Legal
Reformas al Código Procesal Penal buscan agilizar procesos de extradición
La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad ha emitido un dictamen favorable para reformar el Código Procesal Penal, con el objetivo de acelerar y alinear los procesos de extradición con los estándares internacionales.
La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad en El Salvador ha emitido un dictamen favorable para reformar el Código Procesal Penal (CPP), específicamente en lo referente a los procesos de extradición. Esta iniciativa tiene como objetivo principal alinear la normativa con los instrumentos internacionales ratificados por el país, buscando una mayor eficiencia en los procedimientos.
Entre los cambios más significativos propuestos se destaca la reducción del tiempo de resolución de los procesos de extradición, estableciendo un plazo máximo de sesenta días. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, señaló que estas reformas pretenden agilizar el proceso, garantizando respuestas más rápidas a las solicitudes internacionales, en contraste con el prolongado plazo actual que podría extenderse hasta dos años.
Una de las modificaciones clave es la designación de la Fiscalía General de la República (FGR) como la autoridad central para la transmisión eficaz de solicitudes y el monitoreo del progreso de las peticiones de extradición. Además, se enfatiza la importancia de cumplir con principios fundamentales de cooperación internacional, como la Doble Incriminación, la Reciprocidad, la Especialidad y la No Extradición por Motivos Políticos.
Estas reformas también establecen requisitos formales para la extradición, asegurando que el delito por el cual se solicita sea punible con pena privativa de libertad, respetando los límites máximos de la legislación salvadoreña. Asimismo, se detallan causales de denegatoria, como la consideración de delitos políticos, la aplicación de leyes militares salvadoreñas y la posible persecución por motivos de opiniones políticas, entre otros. Con estas modificaciones, se busca no solo acelerar los procesos sino también garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas en solicitudes de extradición.