Propuesta de legalización de armas en El Salvador: un debate en la Asamblea Legislativa genera inquietudes

La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa tiene preparado un dictamen que propone “Disposiciones transitorias para la legalización de armas de fuego en el país”. Este decreto, de ser aprobado, permitiría a los ciudadanos registrar armas no legalizadas durante un plazo de 90 días, sin necesidad de justificar su origen o el uso que se les ha dado.

A pesar de que la propuesta fue respaldada por la Comisión la semana pasada, aún no ha sido discutida en el pleno, enfrentándose a críticas de diversos sectores, incluidos diputados de oposición y organizaciones sociales.

Según reportes periodísticos locales, entre los detractores se encuentra el criminalista Ricardo Sosa, asesor del Ministerio de Seguridad, quien argumenta que esta iniciativa contradice los esfuerzos gubernamentales para controlar la violencia.

Sosa expresó su preocupación en redes sociales, señalando que no se necesitan más armas en manos de la población y cuestionando la lógica detrás de legalizar armas que fueron adquiridas irregularmente.
El diputado Caleb Navarro, presidente de la Comisión y miembro del partido Nuevas Ideas, justificó la iniciativa al afirmar que está dirigida a aquellos ciudadanos que adquirieron armas en un contexto de inseguridad y que no han podido registrarlas.

“A esos buenos salvadoreños que se armaron para defender a sus familias o negocios, a ellos va dirigida esta disposición”, sostuvo.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió el proyecto como una “ley para gente honrada” y expresó que la trazabilidad de las armas, incluso en caso de robo, es beneficiosa para la sociedad.

La diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, se unió a las voces críticas, argumentando que la falta de información sobre el dictamen y la posibilidad de abusos son motivos suficientes para rechazar la propuesta.
“No podemos votar por algo que no conocemos”, enfatizó, refiriéndose también a los riesgos de denuncias anónimas sin penalización.

Este debate se sitúa en un contexto donde en enero de 2022, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y otros movimientos presentaron una propuesta para reformar la Ley de Armas, buscando establecer límites en la posesión de armas y medidas de control más rigurosas.
Sin embargo, esta iniciativa fue ignorada por el Legislativo, lo que ha llevado a cuestionar la voluntad política para abordar la problemática de la violencia en el país.

La posible legalización de armas en El Salvador sigue siendo un tema controvertido que plantea serias dudas sobre su conveniencia, en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad, un tema que ha tenido grandes avances en los últimos dos años, y el uso responsable de las armas en la sociedad salvadoreña.