¿Qué establece la Ley de Mejora Regulatoria?

El pasado 12 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la Ley de Mejora Regulatoria. Con dicha normativa se espera que sirva como herramienta para transparentar la administración pública, reduciendo los trámites y la discrecionalidad subjetiva de los funcionarios.

El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), tendrá autonomía funcional y técnica, y será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de ley antes mencionada.

La Ley de Mejora Regulatoria tiene como objetivo mejorar la calidad de las regulaciones públicas, vigentes y futuras, para generar beneficios sociales superiores a los costos. Además, instaurar buenas prácticas de gobernanza regulatoria, que aseguren la seguridad jurídica para el administrado. Otro de los ejes de la ley, es fomentar la participación ciudadana dentro del proceso de elaboración de normativa interna y externa de las instituciones.

La Ley será aplicable al Órgano Ejecutivo y sus dependencias, a las entidades autónomas y demás entidades públicas, aun cuando su ley de creación la califique con un carácter especial, las municipalidades y los Órganos Legislativo y Judicial, la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la República y, en general, a cualquier institución de carácter público.

La nueva normativa establece la creación del «Sistema de Mejora Regulatoria», que será integrado por las instituciones obligadas por la ley y tendrá como objetivo estructurar y coordinar la ejecución de las acciones tendientes a la mejora regulatoria y, de esta manera, asegurar la eficiencia de las regulaciones y los trámites dentro de las instituciones. El Sistema será coordinado por el OMR, quien supervisará el cumplimiento de las Políticas de Mejora Regulatoria.

La ley establece como obligación para las instituciones la creación de una agenda regulatoria, mediante el cual la institución identificará las nuevas regulaciones que proyecta emitir o presentar para su aprobación en cada año calendario.

Así también, la ley dispone la elaboración, anualmente, de un Plan de Mejora Regulatoria, documento que contendrá los objetivos, metas, indicadores y actividades para mejorar la calidad de las regulaciones vigentes y futuras, relativas a los procedimientos y trámites.

Con el objetivo de mejorar la calidad de las regulaciones públicas futuras, las instituciones tendrán la obligación de realizar una Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) previo a la presentación de un proyecto de nueva regulación. El EIR consistirá en un análisis sistemática de los objetivos, opciones e impacto de las regulaciones propuestas, esto con la finalidad de garantizar la factibilidad de la propuesta y asegurar que dichas regulaciones representen un beneficio para la sociedad.

Para el cumplimiento de las obligaciones, la normativa considera necesario el nombramiento de un Comisionado Institucional de Mejora Regulatoria, autoridad responsable de coordinar todas las obligaciones relacionados con la mejora regulatoria y representante de la institución para con el OMR, los demás actores del sistema y al interior de la institución.