Solicitan ratificar acuerdo con el PMA para impulsar seguridad alimentaria

La Encargada de Despacho designada por el presidente de la República, a través de la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, ha presentado una iniciativa para ratificar el Acuerdo entre el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Gobierno salvadoreño.

El acuerdo, suscrito en 2023, tiene como objetivo contribuir a las prioridades estratégicas del país en seguridad alimentaria y nutricional, así como en desarrollo social, entre otros aspectos.

El propósito fundamental de la iniciativa es ejecutar con el Plan Estratégico para El Salvador (2022-2027) y ampliar su alcance para permitir la prestación eficiente y flexible del apoyo del PMA en diversas situaciones, tanto previstas como imprevistas. Aunque las actividades potenciales no estén contempladas en el Plan Estratégico, el acuerdo tiene la flexibilidad para adaptarse.

El instrumento constituye un acuerdo sobre la prestación de asistencia, en línea con los compromisos comunes entre el Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno de El Salvador.

El acuerdo, que cuenta con un presupuesto de $132 millones de dólares, busca contribuir a las prioridades del país, como el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, el Plan de Despegue Económico, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el Plan de Desarrollo Social, entre otros.

Este Plan Estratégico de cinco años está alineado con las prioridades nacionales, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF) y el compromiso mundial renovado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El Programa Mundial de Alimentos trabajará para apoyar a la población salvadoreña a través de: promover que las personas estén en mejores condiciones para satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales, contribuir a los sistemas alimentarios sostenibles con enfoque en el aumento de la producción, consumo local y mercados accesibles y resilientes, fortalecer las capacidades de las instituciones de Gobierno para abordar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y nutricional en el país y apoyar a socios humanitarios con servicios que les permitan ser más eficientes y eficaces.