Violencia y crimen organizado frenan el crecimiento económico en América Latina, advierte el Banco Mundial

El Salvador se ha convertido en un caso paradigmático de cómo el crimen organizado puede debilitar la economía de un país. Según el Banco Mundial (BM), durante décadas, las maras —principalmente MS-13 y Barrio 18— ejercieron control mediante extorsiones y cobros de protección en todo el territorio salvadoreño, afectando directamente al entorno empresarial. Se estima que cerca del 79 % de los negocios salvadoreños se vieron obligados a pagar estas tarifas ilegales, elevando los costos operativos y reduciendo la inversión.

Sin embargo, con las políticas de seguridad pública desarrolladas desde marzo de 2022, que incluye un r{eximen de excepción, las pandillas han sido desarticuladas y hay, de acuerdo a datos oficiales, más de 80,000 de sus miembros encarcelados.

Esto redujo drásticamente el índice de homicidios, sino también las extorsiones.

Este fenómeno no es exclusivo de El Salvador. En su más reciente informe, el Banco Mundial advierte que los niveles alarmantemente altos de violencia letal vinculada al crimen organizado están frenando el crecimiento económico de toda la región. 

Esta situación, señala el organismo, agrava un panorama ya frágil: se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe crezca apenas un 2,1 % en 2025 y un 2,4 % en 2026, lo que posiciona a la región como la de menor crecimiento a nivel mundial.

El informe destaca que las tasas de victimización en América Latina son tres veces superiores al promedio global, y las de homicidios hasta ocho veces más altas, pese a que la región representa solo el 9 % de la población mundial. Detrás de estas cifras están factores como la creciente demanda de bienes ilegales, la reorganización de redes criminales a raíz de intervenciones estatales, y el debilitamiento institucional en áreas donde el crimen ha logrado afianzarse, especialmente tras la pandemia de la COVID-19.

“La violencia ya no es un problema aislado de seguridad. Es un obstáculo directo al desarrollo económico”, afirma Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Necesitamos una respuesta regional y global para frenar esta amenaza”.

El Banco Mundial subraya que la inseguridad y la desconfianza en las instituciones afectan negativamente la competitividad. La extorsión desenfrenada y la incertidumbre sobre los derechos de propiedad aumentan los costos de transacción para las empresas y desincentivan la inversión, especialmente en sectores productivos de largo plazo.

El documento también destaca la importancia de tratar el combate al crimen organizado no solo desde una perspectiva policial, sino como una prioridad de desarrollo integral. “Abordar la delincuencia organizada exige políticas públicas que fortalezcan el estado de derecho, mejoren la inclusión social y promuevan la generación de oportunidades económicas legítimas”, señala William Maloney, economista jefe del BM para América Latina y el Caribe.

Ante este escenario, el Banco Mundial hace un llamado urgente a los gobiernos de la región a articular estrategias sostenidas y coordinadas, que enfrenten las causas estructurales del crimen y devuelvan la confianza en el tejido institucional y económico.