Prevención jurídica en la construcción: un cambio de paradigma necesario para la  eficiencia y la competitividad

“La prevención jurídica se presenta como un pilar fundamental para la  sostenibilidad y competitividad empresarial, y se convierte en una clave para generar  mejores condiciones para un sector de la economía que actualmente está en plena  expansión en el país”

La industria de la construcción se ha consolidado como uno de los sectores con mayor  recurrencia de conflictos. La industria es muy proclive a retrasos, sobrecostos, cambios de  diseño, reclamos económicos por trabajos adicionales, diferencias técnicas y en definitiva  incumplimientos contractuales.
Este carácter conflictivo del sector no es nuevo; lo que sí ha  cambiado es la conciencia creciente de que los conflictos son previsibles y, por lo tanto,  gestionables antes de que escalen. 

En este contexto, la prevención jurídica se convierte en una herramienta estratégica: en  lugar de esperar a que surja una disputa, las empresas buscan anticiparse mediante  procesos, contratos y mecanismos de resolución temprana. Así, la conversación sobre  prevención ya no es opcional; es un componente esencial de la competitividad empresarial. 

En términos simples, el modelo preventivo es un enfoque de anticipación y gestión proactiva  del riesgo jurídico. Su objetivo es doble: 1. Prevenir que los conflictos surjan mediante una  adecuada planificación legal, técnica y contractual. 2 Resolverlos rápidamente si se  presentan, evitando que escalen a arbitrajes o litigios mediante buenas prácticas y  herramientas de solución temprana. 

Está claro que el modelo preventivo no busca eliminar las controversias —algo imposible en  proyectos complejos—, sino gestionarlas con eficiencia y bajo un marco legal diseñado  desde el inicio. 

Cuando la asesoría jurídica se activa solo al final del proyecto, las consecuencias  normalmente son irreversibles. Para entonces, la controversia ya está incrustada en la  relación entre las partes y el camino más probable es un arbitraje o litigio.

Entre los  problemas más habituales destacan: Falta de una Gestión Contractual adecuada (ausencia  de bitácoras, reportes, registros diarios o incompletos); retrasos significativos y sobrecostos  sin documentación que los respalde; cambios en el alcance y eventos imprevisibles sin  notificación oportuna; imposibilidad de reconstruir la trazabilidad contractual, lo que  debilita la posición de cualquiera de las partes. 

En cambio, planificar jurídicamente desde la etapa inicial permite: Diseñar contratos de obra  alineados a las necesidades reales del proyecto; definir roles, responsabilidades y  distribución de riesgos; incorporar la figura de un Supervisor que valide cantidades, calidad  y cumplimiento técnico; crear mecanismos de control financiero claves para evitar  desequilibrios o reclamos futuros; incluir metodologías de Gestión Contractual para  registrar todo evento relevante; establecer métodos alternativos de resolución de  controversias a través de una cláusula escalonada de solución de controversias, por ejemplo, 

Una Mesa de Resolución de Conflictos permanente o no, según la envergadura del proyecto  o arreglo directo previo al litigio o arbitraje. El resultado: menos disputas, mayor eficiencia  y proyectos que avanzan sin interrupciones. 

La prevención jurídica solo funciona si se implementa de forma integral. Deben involucrarse: El dueño del proyecto o contratante, el contratista, la supervisión técnica, el banco financista,  si aplica, equipos técnicos y jurídicos de todas las partes. En otras palabras, la prevención es  una responsabilidad compartida. 

Desde los contratos estandarizados como FIDIC se ha aprendido que la clave está en la  adecuada distribución de riesgos, adecuada gestión contractual y comunicación temprana  sobre eventos disruptores y notificación de reclamos.  

En la experiencia arbitral internacional ha quedado claro que muchos conflictos habrían  podido evitarse si los contratos hubieran incorporado mecanismos escalonados de  resolución. Entre los más efectivos: Dispute Boards o Mesas de Resolución de Controversias. Procedimientos de arreglo directo entre las partes.

Participación de un tercero neutral antes  de llegar al arbitraje. De manera interesante en una tendencia clara los tribunales arbitrales  han decidido las disputas en un sentido muy similar a las decisiones adoptadas en las Mesas  de Resolución de Controversias. En definitiva, la tendencia internacional confirma que la  resolución temprana es más eficiente y menos costosa que el arbitraje. 

En el caso de El Salvador, aunque todavía existe un reto significativo para adoptar una cultura  de prevención, se observa una tendencia creciente en mayor uso de contratos  estandarizados como FIDIC, especialmente en proyectos de gran escala, influencia de  inversión extranjera y financiamientos multilaterales, que exigen mejores prácticas; esto  conlleva a una mayor conciencia entre equipos técnicos y jurídicos sobre la importancia de  la planificación contractual.  

En definitiva, en el ámbito privado la prevención jurídica no es un costo, sino una inversión.  Entre los beneficios más visibles: Mayor rentabilidad del proyecto, reducción de riesgos  técnicos, económicos y legales, mayor probabilidad de cumplir plazos y estándares de  calidad, disminución de reclamos, arbitrajes y costos administrativos. 

En proyectos públicos o financiados por organismos internacionales, la prevención jurídica  adquiere un valor aún mayor, ya que garantiza que la obra se concluya conforme a sus  objetivos, que normalmente están ligados al beneficio social y a la eficiencia en el uso de  fondos públicos. Además, facilita auditorías, transparencia y rendición de cuentas. 

Para iniciar la transición hacia una cultura preventiva, se recomienda, primero, realizar un  diagnóstico del estado actual de la gestión contractual y legal; diseñar un plan de  capacitación para todos los actores del proyecto sobre gestión contractual, métodos alternos de resolución de controversias y buenas prácticas en materia de prevención de  conflictos. 

Estamos claros que la prevención no es un documento: es una cultura  organizacional que se construye con disciplina y constancia. 

En conclusión, la prevención jurídica se presenta como un pilar fundamental para la  sostenibilidad y competitividad empresarial, y se convierte en una clave para generar  mejores condiciones para un sector de la economía que actualmente está en plena  expansión en el país, esto debe llevar a equipos legales y técnicos a capacitarse para conocer  de las mejores prácticas en materia de construcción, enfocado en la gestión contractual y  en el manejo temprano de disputas y por qué no decirlo, a una adecuación confección de  contratos que permitan condiciones adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de  todos los involucrados.  En Lex Litis Latam contamos con un programa denominado Legal Trends in Construction desde el cual compartimos información de valor para nuestros clientes que operan en el  rubro en un entorno donde cada día cuenta y cada decisión implica riesgo; promovemos el  modelo preventivo para que deje de ser una opción y se convierte en una ventaja  competitiva.