Prevención del lavado de dinero,más que leyes, un esfuerzo de país

Por: William Rebollo, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia. 

En días recientes el tema del lavado de dinero ha acaparado los titulares de distintos periódicos y medios de comunicación. Los casos de corrupción de expresidentes, sumado a las noticias entorno a la reforma a la ley de la Fiscalía General de la Repúblicapara dotar de autonomía a la Unidad de Investigación Financiera;el veto presidencial a dicha iniciativa y la exclusión del El Salvador del grupo Egmont, han generado un ambiente propicio para abordar el tema del lavado de dinero y de la corrupción.

No cabe duda que el lavado de dinero es una actividad que causa daño a la economía, democracia y sociedad en general. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el lavado de dinero en el mundo podría representar entre 2% y 5% del Producto Interno Bruto global (PIB), lo cual definitivamente se traduce en un impacto no solo económico, sino que, además, implica una diversidad de actores, tanto privados como públicos, por lo que en ese sentido también daña la institucionalidad y carcome el tejido social.

Si bien en el país se cuenta desde 1998 con la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos para poder combatir esta actividad,dicha ley se generó como consecuencia de compromisos adquiridos a nivel internacional, como por ejemplo con el Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos,y la Convención de Las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y ha sido hasta en los últimos años que se han profundizado diferentes esfuerzos por combatir esta actividad.

Así, por ejemplo, las reformas efectuadas ala Ley de Contra el Lavado de Dinero y Activos implementadas desde el 2006,han ido fortaleciendo el abordaje dela problemática,estableciendo nuevas obligaciones normativas, entre las cuales se pueden mencionar la creación de manuales y políticas de prevención del delito del lavado de dinero y activos, controles preventivos de financiamiento al terrorismo y otros delitos relacionados; reportes de operaciones y transacciones financieras a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). La creación de una Oficialía de Cumplimiento; así como también nuevas las sanciones económicas y penales.

De esta forma, se pude apreciar como desde la ley, el Estado ha tratado de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, y no solamente a través de la Ley de Contra el Lavado de Dinero y Activos, pues vemos como más recientemente,se ha impulsado la reforma al art. 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República,con la cual se busca de dotar de mayor autonomía a la Unidad de Investigación Financiera.

Dicha reforma del art. 70 es producto de la recomendación efectuada por delegados del Grupo Egmont, quienes consideran necesario establecer la independencia y la autonomía técnica operativa de la Unidad de Investigación Financiera respecto del Fiscal General de la República.

Sin embargo, esta última reforma en mención ha transitado un camino difícil, ya que, habiendo sido aprobada por la Asamblea Legislativa,fue vetada por el Presidente de la República por considerarla inconstitucional por supuestamente contravenir los arts. 86 y 193 de la Constitución,argumentando que dicha reforma le resta atribuciones exclusivas a la Fiscalía General de laRepública.

No obstante, se logró superar el veto con 56 votos en la Asamblea Legislativa, con lo cual se remitió nuevamente el decreto a la Presidencia de la República, quien lo remitió a la Corte Suprema de Justicia para que dirimiera el conflicto respecto a la reforma generado entre los dos Órganos del Estado.

Ello nos demuestra, que, si bien a través de una serie de reformas se puede fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, no basta tan solo con ello, pues es necesario que todas las instituciones del Estado se encuentren en sintonía y tengan la voluntad firme de abordar la problemática.

Es por ello, que más allá de un cambio de leyes, es necesaria la articulación de instituciones diversas, tanto públicas como privadas en un esfuerzo tendiente a promover un cambio de cultura que permita formar valores en los ciudadanos, un cambio de cultura con el que la honestidad y la transparencia sean una norma interiorizada por la población y especialmente por los funcionarios públicos cuya obligación es servir.

Para lograr este cambio, actores fundamentales son la familia y las escuelas. De manera que desde la temprana infancia se puedan promover valores que permitan realmente generar un clima propicio para la prevención del delito de lavado de dinero,apostando a la integridad y ética de los futuros ciudadanos, por lo que más que leyes y reformas. Es necesario un esfuerzo de país para poder realmente combatir este flagelo.