Realizan audiencias por despidos en OIE

Ayer, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizaron una audiencia por un caso en el que 29 ex empleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) demandaron al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, porque no se les siguió un proceso en el que pudieran defenderse.
En 2014 los afectados demandaron ante dicho tribunal superior al mandatario, ya que es la máxima autoridad de la referida institución, así como al presidente Mauricio Funes puesto que los despidos se llevaron a cabo en la transición entre ambos gobiernos del FMLN.

Los magistrados admitieron la demanda y ordenaron abrir un proceso formal. La jurisprudencia de la Sala determina que, en caso de fallar a favor de los despidos, el funcionario que ordena o avala los despidos injustos u otras arbitrariedades, como traslados o acoso laboral, debe responder penalmente o pagar de su bolsillo el tiempo que los afectados dejaron de percibir salario o por los daños que les causaron.
En la diligencia de este lunes, debían comparecer Sánchez Cerén y los ex directores del OIE: Ricardo Perdomo y Eduardo Linares. Empleados de seguridad y de la Oficina de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez impidieron que los periodistas permanecieran cerca de la sala donde se realizó la diligencia aduciendo que tenía reserva.

La última persona que buscó amparo ante el máximo tribunal fue una mujer que laboraba como secretaria, quien fue cesada el 1 de junio de 2014. La sala admitió la demanda de la ex empleada “contra la decisión del presidente del Órgano Ejecutivo, por presuntamente haber haberle lesionado sus derechos fundamentales de audiencia, defensa, estabilidad laboral y debido proceso, al haberla despedido sin antes haberle seguido un procedimiento donde tuviera la oportunidad de defenderse” dice la resolución .

Los otro 28 empleados alegaron que tras ser destituidos acudieron ante el Tribunal del Servicio Civil pero que la entidad se negó a revisar sus casos.Los demandantes expusieron a los magistrados que esa autoridad les manifestó que “se abstenían de recibir cualquier demanda por existir antecedentes por despidos anteriores de la misma institución y que habían sido declaradas ineptas e incompetentes” según el fallo de la Sala.

En 2015, fue admitida otra demanda de amparo contra Sánchez Cerén interpuesta por la viuda de un agente del OIE, quien fue asesinado. Magdalena Férnandez Rodriguez dijo que a ella se le negaron los beneficios provisionales que le correspondían como viuda de José Nolberto Serrano Martínez, quien laboró en el OIE desde 1995 hasta el 1 de Octubre de 2011.La demandante señaló que tras el homicidio de su pareja acudió a la OIE para pedir las constancias de trabajo y comenzar los trámites en las instituciones previsionales a fin de poder recibir la pensión que le correspondía por se la viuda de un trabajador. Pero en la institución le dijeron que Serrano Martínez nunca había laborado en dicha institución, por lo que no tenían registros laborales de su esposo.