Economía
S&P Global Ratings ratifica calificación de El Salvador en ‘B-‘
En su última evaluación, S&P Global Ratings confirmó la calificación de ‘B-‘ a largo plazo y ‘B’ a corto plazo en moneda extranjera y local de El Salvador, con una perspectiva estable. Esta decisión se produjo después de que el gobierno anunciara una oferta para recomprar parcialmente tres bonos soberanos con vencimientos en 2025, 2027 y 2029.
La oferta de recompra, que se anunció el 8 de abril, se considera una operación de gestión de pasivos y oportunista, ya que S&P Global Ratings cree que el gobierno podría haber cumplido con sus compromisos financieros en el corto plazo sin esta transacción. Se espera que el gobierno cumpla con los pagos de servicio de deuda durante los próximos 12 meses, y se prevé que emita un nuevo bono internacional por hasta $1 mil millones para obtener fondos para la recompra de deuda.
El ente explica que la oferta de recompra incluye precios ligeramente superiores al mercado: el bono 2025 se ofreció a 99.125 centavos por dólar, mientras que los bonos 2027 y 2029 se ofrecieron a 91.0 centavos por dólar. El gobierno dará preferencia a las ofertas para recomprar primero el bono 2025, luego el 2027 y finalmente el 2029, aunque en última instancia decidirá cuánto recomprar de cada bono.
Esta oferta de recompra es parte de un proceso más amplio de reperfilamiento de deuda que comenzó en 2022, que incluyó dos recompras de deuda externa a fines de 2022, un intercambio de deuda de pensiones en la primera mitad de 2023 y una estrategia de refinanciamiento de deuda a corto plazo iniciada en octubre de 2023.
«A pesar del alivio fiscal derivado de estas medidas, las finanzas públicas del país siguen siendo frágiles debido a vulnerabilidades estructurales a largo plazo. La calificación de El Salvador refleja debilidades institucionales, modesto PIB per cápita de $5,300 y perspectivas de crecimiento del PIB moderadas debido a la baja inversión y productividad persistentemente bajas».
La perspectiva estable refleja un equilibrio entre el alivio fiscal a mediano plazo derivado del proceso de refinanciamiento de deuda iniciado en 2022 y los riesgos fiscales y de deuda persistentes, ya que los pagos por servicio de deuda siguen siendo altos y las alternativas de financiamiento son algo limitadas.