Proponen 10 años de cárcel para delito relacionado al espionaje

Ayer, el diputado de ARENA Norman Quijano presentó una propuesta de reforma al artículo 186 del Código Penal, para que se castigue hasta con 10 años de cárcel el delito relacionado con la intervención de las telecomunicaciones debido a las denuncias por espionaje, que presentaron hace unos meses la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Asociación de Banqueros de El Salvador (ABANSA).

“El que con el fin de vulnerar la intimidad de otro, intercepte, impidiere, o interrumpiere una comunicación telegráfica o telefónica o utilizare instrumentos o artificios técnicos de escucha, transmisión o grabación del sonido, la imagen o cualquier otra señal de comunicación, será sancionado con prisión de cinco años a diez años”, reza la iniciativa de reforma al artículo 186 del Código Penal. La misma pena se le interpondrá a quien revele a un tercero los datos descubiertos, así como si este tercero difunde la información descubierta, pese a saber que es un ilícito.

De acuerdo con el diputado, actualmente la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, en el artículo 35, ya establece que quien intervenga las comunicaciones sin ninguna orden judicial será sancionado con prisión de cinco a 10 años. Sin embargo, existe una discrepancia, porque el Código Penal en la tipificación del delito de “captación de comunicaciones”, relacionado con la vulneración a la intimidad de otro, solo sanciona con seis meses a un año y una multa que puede ir de 50 a 100 días laborales, y en caso que se planee un delito, señala un agravante con pena de dos a seis años.

“Entonces, lo que estoy proponiendo es homologar el Código Penal con la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, para que se pongan penas de cinco a 10 años”, explicó el diputado, además sostuvo que estos actos de espionaje son característicos de los estados totalitarios como Venezuela. El diputado no se atrevió a señalar al Gobierno actual por las denuncias que hicieron las gremiales, pues dijo que será la Fiscalía General de la República la que lo determine.