Presidencia veta Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas

Presidencia de la República devolvió a la Asamblea Legislativa la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas vetada por motivos de inconstitucionalidad. Presidencia señala que la normativa violenta los derechos de igualdad y justicia, y los principios de proporcionalidad y fin resocializador de la pena.

El veto argumenta que el decreto establece un incremento innecesario y desproporcionado de la pena establecida para el delito de Tráfico Ilegal de Personas, que actualmente oscila entre los seis a diez años de prisión; y la pena que se pretende imponer a este mismo delito sería de ocho a doce años.

Según el decreto aprobado esta se aplicaría cualquiera que por sí o por medio de otra persona trasporte, traslade, albergue, guíe, intente introducir o introduzca personas extranjeras en tránsito o con destino a El Salvador u otro país.

Se agrega que la nueva normativa violenta la seguridad jurídica al remitir a otras leyes, lo que genera una duplicidad de regulación, lo que, a consideración de Presidencia, es intrascendente e innecesario, dado que los supuestos de hecho y las consecuencias jurídicas para estos ya se encuentran previstas en las normas a las que se remiten y en otros casos, pueden generarse contradicciones que generan problemas de interpretación para los aplicadores, que ocasionan vulneraciones a la seguridad jurídica y que afectan al adecuado funcionamiento del Estado.

La propuesta entregada por el Fiscal General, cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC); y se esperaba que sea una herramienta de combate efectivo y prevención ante el tráfico ilícito de personas.