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Sigue estudio de iniciativa para facilitar la importación de bienes de salvadoreños en el exterior
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa está considerando una propuesta de ley que tiene como objetivo facilitar el retorno de los salvadoreños que viven en el extranjero.
La Ley Especial Transitoria de Incentivos y Tratos Preferenciales Destinados al Favorecimiento de la Repatriación de Salvadoreños aborda una serie de beneficios temporales para quienes desean regresar al país.
La iniciativa se enfoca en proporcionar incentivos para el retorno de los connacionales, independientemente del tiempo que hayan estado fuera del país, su situación migratoria o el país donde residan actualmente. Algunos de los principales aspectos de la ley son:
- Exención de impuestos para la importación de bienes muebles para uso doméstico: Aquellos salvadoreños que trasladen su residencia definitiva a El Salvador podrán importar su menaje de casa gozando de una exención de derechos e impuestos por única vez, siempre que el valor del menaje del grupo familiar no supere los $70,000. Esto incluye artículos nuevos o usados que se identifiquen como uso personal.
- Exención de impuestos para la importación de vehículos: Los salvadoreños que regresen y deseen traer vehículos podrán hacerlo siempre que posean un título de propiedad limpio, excluyendo vehículos catalogados como chatarra o en mal estado. Además, se establece que el vehículo debe haber sido adquirido al menos seis meses antes de la importación y debe mantenerse en propiedad durante al menos un año antes de su enajenación y transferencia.
- Facilitación de servicios bancarios: La propuesta de ley también requiere que la banca local brinde servicios a los connacionales que se acojan a la ley, lo que incluye la apertura de cuentas bancarias y el acceso a otros servicios financieros.
- Presentación de historial crediticio extranjero: La ley permite a los salvadoreños que regresen presentar su historial crediticio, declaraciones de impuestos u otros documentos que respalden su actividad financiera en el extranjero, en lugar de requerir un registro crediticio local.
Durante el proceso de estudio de la propuesta, se consideró la importancia de establecer sanciones para las entidades financieras que no cumplan con las disposiciones, lo que garantizaría un marco legal sólido y un cumplimiento efectivo de la ley.