acciones contra estructuras criminales.

La iniciativa recibió apoyo unánime del pleno legislativo y forma parte de un paquete de medidas orientadas al fortalecimiento de la seguridad pública y el sistema penitenciario hondureño.

Entre los cambios aprobados destaca la posibilidad de declarar como organizaciones terroristas a las maras y pandillas vinculadas con delitos de alto impacto.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, informó que las reformas fueron incorporadas a la agenda legislativa junto con la Comisión de Seguridad, dirigida por el diputado Marcos Paz.

Coordinación entre fuerzas de seguridad tendrá nuevo organismo

Las reformas crean la Agencia Nacional contra el Crimen, una entidad que coordinará operaciones estratégicas entre instituciones de seguridad e inteligencia.

La nueva agencia trabajará junto con la Dirección Policial de Investigaciones, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Policía Militar del Orden Público y las Fuerzas Armadas de Honduras.

De acuerdo con el proyecto, la coordinación entre organismos busca fortalecer la respuesta estatal frente a la extorsión, el crimen organizado y otros delitos violentos.

Las autoridades también esperan mejorar el intercambio de información y acelerar las investigaciones criminales.

Plan penitenciario contempla nuevas cárceles

El paquete legislativo incluye medidas para ampliar la infraestructura penitenciaria en el país

Los congresistas explicaron que las nuevas cárceles permitirán separar a personas consideradas de alta peligrosidad de quienes cumplen condenas por delitos menores.

Según los parlamentarios, la medida pretende reducir el control de grupos criminales dentro de los centros penales y mejorar el orden en las prisiones.

Reformas apuntan a reforzar la seguridad ciudadana

El Congreso sostuvo que las modificaciones legales buscan aumentar la capacidad del Estado para enfrentar la violencia y las actividades delictivas.

Además, los legisladores señalaron que las reformas pretenden ofrecer mayor tranquilidad a la población mediante sanciones más severas y una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad.

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 18 años de prisión al exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos.

La sentencia establece que el exfuncionario causó un perjuicio económico superior a 250,000 dólares a la alcaldía del municipio salvadoreño durante su gestión entre 2009 y 2012.

Además, el tribunal ordenó el pago de 254,245.98 dólares como responsabilidad civil por los daños ocasionados a la administración municipal.

Investigación determinó uso irregular de recursos públicos

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que acreditaron la apropiación de 250,922.26 dólares pertenecientes a la municipalidad de Rosario de Mora.

Según la resolución judicial, el exalcalde utilizó de forma indebida fondos municipales mientras ejercía el cargo de jefe comunal.

Las autoridades también concluyeron que Miranda Pérez incurrió en malversación al pagar dietas con recursos destinados exclusivamente a proyectos de desarrollo local.

El caso involucró fondos del programa FODES 75 %, una partida estatal asignada a obras y proyectos municipales en El Salvador.

Tribunal descontó pagos realizados por exmiembros del concejo

La condena económica disminuyó luego de que el tribunal descontara 15,000 dólares ya cancelados por integrantes del concejo municipal.

Los exfuncionarios fueron condenados anteriormente mediante un procedimiento abreviado realizado el 5 de diciembre de 2023.

Con esa decisión, el monto final de responsabilidad civil quedó fijado en poco más de 254,000 dólares.

Caso refuerza controles sobre administración de alcaldías

La resolución judicial se suma a otros procesos relacionados con el manejo de fondos públicos en gobiernos municipales salvadoreños.

Las autoridades señalaron que los recursos utilizados irregularmente debían financiar proyectos comunitarios y no gastos administrativos.

Además, el fallo reafirma las obligaciones legales de los alcaldes y concejos municipales sobre el uso de dinero público.

El tribunal sostuvo que las pruebas permitieron establecer la responsabilidad penal del exalcalde por ambos delitos contra la administración pública.