Presentan demanda de inconstitucionalidad contra emisión de deuda

La semana pasada, el abogado Daniel Olmedo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo dos del Decreto Legislativo 217, aprobado el pasado 21 de diciembre, que aprueba la emisión de deuda por medio de títulos valores por $1,297 millones para financiar el Presupuesto 2019, que asciende a $6,733 millones.

Olmedo argumenta que el artículo violenta el artículo 148 inciso tercero de la Constitución, que establece «el decreto legislativo en el que se autorice la emisión o contratación de un empréstito deberá expresar claramente el fin a que serán destinados los fondos de este y, en general, todas las condiciones esenciales de la operación».

En la demanda Olmedo solicita que mientras resuelve el proceso se emita como medida cautelar la suspensión provisionalmente del decreto, es decir, el Estado no podrá emitir estos títulos valores hasta que la Sala estudie y determine la legalidad de lo aprobado en diciembre pasado.

«Por lo anterior, es preciso que la honorable sala, al admitir esta demanda, emita una medida cautelar en el sentido siguiente: que se suspenda la aplicación del decreto y se prohíba al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva, que actúa como agente financiero del Gobierno, realizar toda operación que guarde relación directa o indirecta con la emisión de títulos a que se refiere el decreto impugnado», solicita Olmedo.

Para el demandante, el artículo 2 del Decreto 217 no especifica para qué partidas se usará el dinero, sino una mera mención que el dinero servirá para financiar lo que no pueda ser atendido con los ingresos corrientes ordinarios, por lo que no especifica cómo se empleará el dinero.

En la demanda se explica que la jurisprudencia constitucional indica que la emisión de títulos valores es considerada una forma de contratar empréstitos, por lo que está regulada por el artículo 148, citado anteriormente, por lo cual es obligación para la Asamblea Legislativa el dejar explícito en el decreto el fin que tendrá los fondos a obtener.

Así mismo, el demandante solicita que se declare por conexión la inconstitucionalidad de todo el Decreto Legislativo 217.