Sala de lo Constitucional ordena búsqueda de jóvenes desaparecidos

La Sala de lo Constitucional resolvió favorablemente el hábeas corpus interpuesto contra Ministro de la Defensa Nacional y del Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador por parte de un miembro de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humano (ASDEHU) por la desaparición forzada de dos jóvenes en San Martín
Sobre los hechos la solicitante explicó que los jóvenes salieron de su casa y se dirigieron al mercado del municipio de San Martín, donde fueron interceptados por siete soldados uniformados con boina roja-ocre y franja anaranjada, al parecer miembros de la Fuerza Armada de El Salvador.
Según la solicitante, detuvieron a los jóvenes, les registraron y los golpearon, luego procedieron a amarrarlos con las manos hacia atrás y los exhibieron recorriendo el mercado; los subieron a un carro blanco sin placas, doble cabina tipo pickup y luego de un tiempo, los mismos soldados los bajaron en la Colonia Santa María y desde entonces nadie da información de ellos.
La solicitante denuncia que nunca fueron remitidos a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República o la autoridad judicial, por lo que su detención ha sido ilegal y a estas alturas puede considerarse como una desaparición forzada de personas.
En su sentencia, la Sala determina que mediante los elementos probatorios aportados y recabados durante el proceso de hábeas corpus, se logró comprobar que los mencionados jóvenes fueron intervenidos el día 30 de julio de 2014 en el mercado de San Martín por miembros de la Fuerza Armada y desde esa fecha sus familiares no han sabido de ellos, aconteciendo con tal desaparición forzada vulneración a sus derechos fundamentales de libertad física e integridad personal.
Como efecto de la sentencia, la Sala ordena que el Ministro de la Defensa Nacional, el Jefe del Estado Mayor Conjunto y la Fiscalía General de la República realicen nuevas indagaciones sobre las desapariciones forzadas de los jóvenes, con el objeto de determinar lo sucedido y los responsables concretos desde el inicio de su desaparición hasta el momento actual en que se desconoce su paradero, para localizarlos y hacer cesar la lesión a sus derechos constitucionales.