La reciente decisión del expresidente Donald Trump de imponer un arancel del 104% a todos los productos importados desde China ha sacudido con fuerza al gigante tecnológico Apple. La medida, que busca proteger la industria estadounidense, ya ha tenido consecuencias directas: el coste de producción de un iPhone se ha disparado en más de 300 dólares.

Apple, que fabrica la mayoría de sus dispositivos en China, se ve ahora obligada a enfrentar un sobrecoste que afecta directamente a su producto estrella: el iPhone. El modelo iPhone 16 Pro Max, por ejemplo, pasaría de costar 550 dólares en producción a unos 850 dólares, según cifras publicadas por The Wall Street Journal.

Este incremento podría trasladarse a los consumidores. Un informe de Rosenblatt Securities, recogido por Reuters, señala que los precios del iPhone podrían aumentar hasta un 43%. Así, el modelo más caro —el iPhone 16 Pro Max de 1 terabyte— pasaría de 1.599 a casi 2.300 dólares en Estados Unidos.

En Europa, especialmente en países como España, el impacto también podría sentirse, aunque de forma distinta por los ya elevados precios base: el mismo modelo ya cuesta en torno a los 1.969 euros.

Las repercusiones no se han hecho esperar. Apple ha perdido cerca de un 23% de su valor bursátil desde que se anunciaron los aranceles, lo que equivale a más de 300.000 millones de dólares evaporados. La caída ha permitido que Microsoft recupere el primer lugar como la compañía con mayor capitalización del mundo.

Ante la emergencia, Apple ha reaccionado con rapidez: fletó cinco aviones con iPhones ensamblados en India para abastecer el mercado estadounidense antes de la entrada en vigor del arancel. Sin embargo, esta solución es temporal y costosa. Además, los productos procedentes de India y Vietnam también han sido alcanzados por nuevos aranceles del 27% y 46%, respectivamente.

La tensión comercial ha resucitado un viejo debate: ¿por qué Apple no fabrica en EE.UU.? La respuesta, según los propios fundadores y ejecutivos de la empresa, es simple: no existe en el país la infraestructura ni el volumen de ingenieros cualificados necesarios. China sigue ofreciendo ventajas en costes, velocidad y capacidad técnica que hoy no pueden replicarse en suelo estadounidense.

Con el mercado global en alerta, las decisiones políticas vuelven a poner en jaque a la industria tecnológica. Y mientras se redefinen las reglas del juego comercial, los consumidores podrían ser los primeros en pagar el precio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este miércoles una suspensión temporal de 90 días en la aplicación de aranceles a aquellos países que no han respondido con medidas comerciales en contra de su estrategia arancelaria y han buscado una solución negociada. La decisión fue anunciada a través de su cuenta en la red social Truth Social.

Trump detalló que más de 75 naciones han mostrado interés en dialogar con Washington y no han tomado represalias contra Estados Unidos, lo que motivó su decisión de implementar una pausa en los gravámenes. «He autorizado una pausa de 90 días y una reducción significativa de los aranceles recíprocos durante este periodo, del 10 %, con efecto inmediato», expresó el mandatario.

Sin embargo, la relación con China se endurece aún más. El presidente ordenó el aumento inmediato de los aranceles al 125 % sobre ciertos productos chinos, alegando que Pekín actuó de manera «despectiva» al imponer sus propios gravámenes en respuesta a las políticas comerciales de Washington.

En tono provocador, Trump también hizo referencia a la situación con los países que han intentado negociar una solución a los aranceles. «Estos países nos están llamando. Me están besando el trasero. Se mueren por llegar a un acuerdo», comentó ante el Comité Republicano.

La guerra comercial de Trump alcanzó una nueva escalada la semana pasada con la imposición de un arancel del 10 % a casi todos los países del mundo, con incrementos adicionales para naciones y bloques como la Unión Europea, cuyos gravámenes alcanzan el 20 %. El arancel del 10 % comenzó a aplicarse el sábado pasado, y las tarifas adicionales fueron implementadas este miércoles.

El Salvador ha sido designado por el gobierno de los Estados Unidos como el país más seguro para viajar en Centroamérica, al pasar su alerta de viaje del nivel 2 al nivel 1. Esta medida representa un impulso significativo para el turismo salvadoreño, ya que se espera un aumento en la llegada de viajeros norteamericanos al país.

Morena Valdez, ministra de Turismo de El Salvador, celebró el cambio en la alerta y destacó que este avance podría resultar en un incremento importante de visitantes provenientes de Estados Unidos, lo que sería beneficioso para la economía del país. “La decisión del gobierno estadounidense refleja los esfuerzos que hemos realizado para mejorar la seguridad y ofrecer un ambiente turístico confiable. 

