Tribunal condena a exalcaldes y otros implicados por corrupción en caso MONARCA

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca emitió un fallo condenatorio en el caso conocido como «Monarca», donde se juzgaron nueve casos de corrupción y negociaciones ilícitas. Las pruebas presentadas, que incluyeron escuchas telefónicas, álbumes fotográficos, actas y confesiones de los imputados, fueron determinantes para la emisión del fallo.

En el juicio, se acusó al exalcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi Morataya, al exalcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar Aguilar Alvarado, y a otras 15 personas, entre civiles y exmiembros de los concejos municipales, por los delitos de negociaciones ilícitas, peculado y cohecho cometidos en dichas comunas.

El fallo unánime del Tribunal condenó a Francisco Salvador Hirezi Morataya a 18 años de prisión por los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho impropio. José Dennis Córdova Elizondo, exconcejal de Zacatecoluca, fue condenado a 16 años de prisión por los mismos delitos. Santos Portillo González, Tercer Regidor, también recibió una condena de 16 años de prisión por los mismos delitos. Carlos Arturo Araujo Gómez, Regidor de Zacatecoluca, fue condenado a tres años de prisión por el delito de cohecho impropio, los cuales serán sustituidos por 144 jornadas de trabajos de utilidad pública supervisadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de San Vicente. Asimismo, Edenilson Amílcar Pérez, empleado de la alcaldía de Zacatecoluca, fue condenado a tres años por el delito de cohecho impropio, los cuales serán sustituidos por trabajos de utilidad pública.

Por su parte, Rafael Amílcar Aguilar Alvarado, exalcalde de San Rafael Obrajuelo, fue condenado a seis años de prisión por el delito de peculado. Luis Armando Gómez Alvarado, Regidor, recibió una condena de ocho años de prisión por los delitos de cohecho activo y peculado. Jaime Gilberto Valdés Hernández, de la empresa VALCAS S.A DE C.V., fue condenado a 13 años de prisión por los delitos de cohecho activo en modalidad continuada y tenencia ilegal de arma de fuego. Luis Ángel Jiménez Benítez, comerciante y participante en licitaciones, fue condenado a dos años y ocho meses, los cuales serán sustituidos por trabajo de utilidad pública. Alejandro Cruz Pian fue condenado a dos años, los cuales serán sustituidos por 96 jornadas de trabajos de utilidad pública.

Además, Eduardo Lara fue condenado a dos años con la aplicación de la suspensión condicional de la pena. José Rene Hernández Quinteros, empresario de buses, también fue condenado a dos años de pena, con la aplicación de la

suspensión condicional de la pena. José Rene Hernández Fuasillon recibió una condena de dos años por su participación, igualmente con la aplicación de la suspensión condicional de la pena. Por otro lado, Rene Jacob Hernández Fuasillon fue absuelto de toda responsabilidad penal. José Ricarte Pineda, empresario de transporte, fue condenado a un año con cuatro meses y se le otorgó la suspensión condicional de la pena. Miguel Ángel Chicas fue condenado a dos años y también se benefició de la suspensión condicional de la pena. Finalmente, Ranulfo de Jesús Portillo Díaz, cabo de la PNC, fue condenado a tres años por el delito de cohecho, pero sus sentencia será sustituida por trabajos de utilidad pública.

Las investigaciones fiscales en contra de los funcionarios públicos implicados se iniciaron en agosto de 2020, revelando las negociaciones fraudulentas en la presentación de carpetas técnicas de diversos proyectos y órdenes de compra directa, beneficiando ilegalmente a los empresarios interesados.

El juicio, que duró 20 días, reveló de manera detallada acuerdos previos entre alcaldes, miembros de los concejos municipales y empresarios en beneficio propio en proyectos relacionados con el transporte, pasarelas, venta de láminas, mejoras para terminales, paquetes alimentarios y entrega de granos básicos para la población, especialmente durante la emergencia nacional por la COVID-19 y las tormentas tropicales que afectaron al país.

El Tribunal emitió un fallo unánime y la sentencia completa por escrito será entregada el 9 de julio de 2023 a las partes involucradas en el proceso.