Judicial
Tribunal impone hasta 44 años de cárcel en caso de corrupción a exempleados de CEPA y pandilleros
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso condenas de hasta 44 años de prisión a exempleados de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), un excolaborador municipal y cinco integrantes de la MS-13. Los procesados fueron declarados culpables de sobornos, negociaciones ilícitas y vínculos con estructuras criminales en procesos de licitación desarrollados entre 2021 y 2022.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Emérito de Jesús Velásquez Monterrosa, exgerente general de CEPA, recibió la pena más alta: 44 años de cárcel. El tribunal lo encontró responsable de tres delitos de negociaciones ilícitas, falsedad material, cohecho activo y agrupaciones ilícitas.
En el mismo proceso fue sentenciado Roberto de Jesús Mendoza Recinos, alias “El Tigre” y gerente de la sede de Acajutla, a 26 años de prisión por negociaciones ilícitas, uso de documentos falsos y agrupaciones ilícitas.
El secretario sindical David Melquisedec Castillo Flores fue condenado a 19 años por cohecho propio, falsedad ideológica agravada y agrupaciones ilícitas.
Otros implicados recibieron condenas menores:
José Antonio Rodas, excolaborador de la alcaldía de Colón, fue sentenciado a 11 años por falsedad material y cohecho propio.
Daniel Enrique Vides Maradiaga, jefe de Recursos Humanos de CEPA, también fue condenado a 11 años por incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas.
Participación de la pandilla MS-13
El caso incluyó la participación de cinco integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), vinculados a una célula que operaba en Acajutla:
Marcos Obdulio Flores Rivas, corredor de la estructura, fue condenado a 14 años por agrupaciones ilícitas.
José Andrés Ortega Mejía recibió 15 años por cohecho activo y agrupaciones ilícitas.
Walter Geovany Alas, José Ovidio Lemus Rodríguez y Marcos Obdulio Flores fueron condenados a cinco años cada uno por agrupaciones ilícitas.
Esquema de corrupción en CEPA
De acuerdo con la investigación, los procesados manipularon licitaciones de transporte en CEPA entre 2021 y 2022. Entre las prácticas detectadas figuran:
Alteración de bases de licitación para favorecer a terceros.
Entrega de documentos de licitación a cambio de camiones cargados con tierra.
Pago de $2,500 a un empleado municipal para obtener constancias de solvencia falsas, luego avaladas por Vides Maradiaga.
Estos mecanismos permitieron que oferentes vinculados a la MS-13 accedieran a contratos y beneficios dentro de los procesos administrativos.
La sentencia, según la FGR, demuestra cómo estructuras delictivas se infiltraron en instituciones estatales a través de sobornos y documentos falsos, combinando la participación de funcionarios y pandilleros en un esquema de corrupción.