En una decisión que pone en evidencia las tensiones entre el Poder Judicial y las políticas migratorias, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó una orden judicial que obliga al Gobierno federal a facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño deportado indebidamente a El Salvador pese a tener protección legal vigente.

El fallo del máximo tribunal valida la posición de la jueza federal Paula Xinis, quien resolvió que la expulsión de Abrego García se realizó en violación de una orden judicial previa y que su caso debe continuar tramitándose “como si nunca hubiera salido del país”. La Corte instó al Gobierno a colaborar con las autoridades salvadoreñas para liberar al inmigrante y tomar las medidas necesarias para reparar la deportación forzada.

El caso cobró relevancia nacional luego de que se hiciera pública la detención de Abrego García en Maryland mientras conducía junto a su hijo de cinco años, quien tiene autismo. Sin previo aviso y sin posibilidad de apelar, fue trasladado a Texas y posteriormente deportado a El Salvador el 15 de marzo, en un vuelo que compartió con presuntos pandilleros. Una vez en su país natal, fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a miles de presuntos miembros de pandillas.

Un caso que expone las grietas del sistema migratorio
La defensa del joven salvadoreño, quien emigró siendo adolescente tras recibir amenazas de pandillas, asegura que su cliente no tiene antecedentes penales ni vínculos con organizaciones criminales. Sus abogados han calificado su situación como una “tragedia kafkiana”, denunciando la ejecución de la deportación sin respeto al debido proceso ni notificación legal, en abierta violación de las garantías judiciales.

Este incidente ha vuelto a encender el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria, particularmente en casos donde las decisiones chocan con órdenes emitidas por tribunales federales. La administración del expresidente Donald Trump, bajo la cual se produjo la deportación, reconoció el hecho como un “error administrativo”, pero luego sostuvo que no tiene capacidad de revertirlo al tratarse de una persona ya bajo custodia extranjera.

Un símbolo del choque de poderes
El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., había emitido una suspensión temporal horas antes de que venciera el plazo impuesto por la jueza Xinis para el regreso de Abrego García. Finalmente, con el respaldo del resto del tribunal, la orden se volvió definitiva, marcando un precedente relevante en casos similares.

Este fallo representa una victoria para quienes defienden el debido proceso en asuntos migratorios y plantea nuevas preguntas sobre la responsabilidad del Estado cuando se cometen errores que afectan derechos fundamentales. Además, se convierte en un caso emblemático de los impactos humanos que pueden generar las políticas de deportación agresiva, especialmente cuando se ejecutan al margen de los tribunales.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una jornada informativa dirigida a jueces e integrantes de los tribunales calificadores que participarán en la decimoctava edición del Concurso Interuniversitario sobre Competencias para Juicios Orales.

Durante la sesión, se contó con la participación activa de profesionales que tendrán a su cargo la conducción de audiencias simuladas y la evaluación de los equipos universitarios. 

Entre los asistentes se encontraban jueces, capacitadores de la Escuela de Capacitación Judicial (ECJ) y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes asumirán roles clave como jueces e integrantes de los tribunales calificadores.

Este espacio formativo tuvo como objetivo principal brindar lineamientos claros y fortalecer los conocimientos técnicos de los encargados de evaluar el desempeño de los estudiantes en cada una de las etapas del concurso.

En su decimoctava edición, el certamen se enfocará en una temática de alta relevancia y actualidad: “Delitos contra las mujeres cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”. 

Este enfoque busca fomentar la reflexión y el análisis crítico en torno a los desafíos legales que plantea la violencia digital de género, y cómo deben abordarse desde el ámbito jurídico.

Con iniciativas como esta, el CNJ busca mejorar la formación de futuros profesionales del Derecho y la promoción de una justicia con enfoque de género y adaptada a los retos del entorno digital.

La Procuraduría General de la República (PGR) de El Salvador informó que entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 brindó un total de 506,656 servicios de atención a mujeres, lo que representa una disminución del 3 % en comparación con el mismo período anterior, cuando se registraron 521,106 atenciones.

De acuerdo con el informe de rendición de cuentas de la institución, el presupuesto asignado en 2024 para atender casos de violencia y discriminación contra las mujeres fue de $1,994,380, monto destinado principalmente al pago de salarios del personal especializado en esta área.

Una parte clave de esta labor se desarrolla en la Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres (UIAEM), donde se atendieron 61,029 mujeres. Estas unidades están presentes en las procuradurías auxiliares departamentales y cuentan con tres delegadas especializadas, junto a un equipo compuesto por 35 defensoras públicas especializadas, dos auxiliares jurídicas, 14 psicólogas y siete trabajadoras sociales.

Entre los departamentos con mayor cantidad de atenciones destacan San Salvador, con 14,846 casos; La Libertad Sur, con 6,589; y San Miguel, con 5,872 atenciones registradas.

Además, en coordinación con el programa Ciudad Mujer, se atendieron 10,917 mujeres a través de servicios como formación técnica, emprendimiento, salud sexual y reproductiva, créditos para mujeres y fortalecimiento de la autonomía financiera.

