Repensando la tecnología y los negocios en clave de derechos humanos

Escrito por: Eva María López Córdova | Abogada en derechos humanos, género y tecnología | Antigua becaria Tech4Rights de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

La fuerza que viene de la palabra “revolución” puede resultar atractiva, enigmática y retadora, pero pocas veces consideramos los efectos asociados a este tipo de cambios; es decir, la necesidad de repensar la forma en que concebimos el mundo como producto de esta revolución.

 No hay duda de que los efectos de la globalización, el acceso a internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías han traído consigo una serie de oportunidades y nuevas necesidades. Este proceso se vio acelerado ante la crisis desatada por la pandemia por COVID-19 y el auge del tecnosolucionismo como mecanismo de respuesta. La necesidad de salvaguardar la salud modificó la forma en que trabajamos, adquirimos bienes, accedemos a servicios y la forma en que hacemos negocios, pero más importante aún, modificó la forma en que comprendemos el mundo y aceleró la inminente indivisibilidad que existe entre el entorno analógico y el virtual.

Intentar concebir nuestra identidad corpórea excluida de las personas que somos desde nuestro cuerpo digital es imposible: los dispositivos electrónicos, las redes sociales y la información nuestra que está contenida en el internet han dejado de ser accesorios para convertirse en una extensión de nosotros mismos. Este entorno digital se vuelve el espacio por excelencia para el desarrollo de nuestra cotidianeidad e, independientemente de los avances en el combate a la pandemia, es un hecho que la virtualidad ha llegado para quedarse.

Evidencia de lo anterior es el nuevo horizonte asociado a la revolución industrial, llamado “Industria 5.0”, que se refiere precisamente a la apuesta por fortalecer el nexo entre máquinas y humanos para que los procesos y productos sean más afines con las visiones de los seres humanos, pero privilegiando la productividad y la eficiencia.  Esto agudiza la necesidad de que, en la perspectiva y análisis de los negocios deba incluirse de forma rigurosa a los derechos humanos.  

Sin dejar de lado las grandes ventajas que trae el internet y la tecnología para acercar y agilizar el alcance a un sinfín de posibilidades, no puede negarse que desarrollar nuestras vidas en entornos virtuales nos expone a retos y riesgos que son traídos desde los espacios analógicos. Violencia, violaciones a la privacidad y seguridad de usuarios, discriminación e invisibilización de poblaciones tradicionalmente excluidas y uso indebido de nuestra data, son solo algunos ejemplos. El gran alcance que brinda la tecnología para resolver algunas de las necesidades más relevantes de nuestra época, es también utilizado en muchos casos para aumentar exponencialmente los daños que genera al usarse como espacio para violar los derechos humanos. 

 Por tanto, se vuelve imperante dentro de una asesoría legal integral, introducir consideraciones de los efectos, retos y riesgos que genera la creación de productos o procesos tecnológicos desde una perspectiva de derechos humanos.  Este análisis debe trascender más allá de las iniciativas asociadas a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o las campañas comunicacionales, sino que debe contemplarse desde la esencia de los modelos de negocio, la selección de quienes participan en la creación de los productos y procesos y sus elementos técnicos. 

A este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) propone la incorporación de medidas de transparencia y rendición de cuentas respecto de las plataformas de internet, con el objetivo de evidenciar los mecanismos que se adoptan para garantizar el respeto a los derechos humanos dentro de sus modelos de negocio. Como resultado, se han desarrollado 26 principios de alto nivel que pretenden ser guía para aplicarse a lo largo de diversas industrias con diversos tamaños, modelos de negocio y diversas ingenierías; entre sus temas claves destacan la recolección, gestión y acceso a la data de las y los usuarios y procesos de debida diligencia para garantizar entornos seguros.

A nivel regional, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), con motivo del mandato designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha iniciado el Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet, que se centra en los efectos e intersección del internet y las tecnologías en el ejercicio de derechos humano, así como en la urgencia de plantear un plan de acción sobre este tema para los años venideros. Esta conversación de carácter multisectorial incluye el papel clave del sector privado, sus roles y responsabilidades, así como la necesidad de adecuar sus normativas y modelos de negocios conforme a estándares de derechos humanos.

Algunas reflexiones necesarias sobre la forma en que se crea desarrollan, adecua y usa la tecnología pueden venir, por ejemplo, de cuestionarse si estas perpetuán dinámicas estigmatizantes o excluyentes, reevaluar si – debido a que pretenden brindar respuestas afines a la naturaleza humana – reflejan su diversidad o si generan una falsas sensaciones de homogeneidad entre las personas usuarias y sus opiniones. También se necesita repensar lo relacionado a la alfabetización digital, por ejemplo, al cuestionar si las soluciones tecnológicas que vienen de su negocio están acompañadas de mecanismos suficientes para que las personas usuarias cuenten con soberanía sobre sus datos personales y puedan realizar un análisis crítico, libre y transparente sobre la captación y consumo de información por parte de la empresa, así como el proceso de curación y uso de estos datos. 

Este reconocimiento de realidades indivisibles, del vínculo estrecho entre lo virtual y lo analógico, así como de los derechos y los negocios, nos lleva a la conclusión de que cualquier iniciativa asociada a la “Industria 5.0” no puede limitarse a conversaciones o acciones de carácter técnico exclusivas entre directivos, emprendedores y desarrolladores; sino que requieren de conversaciones multisectoriales, incluyendo al sector legal con experiencia en derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y personas usuarias, para generar visiones , estrategias y análisis de riesgos integrales que lleven a generar soluciones técnicas que respondan efectivamente a necesidades humanas.