Vuelven a citar imputados en caso contra Sigfrido Reyes por lavado de dinero y activos

El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador anuló la detención provisional impuesta por un juzgado de paz contra Earle René Reyes Morales (hermano de Sifrido Reyes) y Byron Enrique Larrazabal Arévalo (socio de Sifrido Reyes, porque no se les notificó debidamente del proceso en su contra, por tal razón el juzgado los va a citar para intimarlos y así valorar qué medida cautelar les impondrán.

El Juzgado explicó que si los procesados se hacen presentes el juzgado les darán a conocer de la imputación en su contra, y se va a analizar si procede alguna medida cautelar, sea estas: arresto domiciliar, caución económica, brazalete electrónico o presentarse cada cierto tiempo a firmar al juzgado. Si los imputados no se presentan a pesar de citarlos se declararan rebeldes.

Los dos imputados son acusados de lavado de dinero y activos, a Larrazabal se le sumael delito de estafa agravada en perjuicio del IPSFA.

La audiencia especial fue ordenada por la Cámara Primera de lo Penal, basado en recursos de apelación de parte de la defensa técnica contra la resolución que les decretó la detención provisional con vista del requerimiento, donde alegaron afectación al derecho de la libertad personal ambulatoria por la imposición de la detención sin que el juzgado hubiese realizado como condición previa las actuaciones legales ante la no comparecencia del imputado, en nombrarle defensor particular o defensor de oficio.

En esta causa penal se procesa a un total de 14 personas, entre estas el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Othón Reyes, son acusadas de lavado de dinero y activos, peculado, estafa agravada e incumplimientos de deberes.

Según declaraciones de una de las fiscales del caso a Reyes, se le determinó un incremento patrimonial aproximadamente de 5 millones y junto a las sociedades del grupo de imputados que incluye a su esposa, hermano y socios, por la cantidad de más de 6 millones, presuntamente, hechos ocurridos desde el año 2006 hasta 2019 y a través de las tres sociedades.

También al exfuncionario y socios se les vincula a la compra supuestamente irregular de cinco terrenos en la zona de Santa Elena, al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) en el año 2014 que supuestamente adquirieron a un costo por debajo del real.