Este cambio no solo atraerá más turistas, sino que también fortalecerá la imagen de El Salvador como un destino seguro y acogedor”, señaló la ministra en una entrevista en radio KL.

Además del cambio en la alerta de viaje, Valdez destacó que el país enfrenta tres grandes retos para continuar fortaleciendo sus áreas de interés turístico. Estos retos incluyen mejorar la infraestructura turística, garantizar la sostenibilidad de los destinos y seguir promoviendo una mayor participación del sector empresarial en el desarrollo del turismo.

Uno de los principales destinos que está viendo un crecimiento en la oferta turística es el Puerto de La Libertad, que se está posicionando como un punto clave para el turismo tanto nacional como internacional. La variedad gastronómica y las actividades recreativas están atrayendo a más turistas, especialmente con la proximidad de las vacaciones de Semana Santa. 

“El Puerto de La Libertad es uno de nuestros principales atractivos. Tenemos una gran variedad de opciones para los turistas, lo que lo convierte en un destino perfecto para pasar unas vacaciones, ya sean locales o internacionales”, agregó la titular del Ministerio de Turismo.

El Salvador también sigue avanzando en proyectos de infraestructura turística, con la implementación de una operación de préstamo de $106 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Con estos fondos, se llevarán a cabo varias obras en el litoral salvadoreño, incluidas las cinco torres para guardavidas, lo que refuerza la seguridad de los visitantes en las playas del país.

Asimismo, el país está trabajando en iniciativas para mejorar la sostenibilidad ambiental, tales como el tratamiento de aguas residuales y la reforestación de manglares. 

Estos esfuerzos se realizan en conjunto con el sector empresarial, con el objetivo de asegurar que el crecimiento del turismo sea compatible con la preservación del medio ambiente.

El cambio en la alerta de viaje emitida por Estados Unidos es un hito importante para El Salvador, pues subraya el progreso del país en materia de seguridad y desarrollo turístico. 

Con este respaldo internacional, El Salvador está en una posición privilegiada para atraer más turistas y consolidarse como un destino de referencia en Centroamérica. 

La semana pasada el gobierno inauguró Surf City 2, que incluye una franja de playa en el oriente del país y que se perfila como un potencial turístico importante que impactará significativamente en esa región.

La posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión podría tener repercusiones significativas para la economía salvadoreña, aunque también existen escenarios que podrían mitigar los efectos negativos. 

Según economistas locales, las áreas más vulnerables serían las remesas, el empleo y las exportaciones, pero no todo está predeterminado: la manera en que El Salvador se adapte y ajuste sus políticas podría determinar en gran medida el alcance de los daños.

Uno de los sectores que más podría sentir el impacto es el laboral. En particular, las empresas dedicadas a las exportaciones enfrentarían el desafío de una posible caída en la demanda externa. Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), destaca que una desaceleración en el comercio exterior podría llevar a muchas compañías a reducir su personal, especialmente aquellas vinculadas con mercados internacionales. No obstante, el mismo Rodríguez también señala que las empresas salvadoreñas, al ser resilientes y tener una estructura de costos adaptada a situaciones cambiantes, podrían tomar medidas para minimizar despidos, optimizando procesos o diversificando mercados.

El impacto sobre las remesas, otro pilar económico crucial para El Salvador, también es un punto clave. 

Óscar Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), apunta que si la recesión en Estados Unidos afecta el empleo allí, los flujos de remesas hacia El Salvador podrían reducirse. 

Sin embargo, otros analistas sugieren que la sólida red de la diáspora salvadoreña, con sus canales de apoyo a las familias, podría encontrar maneras de mitigar cualquier disminución temporal, ayudando a mantener la estabilidad de las remesas en el largo plazo.

En cuanto a las exportaciones, El Salvador ya ha experimentado una desaceleración en los últimos años. Según datos del BCR, en 2023 las exportaciones cayeron un 8.7%, y la tendencia continuó en 2024 con una disminución del 0.8%. Ante una posible recesión estadounidense, el riesgo de que esta tendencia se profundice es una preocupación, sobre todo para productos enfrentados a aranceles más altos. No obstante, la diversificación de los destinos de las exportaciones, y el creciente interés de países de otras regiones por los productos salvadoreños, podría suavizar la caída en los envíos.

