En un ambiente de continuidad y compromiso, la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) celebró su Asamblea General de Socios, donde se ratificó a Silvia Cuéllar como presidenta para el período 2025-2027.

La dirigencia de la gremial apostó por la experiencia, al confirmar en sus cargos a los miembros que venían ejerciendo funciones desde el período 2023-2025. Durante el acto, también se llevó a cabo la juramentación oficial tanto de la Junta Directiva como del Tribunal de Honor, marcando así el inicio de un nuevo ciclo bajo un liderazgo ya consolidado.

En su mensaje a los socios, Cuéllar reafirmó su compromiso con el sector exportador y delineó su visión estratégica, enfocada en la diversificación de mercados y el fortalecimiento de las capacidades del gremio.

“Este es un momento clave para redoblar esfuerzos y abrir nuevas puertas para nuestros productos salvadoreños”, expresó.

La jornada también fue propicia para la presentación del Informe de Labores 2023-2025, así como para dar la bienvenida a nuevos integrantes del sector exportador, quienes se suman a los esfuerzos de crecimiento y posicionamiento internacional del país.

El evento contó con la presencia de la ministra de Economía, María Luisa Hayem, quien brindó un panorama actualizado sobre la economía nacional y los proyectos estratégicos que el Gobierno impulsa en favor del sector productivo. La funcionaria hizo un llamado a la acción frente al cambiante contexto global, y reiteró el respaldo institucional a los empresarios que buscan expandir sus operaciones fuera de las fronteras nacionales.

Con una directiva ratificada y nuevos desafíos por delante, Coexport inicia este nuevo periodo con la mirada puesta en la innovación, la internacionalización y el fortalecimiento de sus socios. La presidenta Cuéllar, al frente de este barco, se dispone a seguir navegando con rumbo firme hacia mercados más amplios y oportunidades renovadas.

En una decisión que pone en evidencia las tensiones entre el Poder Judicial y las políticas migratorias, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó una orden judicial que obliga al Gobierno federal a facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño deportado indebidamente a El Salvador pese a tener protección legal vigente.

El fallo del máximo tribunal valida la posición de la jueza federal Paula Xinis, quien resolvió que la expulsión de Abrego García se realizó en violación de una orden judicial previa y que su caso debe continuar tramitándose “como si nunca hubiera salido del país”. La Corte instó al Gobierno a colaborar con las autoridades salvadoreñas para liberar al inmigrante y tomar las medidas necesarias para reparar la deportación forzada.

El caso cobró relevancia nacional luego de que se hiciera pública la detención de Abrego García en Maryland mientras conducía junto a su hijo de cinco años, quien tiene autismo. Sin previo aviso y sin posibilidad de apelar, fue trasladado a Texas y posteriormente deportado a El Salvador el 15 de marzo, en un vuelo que compartió con presuntos pandilleros. Una vez en su país natal, fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a miles de presuntos miembros de pandillas.

Un caso que expone las grietas del sistema migratorio
La defensa del joven salvadoreño, quien emigró siendo adolescente tras recibir amenazas de pandillas, asegura que su cliente no tiene antecedentes penales ni vínculos con organizaciones criminales. Sus abogados han calificado su situación como una “tragedia kafkiana”, denunciando la ejecución de la deportación sin respeto al debido proceso ni notificación legal, en abierta violación de las garantías judiciales.

Este incidente ha vuelto a encender el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria, particularmente en casos donde las decisiones chocan con órdenes emitidas por tribunales federales. La administración del expresidente Donald Trump, bajo la cual se produjo la deportación, reconoció el hecho como un “error administrativo”, pero luego sostuvo que no tiene capacidad de revertirlo al tratarse de una persona ya bajo custodia extranjera.

Un símbolo del choque de poderes
El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., había emitido una suspensión temporal horas antes de que venciera el plazo impuesto por la jueza Xinis para el regreso de Abrego García. Finalmente, con el respaldo del resto del tribunal, la orden se volvió definitiva, marcando un precedente relevante en casos similares.

Este fallo representa una victoria para quienes defienden el debido proceso en asuntos migratorios y plantea nuevas preguntas sobre la responsabilidad del Estado cuando se cometen errores que afectan derechos fundamentales. Además, se convierte en un caso emblemático de los impactos humanos que pueden generar las políticas de deportación agresiva, especialmente cuando se ejecutan al margen de los tribunales.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una jornada informativa dirigida a jueces e integrantes de los tribunales calificadores que participarán en la decimoctava edición del Concurso Interuniversitario sobre Competencias para Juicios Orales.

Durante la sesión, se contó con la participación activa de profesionales que tendrán a su cargo la conducción de audiencias simuladas y la evaluación de los equipos universitarios. 

Entre los asistentes se encontraban jueces, capacitadores de la Escuela de Capacitación Judicial (ECJ) y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes asumirán roles clave como jueces e integrantes de los tribunales calificadores.

Este espacio formativo tuvo como objetivo principal brindar lineamientos claros y fortalecer los conocimientos técnicos de los encargados de evaluar el desempeño de los estudiantes en cada una de las etapas del concurso.

En su decimoctava edición, el certamen se enfocará en una temática de alta relevancia y actualidad: “Delitos contra las mujeres cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”. 

Este enfoque busca fomentar la reflexión y el análisis crítico en torno a los desafíos legales que plantea la violencia digital de género, y cómo deben abordarse desde el ámbito jurídico.

Con iniciativas como esta, el CNJ busca mejorar la formación de futuros profesionales del Derecho y la promoción de una justicia con enfoque de género y adaptada a los retos del entorno digital.

El Salvador ha asestado fuertes golpes al narcotráfico con la incautación de más de 10 toneladas de droga entre enero y marzo de este año, según informaron este jueves las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado. 

