Se retrasa aprobación de nueva normativa relativa al transporte público

Aunque desde el año pasado la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda emitió dictamen favorable para sustituir todo lo relacionado al transporte de pasajeros en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el dictamen no ha sido conocido por la Asamblea Legislativa en las pasadas sesiones plenarias.

La normativa denominada “Ley Especial para prestación de servicios de transporte público, privado y selectivo de pasajeros en sus diferentes modalidades”, establece nuevas regulaciones al transporte pública, entre las que se encuentra el pago de medio pasaje a las personas con discapacidad y de la tercera edad.

Para cumplir con las disposiciones, el Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad (CONAIPD) deberá extender un carné de identificación.

También se destinarán espacios preferenciales en los buses para las embarazadas y personas con discapacidad, con la garantía de que sean respetados y utilizados únicamente por ellos.

Asimismo, se reducen los años de vida útil de las unidades de transporte, de 20 a 15 años. Esta reforma será implementada de forma gradual, a partir del próximo año, dando espacio de seis meses para sacar de circulación los buses con 20 años o más, en los años sucesivos el cambio de unidades deberá efectuarse cada uno de febrero.

Además, con las modificaciones se remueve el derecho preferente, que consistía en otorgar prioridad de concesión a quienes ya fungían como concesionarios. El derecho preferente será únicamente para los dueños de pick ups que ofrecen servicio de transporte en zonas rurales, de difícil acceso.

Lo normativa entraría en vigencia seis meses después de haber sido publicada la ley en el Diario Oficial.

Para contar con un registro de las concesiones otorgadas, costo del pasaje y subsidios al sector se creará la Dirección Nacional de Tarifas y Subsidios, que será manejada, en su mayoría, por delegados del Gobierno, con participación del sector transporte.

También se creará el Centro de Formación del conductor, ente encargado de impartir conocimientos, aptitudes y habilidades para ejercer este trabajo con “respeto, dignidad, respeto para el usuario y al marco legal”.

La nueva ley incluye sanciones administrativas por incumplimientos por transportistas.  La sanciones leves conllevarán una amonestación escrita, las graves un valor pecuniario y las muy graves conllevan procedimientos administrativos para suspender o cancelar la concesión o permiso.

Tendrá multas entre $100 y $200 por no suministrar a la Inspectoría General del Viceministerio de Transporte (VMT) la información que solicite y no esté en los archivos de la Dirección General de Transporte. También si los prestatarios no portan los distintivos del servicio de transporte que dan.

Podrían recibir multas entre $200 y $300 por permitir la prestación del servicio en vehículos sin la corrección de las observaciones emitidas por el centro de revisión técnica y vehicular.