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Sociedad civil advierte que nuevos comisionados del IAIP promueven retrocesos al acceso a la información
El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública emitió un comunicado dando su posición sobre las más recientes actuaciones por parte de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) nombrados por Presidencia.
La organización señala que es alarmante y preocupante que los nuevos comisionados Ricardo Gómez, Luis Javier Suárez y Gerardo José Guerrero Larín estén promoviendo y acordando cambios en los criterios jurisprudenciales del IAIP, de oficio, que generan retrocesos en la materia y dejan de lado el principio de progresividad de los derechos humanos.
Agregan que los procesos de nombramiento de los comisionados se han caracterizado por ser opacos, irregulares y con graves cuestionamientos legales. Además, se agrega en el comunicado que sus decisiones obstaculizan que se garantice el pleno goce del derecho fundamental de acceso a la información pública, dando paso a la opacidad en la gestión pública, lo cual genera espacios para la corrupción.
Otra de las irregularidades, que señala el Grupo Promotor, es que promueven la suspensión de procesos sancionatorios contra servidores públicos. «Estas decisiones van en contra del principio de legalidad y debido proceso al que deben someterse, ya que es en la resolución final y a través de la investigación correspondiente donde se evidencia si amerita o no la aplicación de sanciones», señalan.
Los organizaciones miembros del Grupo Promotor de la LAIP exhortan a los comisionados Ricardo Gómez, Luis Javier Suárez y Gerardo José Guerrero Larín, a que cumplan con la responsabilidad que les impone la LAIP como miembros del IAIP, a fin de que velen por el principio de máxima publicidad, debiendo actuar con la independencia que les demanda el cargo y que cesen toda actuación en detrimento del derecho fundamental de acceso a la información pública, pues son claras las acciones que están debilitando al IAIP y generando retrocesos en el ejercicio del mismo. .
Y exhortan al Relator Especial para la Libertad de Expresión y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a estar vigilantes de los retrocesos en el derecho de accesos la información pública en El Salvador y que limitan el goce de este derecho, el cual debe garantizarse de la forma más amplia e irrestricta posible.