Reformas buscan promover a los contratos de inversión en el área de hidrocarburos

La Asamblea Legislativa aprobó una serie de enmiendas a la Ley de Hidrocarburos con el objetivo de modernizar el sector energético. Entre los cambios aprobados está el cambio de nombre de la normativa que ahora será conocida como Ley de Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.

Las reformas otorgan facultades ampliadas a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), permitiéndole llevar a cabo todas las actividades hidrocarburíferas mediante diversos tipos de contratos para obtener datos geológicos y geofísicos. Este paso se ha dado con el fin de fomentar la inversión y aumentar el conocimiento en la exploración hidrocarburífera en el país.

A través de contratos de inversión, se establece que el Estado recibirá actualizaciones de estudios geofísicos sin grandes erogaciones, ya que los contratistas asumirán el riesgo y los costos asociados con las operaciones o actividades científicas relacionadas con hidrocarburos. Estos contratos, bajo la modalidad multiclientes, permiten a la CEL tener propiedad sobre los datos obtenidos.

Las enmiendas también contemplan incentivos fiscales para los titulares de los contratos, ya que las empresas participantes asumirán el riesgo de posibles yacimientos de hidrocarburos. La reforma, además, elimina las «bases de licitación» y considera la posibilidad de contratación directa, excluyendo todos los contratos de la aplicación de la Ley de Compras Públicas.

Las reformas también incorporan la prohibición de llevar a cabo operaciones petroleras sin ser titular de los contratos establecidos en la ley o sin autorización de la CEL. Se introducen definiciones clave como «Datos Crudos» y «Licencia de Datos», referentes a información sin procesar obtenida por titulares de contratos de inversión multicliente.

La normativa establece un nuevo proceso de contratación y adjudicación de los contratos de inversión, pero se destaca que la CEL tendría la facultad de realizar contrataciones directas sin recurrir al nuevo procedimiento, simplemente emitiendo una resolución de las causales por las cuales ha optado por este método.

Finalmente, el Artículo 85-A establece un procedimiento de arreglo directo para resolver controversias derivadas de los contratos regulados por la ley. En caso de agotarse este proceso, las partes podrán recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para conciliación o arbitraje.