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Continúa estudio de reformas a la Ley Especial de Inclusión

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La Comisión de Familia de la Asamblea Legislativa continúa con el estudio del paquete de reformas a la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, entre las reformas se modifica todo lo relacionado con el regimen sancionador, eliminando la figura del tribunal sancionador.

La reforma incluye la eliminación del Tribunal Sancionador y traslada sus facultades al Consejo Nacional de la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD), específicamente a la Unida de Cumplimiento de Derechos. Dicha unidad ejercerá la autoridad administrativa para conocer y sancionar las vulneraciones de derechos reconocidos en la ley.

Aunque la normativa general entro en vigencia en enero del 2021, lo concerniente a las sanciones por la violación de la normativa se ha prorrogado en cuatro ocasiones. La última prórroga concluía el 30 de junio.

La reforma consta de 94 artículos y busca modificar el contenido de 90 artículos de la ley existente. Uno de los cambios notables en la propuesta de reforma se refiere al beneficio económico para las personas con discapacidad. En la ley vigente, se establece que estas personas tienen derecho a una pensión universal después de una evaluación realizada por el Ministerio de Salud. Sin embargo, la reforma propuesta retrasa la implementación de este beneficio hasta 24 meses después de que entre en vigor la reforma, es decir, al menos hasta 2025.

La normativa también elimina la creación de un fondo especial exclusivo para la ejecución de proyectos o programas de inclusión, y establece que los fondos provenientes de las sanciones sean transferidos al CONAIPD.

La normativa abrogó la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Y contempla que toda institución pública y privada está obligada a contratar a una persona con discapacidad por cada veinte trabajadores que tenga a su servicio.

La ley entre sus apartados consigna que las personas con discapacidad podrán tener acceso a créditos, seguros médicos, transporte público accesible y a formar una familia; el Ministerio de Educación deberá proporcionar personal de apoyo cuando un alumno con discapacidad lo necesite.

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