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, participó en el anuncio destacando el impacto de estas acciones en la lucha contra el crimen organizado.

“Hemos asestado un duro golpe al narcotráfico, interceptando a tres embarcaciones involucradas en actividades ilícitas. Se capturaron personas y se confiscó un gran cargamento de cocaína”, afirmó Delgado, quien enfatizó el compromiso del país con la persecución penal.

Una de las operaciones tuvo lugar el pasado 26 de marzo, cuando la Marina Nacional interceptó una embarcación a 920 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el departamento de La Paz. En esta acción se decomisaron 1.3 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente 32.5 millones de dólares. La embarcación era tripulada por tres ciudadanos ecuatorianos, quienes fueron capturados en flagrancia.

El fiscal general subrayó el papel de la Fiscalía General de la República (@FGR_SV) en garantizar que los capturados enfrenten la justicia. “Nuestro papel es garantizar que los responsables enfrenten un proceso riguroso, transparente, objetivo y apegado a la legalidad”, declaró.

Durante la operación, fueron detenidos nueve extranjeros: siete guatemaltecos y dos ecuatorianos, quienes serán puestos a disposición judicial en los próximos días. Según el Ministerio de Defensa, en lo que va de 2025, un total de 32 extranjeros han sido capturados en operaciones antidrogas realizadas en altamar.

Estas acciones se suman a un total de cinco decomisos ejecutados por la Marina Nacional en lo que va del año, con los cuales se ha logrado interceptar 10.6 toneladas de droga. De estas, 10.5 fueron capturadas en altamar, lo que representa más del 50 % de todo lo decomisado durante el año 2024.

“Esto nos indica que estamos teniendo un nivel de eficiencia mucho mayor a lo que veníamos logrando en años anteriores”, aseguró el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, al presentar los datos más recientes.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, recordó que durante la gestión del presidente Nayib Bukele se han confiscado más de 60 toneladas de droga, un récord en la historia del país.

Delgado cerró su intervención con un mensaje directo a la población salvadoreña: “A los salvadoreños quiero decirles que una operación como esta salva vidas. Al evitar que estas drogas lleguen a nuestras comunidades, protegemos a nuestras familias y construimos un futuro más seguro para nuestros hijos”.

El gobierno salvadoreño reafirmó que continuará reforzando la vigilancia en altamar y cooperando a nivel internacional para frenar las redes de narcotráfico que intentan usar el territorio nacional como ruta.

“El Salvador no será un territorio permisivo para el crimen organizado”, concluyó Delgado.

Un nuevo capítulo en la historia del compromiso social salvadoreño se escribe con la apertura oficial de la convocatoria 2025 del programa Ayudando a Quienes Ayudan, impulsado por la Fundación Gloria Kriete (FGK). En su vigésima edición, el programa vuelve a tender la mano a quienes trabajan incansablemente por transformar realidades: ONG y organizaciones comunitarias que buscan construir un país más justo y solidario.

Desde su creación hace dos décadas, Ayudando a Quienes Ayudan ha evolucionado más allá de la simple entrega de fondos. Se ha convertido en una plataforma de empoderamiento social, ofreciendo recursos económicos —pero también herramientas— a quienes luchan contra la desigualdad desde las trincheras de la salud, la educación, el acceso al agua, el saneamiento, la infraestructura y otras necesidades básicas aún insatisfechas.

“Este programa nació hace 20 años con una misión clara: apoyar a quienes están en el terreno, buscando soluciones reales a problemas urgentes. Hoy celebramos ese compromiso con una nueva edición, fortaleciendo nuestro enfoque multidisciplinario y nuestra fe en el poder de las comunidades organizadas”, afirmó Juana Jule, directora ejecutiva de la FGK.

Dos caminos, una misión

La convocatoria está abierta en dos categorías:

1. Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

Con fondos que oscilan entre $50,000 y $100,000, esta categoría está diseñada para ONGs legalmente constituidas que desarrollen proyectos en áreas como arte y cultura, agricultura, desarrollo económico, empleabilidad y más. La fecha límite de inscripción es el 14 de mayo de 2025.

Para aplicar, las organizaciones deben tener al menos tres años de experiencia en El Salvador, estar inscritas en el Registro del Ministerio de Gobernación, presentar contrapartidas, respetar un límite del 10% en costos administrativos, y aplicar medidas de sostenibilidad ambiental cuando el proyecto lo requiera.

2. Desarrollo Comunitario

Con apoyos económicos entre $5,000 y $15,000, esta categoría prioriza la acción desde la base. Está dirigida a ADESCOS, cooperativas, juntas de agua, centros escolares y otras organizaciones legalmente establecidas en comunidades rurales. Los proyectos deben enfocarse en temas como agua y saneamiento, infraestructura, educación y medio ambiente. La fecha límite para aplicar es el 21 de mayo de 2025.

Entre los requisitos: documentación legal vigente, aportes en especie por parte de la comunidad y experiencia previa en gestión de proyectos. Si se trata de construcción, también se exige la escritura de propiedad o comodato por mínimo 20 años.

¿Cómo participar?

El proceso es completamente en línea y los formularios están disponibles en los siguientes enlaces:

https://ayudandoaquienesayudan.org/requisitos-desarrollo-comunitario/
https://ayudandoaquienesayudan.org/requisitos-ong/

La convocatoria 2025 se presenta como una nueva oportunidad para que la fuerza organizada de El Salvador impulse cambios duraderos. A través de esta iniciativa, la Fundación Gloria Kriete reafirma su compromiso con un país donde el desarrollo sostenible deje de ser una aspiración para convertirse en una realidad tangible.