Sala determinará si obligación del Gobierno de proteger derechos humanos es inconstitucional

La Asamblea Legislativa aprobó superar el veto presidencial a la Ley Especial para Proteger los Derechos de las Personas durante el Estado de Emergencia Decretado por la Pandemia por COVID-19 en El Salvador. El presidente considera que la normativa supone una violación a la seguridad jurídica, el principio de proporcionalidad y el derecho a la salud.

La normativa en disputa establece un marco de actuación a las autoridades, instituciones del Estado y las personas, durante el estado de emergencia por la pandemia. De acuerdo al objeto de la ley, la defensa de los derechos humanos deberá apegarse a la Constitución de la República, las leyes, tratados internacionales, reglamentos, protocolos, jurisprudencia y resoluciones dictadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, atinentes a la pandemia en mención.

Establece que no se podría enviar a ninguna persona a centros de contención como forma de castigo por no respetar la cuarentena; así también, prohíbe que se decomisen licencias y vehículos, tal y como establece el decreto ejecutivo 21.

Además, será inviolable la morada dentro del marco constitucional, únicamente podrán ser retenidas para efectos de eventual sometimiento a cuarentena o internamiento sanitario forzoso, en centros de contención o centro hospitalario, aquellas personas a quienes se les compruebe objetivamente que presentan síntomas de enfermedades por COVID-19.

Asimismo, será un derecho ingresar al país por los aeropuertos, puertos, aduanas o puntos fronterizos legalmente habilitados para tal efecto, quienes podrán ser sometidos a medidas individualizadas de cuarentena o según el caso.

Los servidores públicos que violen  derechos durante la pandemia serán sancionados con multas de hasta $300 o trabajo de utilidad pública.