Detalle de servicios prestados

Durante el periodo reportado, la PGR brindó diversos servicios a las mujeres salvadoreñas:

• 170,297 atenciones generales a usuarias de la institución.
• 769 mujeres fueron acreditadas como mediadoras en sus comunidades.
• 40,929 atenciones psicosociales.
• 32,825 mujeres atendidas en el centro de atención virtual.
• 6,055 atenciones en control de fondos a terceros.
• 53,436 mujeres beneficiadas con defensa pública penal.
• 11,280 mujeres recibieron asesoría en derechos patrimoniales.
• 1,280 atenciones relacionadas con desplazamiento forzado interno.
• 66,189 servicios en temas de familia.
• 537 servidoras públicas y 9,694 trabajadoras atendidas en materia laboral.
• 4,490 mujeres recibieron apoyo en ludotecas.
• 6,148 atenciones en mediación y conciliación.
• 26,248 mujeres fueron atendidas en temas vinculados a niñez y adolescencia.
• 335 atenciones relacionadas con penas juveniles.
• 289 mujeres fueron orientadas sobre quejas y denuncias.
• 163 servicios brindados a través de unidades móviles o itinerantes.
• 3,747 trámites notariales realizados para mujeres.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa fortaleciendo la calidad de atención a los usuarios del sistema judicial mediante la entrega de nuevos paquetes de pruebas psicológicas a los profesionales que integran los Centros de Atención Psicosocial (CAPS).

La entrega fue realizada por el Departamento de Coordinación de Equipos Multidisciplinarios, encabezado por Manuel Armando Funes Serrano, quien destacó la importancia de esta actualización en las herramientas utilizadas por los psicólogos.
“Agradecemos el esfuerzo institucional para actualizar los test psicológicos, lo que permitirá a los profesionales obtener mejores resultados en las evaluaciones realizadas a los usuarios”, expresó Funes Serrano.

José Guillermo Mártir Hidalgo, coordinador de Psicología de Equipos Multidisciplinarios, resaltó el impacto positivo de estas nuevas herramientas en la labor diaria de los psicólogos. “Como auxiliares de los jueces, ofrecemos información clave para la toma de decisiones. Gracias a estas pruebas, obtendremos datos más objetivos y precisos para los informes que elaboramos”, comentó Mártir Hidalgo.

El evento incluyó la presentación de una investigación sobre la satisfacción de los usuarios, seguida por un panel de preguntas y respuestas en el que los psicólogos compartieron experiencias y resolvieron dudas.

Las nuevas pruebas psicológicas entregadas son fundamentales para evaluar aspectos esenciales como la personalidad, estabilidad emocional, capacidad de atención y cuidado en niños y adolescentes, y la identificación de problemas conductuales. Estos recursos son clave para la elaboración de dictámenes periciales y otros informes utilizados por los psicólogos en las jurisdicciones de Familia, Niñez y Adolescencia, Tribunales Contra el Crimen Organizado y otros ámbitos judiciales especializados.

Según el Órgano Judicial, este es un esfuerzo que refleja el compromiso de la CSJ por mejorar la eficiencia y la precisión en los procesos judiciales, garantizando que los informes psicológicos sean más objetivos y útiles en la toma de decisiones.

La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente el plazo de medianoche de este lunes impuesto para repatriar a Kilmar Armando Ábrego García, un hombre de Maryland que fue deportado por error a El Salvador y encarcelado.
La suspensión, solicitada por el presidente Donald Trump, concede más tiempo para que ambas partes presenten sus argumentos.
La decisión fue tomada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien manejó el caso de emergencia, extendiendo el plazo hasta que se emita una decisión definitiva, lo que se espera en los próximos días.
Ábrego García, ciudadano salvadoreño, fue deportado el 15 de marzo, y actualmente permanece en una prisión de alta seguridad en El Salvador.
La apelación llegó a la Corte Suprema minutos antes de la fecha límite, que obligaba al gobierno de Estados Unidos a devolverlo antes de las 11:59 p.m. del lunes. Los abogados del presidente Trump reconocieron que la deportación fue un error administrativo, pero argumentaron que no era posible traerlo de vuelta debido a que está bajo custodia salvadoreña.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó en su intervención que ordenar la repatriación de Ábrego carece de precedentes y subrayó que la Constitución otorga al presidente la responsabilidad de gestionar la diplomacia exterior y las expulsiones, sin la intervención de los tribunales federales.
A pesar del reconocimiento del error en la deportación, el gobierno estadounidense mantiene que Ábrego debería estar encarcelado, incluso en El Salvador.
El caso ha generado una serie de controversias legales en torno a las políticas de inmigración de la administración Trump, que continúa con una drástica reducción de la inmigración y la deportación de personas, independientemente de su estatus legal en el país.
Este caso es particularmente significativo, ya que es la primera vez que el gobierno de Trump admite un error relacionado con las deportaciones a El Salvador.
El conflicto legal se remonta a hace varios años, cuando Ábrego fue considerado erróneamente miembro de la pandilla MS-13.
A pesar de que la acusación nunca fue corroborada, y de que en 2019 un juez de inmigración le concedió el estatus de protegido, evitando su deportación, Ábrego fue arrestado en marzo de este año, mientras viajaba con su hijo.
El Departamento de Policía del Condado de Prince George había etiquetado a Ábrego como miembro de la pandilla debido a su vestimenta, una acusación que él y sus abogados han desmentido.
En un fallo la semana pasada, la jueza de distrito Paula Xinis calificó la deportación de Ábrego como un “grave error” y un acto “totalmente ilegal”, destacando que el gobierno no tenía justificación para arrestarlo ni para enviarlo a una de las prisiones más peligrosas de El Salvador.
Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito rechazó la solicitud del gobierno de levantar la orden de repatriación, destacando que la administración no tenía autoridad para deportar a una persona legalmente residente en el país sin el debido proceso. La jueza Stephanie Thacker, que formó parte de la panel de apelaciones, subrayó que el daño irreparable en este caso es el sufrimiento de Ábrego mientras se encuentra detenido en El Salvador.
La Corte Suprema continúa evaluando el caso y decidirá en los próximos días si se debe permitir su regreso a Estados Unidos o si la deportación será definitiva.