El primer año de gestión legislativa nos queda en deuda

Por: Óscar Campos, coordinador del Área de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia. 

En el mes de mayo 2019, la legislatura 2018-2021 de la Asamblea Legislativa cumplió un año de gestión legislativa, periodo en el cual se han suscitado muchos acontecimientos que son dignos de señalar -la mayoría- o destacar -algunos pocos-, los cuales trataré de mencionar de la manera más sencilla posible, por si acaso algún diputado o diputada se toma la molestia de leernos.

En una democracia representativa moderna, actualizada y respetuosa de los principios internacionales de transparencia y rendición de cuentas, la Asamblea Legislativa a través de sus diferentes comisiones y los diputados y diputadas (propietarios y suplentes) en forma individual, realizarían ejercicios de rendición de cuentas de su labor parlamentaria, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en sus plataformas legislativas y de las reuniones o sesiones de lobby que durante este año de gestión se generaron.

Sin embargo, como es costumbre en algunos funcionarios de elección popular, lamentablemente solo se acercan al territorio a conversar con la gente cuando andan buscando el apoyo de las bases, previo a las elecciones internas o en periodo electoral -a veces anticipado- cuando andan pidiendo el voto para poder llegar a la obtención de un curul legislativo.

En ambos casos puede considerarse hasta normal que lo hagan así, lo que no debo de dejar pasar es que ninguno de ellos se acerca al territorio y al departamento por el cual resultaron electos, para rendirle cuentas a sus votantes y mucho menos lo hacen a nivel nacional cuando toman decisiones que afectan a todas las personas en el país.

Es tal la displicencia, que en el seno de la Asamblea Legislativa se denota para con este tema de rendición de cuentas, que durante la campaña electoral donde resultaron electas las personas de la actual legislatura, la Iniciativa Social para la Democracia -ISD- propuso la suscripción de un pacto con las candidatas y candidatos a diputaciones, para impulsar un “Plan de Acción de Parlamento Abierto”, mediante el cual se fomentará la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas como pilares de su gestión legislativa. Este pacto fue firmado únicamente por el ahora diputado no partidario, Leonardo Bonilla.

Precisamente, en relación a la labor legislativa, debo decir que los aciertos de esta legislatura son contados con los dedos de las manos, algunos de ellos: el desafuero del magistrado que estaba siendo investigado por posibles delitos contra la libertad sexual, la aprobación de un presupuesto general de la nación por $6,700 millones antes del inicio del año fiscal 2019;  y legislar por impulsar la mejora regulatoria, la eliminación de trámites burocráticos y la nueva normativa de procedimientos administrativos.

Pero para este servidor, los desaciertos legislativos son más y algunos con repercusiones muy peligrosas, por ejemplo, la no discusión integral, objetiva y responsable de la normativa relacionada al manejo del agua en el país. La falta de criterios objetivos para los procesos de elecciones indirectas o de segundo grado como magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Procuraduría General de la República, la aprobación exprés de reformas en el tema de las candidaturas no partidarias, la no discusión de la ley de la función pública; las reformas a la ley del servicio civil, las reformas para evitar la prescripción de los delitos de corrupción y las reformas a ley de partidos políticos para la transparencia en el financiamiento de los partidos, y así podría continuar sin reparos.

Por todo lo anterior considero que en este primer año de la legislatura 2018-2021, los diputados y diputadas nos quedan debiendo una gestión más responsable, transparente y ética. Ojalá recapaciten y los 2 años restantes sean mejores.