Por otro lado, la reciente política arancelaria de Estados Unidos, que aumentó los costos de importación, podría generar presiones inflacionarias dentro del país, afectando tanto a empresas como consumidores. No obstante, muchos economistas aseguran que la economía salvadoreña está mejor preparada que en el pasado para afrontar este tipo de situaciones, dado el fortalecimiento de las políticas fiscales y el impulso hacia la diversificación de su economía.

Además, aunque la inversión extranjera en El Salvador ha disminuido ligeramente en los últimos años, alcanzando los 113.38 millones de dólares en 2024, existen oportunidades para que el país atraiga más capital, especialmente si logra posicionarse como un socio estratégico para empresas que buscan alternativas a la incertidumbre económica global.

En este escenario de incertidumbre, el presidente de Fudecen, Carlos Acevedo, advierte que, de materializarse la recesión, el país podría enfrentar una desaceleración económica alrededor de seis meses después que Estados Unidos. 

Sin embargo, este periodo de tiempo podría ofrecer una ventana para que El Salvador adopte políticas económicas y sociales que ayuden a minimizar los impactos negativos y aprovechar las oportunidades que surjan.

En conclusión, aunque la recesión en Estados Unidos es un escenario que plantea varios desafíos para la economía de El Salvador, también abre una oportunidad para que el país refuerce sus lazos comerciales con otras regiones, fomente la diversificación de su economía y continúe fortaleciendo su resiliencia frente a fluctuaciones económicas globales.

Encontrar oportunidades, insiste Choussy

El economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Mauricio Choussy, aseguró que El Salvador puede aprovechar la guerra comercial impulsada por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. 

Aunque el país se enfrenta a un arancel del 10 % sobre sus productos, esta tasa resulta más competitiva en comparación con los aranceles mucho más altos aplicados a otros competidores en sectores clave como el textil, como Bangladesh, Vietnam, India y Pakistán. 

Choussy destacó que esta diferencia podría favorecer a la industria maquilera salvadoreña y atraer inversiones de países afectados por tarifas más elevadas, generando nuevas oportunidades comerciales para El Salvador.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) expresó la importancia de mejorar la capacidad del sistema eléctrico del país para satisfacer una posible expansión de la inversión privada. 

El presidente de la ASI, Jorge Arriaza, señaló que este es uno de los desafíos más significativos para el sector de la construcción en El Salvador.

Aunque la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) afirmó en febrero que la capacidad energética instalada en el país supera ampliamente la demanda actual, Arriaza destacó que la situación podría complicarse si se registrara un incremento considerable de inversiones. Según la DGEHM, al cierre del año pasado, El Salvador contaba con 3,014 megavatios (MW) de capacidad instalada, una cifra que triplica los 1,000 MW requeridos diariamente en el mercado mayorista.

En términos de participación regional, El Salvador tiene el 15.6% de la capacidad instalada en Centroamérica, que en total alcanza los 19,325 MW. De esa capacidad, el 25.11% corresponde a energía térmica, un 20.53% a hidroeléctrica, un 12.5% a gas natural, un 9.90% a biomasa, y un 8.03% a energía fotovoltaica. 

Además, el país complementa su oferta con la generación de energía a partir de fuentes geotérmicas y distribuida.

Sin embargo, los datos más recientes de la Unidad de Transacciones (UT) muestran que la demanda de energía eléctrica en El Salvador creció un 4.3% en 2024, lo que genera incertidumbre sobre el futuro. 

La DGEHM estima que esta demanda aumentará un 3.7% anualmente durante los próximos 15 años, lo que podría traducirse en una duplicación de la demanda si se concretan nuevos proyectos turísticos y se incrementa la circulación de autos eléctricos.

Arriaza resaltó que la expansión de la capacidad energética ha sido uno de los puntos clave evaluados por las empresas que están considerando operar en el país. Además, el líder industrial expresó su preocupación por cómo la transición hacia vehículos eléctricos podría generar aún más presión sobre el sistema energético nacional.

En este contexto, el Consejo Industrial de El Salvador, en el que participa la ASI, se prepara para discutir estas y otras cuestiones con el presidente Nayib Bukele. Este miércoles se llevará a cabo la primera reunión entre el mandatario y el Consejo Industrial, en la que se abordarán 11 puntos clave para el sector, entre ellos, las necesidades de financiamiento, la ubicación de nuevas zonas francas, la capacitación técnica de la mano de obra y el fortalecimiento de los servicios del sector.

Arriaza adelantó que, tras la reunión, el Consejo Industrial compartirá públicamente los acuerdos alcanzados con el gobierno. Esta reunión representa un paso importante en el establecimiento de un plan de acción conjunto entre el sector privado y el gobierno para abordar los desafíos económicos del país.