"Uno de los aspectos de la seguridad jurídica es el respeto al precedente"

1- ¿Considera que usted es la mejor opción para ser magistrada? ¿Por qué?

Sobre esta pregunta, si soy la mejor opción para ser magistrada, lo decidirán los abogados de la República este 10 de marzo con su voto, y si quedo elegida dentro de los 15 primeros candidatos, será la Asamblea Legislativa la que evalúe mi trayectoria profesional.

No obstante, debo decir que me sometí a la postulación en este proceso, porque tengo el firme deseo de poner al servicio de la Administración de Justicia y de la sociedad, mi vocación de servicio, experiencia profesional y formación académica. Estamos en un momento histórico en el que se nos da la oportunidad de trabajar seriamente por el país que merecemos los salvadoreños; de proveer a la sociedad seguridad jurídica y un pronta justicia a través de sentencias apegadas a derecho, con independencia, responsabilidad y ética en el manejo de los bienes y fondos públicos, que es a lo que me comprometo si llegara a formar parte de la Corte Suprema de Justicia como magistrada.
Me respalda 25 años de vida profesional desde que la Corte Suprema de Justicia me autorizó como abogada y un año después como notaria de la República.

2- ¿Cuáles serían sus propuestas?

Mi experiencia y formación en materia constitucional como licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y doctora en Derecho con la especialidad en Derecho Constitucional Económico, por la Universidad de Salamanca, España, amparan mi postulación para sumar esfuerzos en las siguientes áreas principales:

A) Impulsar la Ley Procesal Constitucional, cuyo anteproyecto se presentó la primera vez en la década de los años 90´s y luego otro hace aproximadamente 10 años, lo cual es de vital importancia para sustituir la Ley de Procedimientos Constitucionales vigente, que data de 1960, normativa pre constitucional que en los tiempos que corren, ya no responde a los requerimientos de un proceso moderno. Creo que actualmente se dan las condiciones para que la nueva ley sobre justicia constitucional corra la suerte de la recientemente promulgada Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y de la Ley de Procedimientos Administrativos, que ha venido a modernizar la justicia administrativa.

B) Proponer reformas a la Ley Orgánica Judicial, para regular procesos de investigación expeditos y orales con las garantías del debido proceso, en lo que respecta al control de la conducta profesional de los abogados en
ejercicio, notarios y jueces, debido a que dicha normativa tiene vacíos que deben regularse. Actualmente, la Sección de Investigación Profesional se enfrenta a peticiones y reclamos procesales cuyas soluciones no están previstas y, por tanto, esto dificulta dictar resoluciones previsibles y en corto tiempo, cuya tardanza per se, lesiona la seguridad jurídica de los investigados. Dado que la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de ley en estos temas, trabajaría para impulsar una legislación moderna que atienda con eficacia los problemas jurídicos que se susciten en dichos procesos de investigación. Asimismo, regular en la ley la existencia del Departamento de Investigación Judicial, que actualmente está creado por un Acuerdo de Corte Plena.

C) Proponer una nueva ley de probidad moderna, que permita investigaciones expeditas sobre las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos. Dado que la Sala declaró inconstitucional recientemente la Ley de Probidad aplicando la reviviscencia para darle vigencia a la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito que data de 1950, creo que es necesario y urgente sustituir dicha normativa por una ley de probidad apegada a la Constitución, a fin de fortalecer las herramientas legales para que la Sección de Probidad trabaje con mayor prontitud y seguridad jurídica para realizar su función. Además, me comprometería, de ser electa, en dar trámite con más agilidad a la revisión de los casos sobre enriquecimiento ilícito que someta a decisión de Corte Plena dicha Sección, para paliar la mora existente y evitarla en el futuro inmediato.

D) Coadyuvar en una reingeniería de los trámites administrativos de la Corte Suprema de Justicia dentro del marco de sistemas de gestión de calidad que ya utiliza la administración de tribunales en otros sistemas, para proveer respuestas más eficaces y eficientes, utilizando adecuadamente medios tecnológicos.

E) En específico, trabajaría por salvaguardar y garantizar la legitimidad de la jurisdicción constitucional concentrada, en cuanto a su rol de tutelar los derechos fundamentales y la regularidad jurídica de las instituciones democráticas, mediante resoluciones dictadas con estricto apego al Derecho, sin sesgos políticos partidarios ni influencias de ningún sector privado o público. A la Sala se le ha querido calificar como un acto político más, y no es eso, es un tribunal de justicia que por su competencia funcional tiene que ser el máximo intérprete de la Constitución en su labor de proveer justicia. Me comprometería a dictar resoluciones utilizando la interpretación de las normas constitucionales apegadas al único instrumento que las legitima: el método jurídico, dentro de los procesos previamente reglados y de los límites que establece la propia Constitución.
Y, en ese orden, brindar protección a dignidad, derechos fundamentales y resguarda el Estado democrático de Derecho.

3- ¿Haría cambios en los trabajos que ya ha realizado la Sala de lo Constitucional?

La Sala de lo Constitucional, en sus diferentes composiciones orgánicas, ha proveído a la sociedad de una rica jurisprudencia sobre derechos fundamentales y defensa de la institucionalidad, que es vinculante para poderes públicos y privados. Uno de los aspectos de la seguridad jurídica es el respeto al precedente. Y eso implica que el juez debe respetar no sólo la Constitución y la ley para resolver un caso concreto, sino también está vinculado a la jurisprudencia que sea aplicable al asunto de que se trata. Por tanto en virtud de la seguridad jurídica que es un valor, un principio y un derecho, sería una irresponsabilidad no respetar el precedente. Ello no significa que la jurisprudencia sea inmutable, puede cambiar, pero motivando suficientemente el cambio y dentro del marco de una pretensión procesal, de acuerdo a los hechos y el fundamento jurídico que propongan las partes al tribunal.

4- ¿Qué opina de que las sesiones de Corte Plena y Salas sean públicas, desde esta nueva magistratura?

Soy una abogada convencida de la transparencia y publicidad en la función pública. Creo que la población debe conocer los temas que se traten en el alto tribunal ya sea en su labor administrativa como jurisdiccional. Sin embargo, ya la Ley de Acceso a la Información Pública, prevé que se mantenga en reserva algunos asuntos que se encuentren en trámite, en virtud de salvaguardar datos sensibles que puedan perjudicar investigaciones precisas. Por tanto, estaría de acuerdo en que algunas audiencias pueden ser públicas, pero en razón de lo que he sostenido. Por otro lado, en los procesos de inconstitucionalidad, donde hay acción ciudadana para promoverlos, creo que sería viable que la ciudadanía participara en el conocimiento de los alegatos de los entes demandados porque son temas de interés general, pero eso requiere de un cambio de legislación que es urgente promoverla, como sería la Ley Procesal Constitucional