Reportan más conductores peligrosos sacados de circulación

Mientras algunos ciudadanos sostienen que el consumo de ciertos alimentos o medicamentos pueden incidir en niveles de alcohol en la sangre y algunos abogados cuestionan la legalidad de las endurecidas sanciones contra conductores peligrosos, las autoridades de tránsito continúan sorprendiendo a ciudadanos manejando bajo efectos de bebidas embriagantes.
La mañana de Óscar Alberto Portillo Carrillo, de 30 años, quien durante la madrugada chocó con su vehículo contra unos negocios en el kilómetro 36 de la calle que de San Salvador conduce hacia Tepecoyo, en La Libertad Oeste.
“Al realizarle la prueba de alcotest resultó con 219° de alcohol. Además se le decomisó una pistola con dos cargadores. Será procesado por conducción peligrosa y conducción irresponsable de arma de fuego”, informó la PNC por medio de sus cuentas en redes sociales.
La autoridad también reportó al menos dos casos más de conductores sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.
Con las recientes reformas de ley, en El Salvador hay cero tolerancia a conductores bajo efectos de bebidas embriagantes y es considerado delito el manejar con cualquier nivel de alcohol en el organismo.

Las sanciones incluyen una multa de $150, suspensión de la licencia de conducir por un año y un proceso judicial. En caso de reincidencia, el conductor pierde permanentemente su licencia.

El rigor de las medidas
No obstante, el rigor de estas medidas ha desatado debates en redes sociales y entre juristas.
Alegaciones sobre posibles falsos positivos generados por alimentos o medicamentos han sido frecuentes.
En una entrevista reciente, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, desmintió categóricamente estas aseveraciones.
“No existen medicamentos que contengan alcohol en dosis lo suficientemente altas como para afectar los niveles detectados en sangre o aire espirado”, afirmó Reyes.
“En el caso de los alimentos, el alcohol utilizado en la preparación se evapora durante la cocción. Incluso los enjuagues bucales solo podrían generar un rastro temporal durante los primeros 10 minutos tras su uso”, aclaró.
Por su parte, algunos abogados han expresado preocupación por la posible vulneración de derechos fundamentales y la proporcionalidad de las sanciones.
Pese a las críticas, las autoridades insisten en la necesidad de medidas estrictas para reducir la siniestralidad vial.
“Estamos ante un problema de salud y seguridad pública. Las reformas responden a una necesidad urgente de proteger vidas”, concluyó Reyes.