La Procuraduría General de la República (PGR) de El Salvador informó que entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 brindó un total de 506,656 servicios de atención a mujeres, lo que representa una disminución del 3 % en comparación con el mismo período anterior, cuando se registraron 521,106 atenciones.

De acuerdo con el informe de rendición de cuentas de la institución, el presupuesto asignado en 2024 para atender casos de violencia y discriminación contra las mujeres fue de $1,994,380, monto destinado principalmente al pago de salarios del personal especializado en esta área.

Una parte clave de esta labor se desarrolla en la Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres (UIAEM), donde se atendieron 61,029 mujeres. Estas unidades están presentes en las procuradurías auxiliares departamentales y cuentan con tres delegadas especializadas, junto a un equipo compuesto por 35 defensoras públicas especializadas, dos auxiliares jurídicas, 14 psicólogas y siete trabajadoras sociales.

Entre los departamentos con mayor cantidad de atenciones destacan San Salvador, con 14,846 casos; La Libertad Sur, con 6,589; y San Miguel, con 5,872 atenciones registradas.

Además, en coordinación con el programa Ciudad Mujer, se atendieron 10,917 mujeres a través de servicios como formación técnica, emprendimiento, salud sexual y reproductiva, créditos para mujeres y fortalecimiento de la autonomía financiera.

Detalle de servicios prestados

Durante el periodo reportado, la PGR brindó diversos servicios a las mujeres salvadoreñas:

• 170,297 atenciones generales a usuarias de la institución.
• 769 mujeres fueron acreditadas como mediadoras en sus comunidades.
• 40,929 atenciones psicosociales.
• 32,825 mujeres atendidas en el centro de atención virtual.
• 6,055 atenciones en control de fondos a terceros.
• 53,436 mujeres beneficiadas con defensa pública penal.
• 11,280 mujeres recibieron asesoría en derechos patrimoniales.
• 1,280 atenciones relacionadas con desplazamiento forzado interno.
• 66,189 servicios en temas de familia.
• 537 servidoras públicas y 9,694 trabajadoras atendidas en materia laboral.
• 4,490 mujeres recibieron apoyo en ludotecas.
• 6,148 atenciones en mediación y conciliación.
• 26,248 mujeres fueron atendidas en temas vinculados a niñez y adolescencia.
• 335 atenciones relacionadas con penas juveniles.
• 289 mujeres fueron orientadas sobre quejas y denuncias.
• 163 servicios brindados a través de unidades móviles o itinerantes.
• 3,747 trámites notariales realizados para mujeres.

La reciente decisión del expresidente Donald Trump de imponer un arancel del 104% a todos los productos importados desde China ha sacudido con fuerza al gigante tecnológico Apple. La medida, que busca proteger la industria estadounidense, ya ha tenido consecuencias directas: el coste de producción de un iPhone se ha disparado en más de 300 dólares.

Apple, que fabrica la mayoría de sus dispositivos en China, se ve ahora obligada a enfrentar un sobrecoste que afecta directamente a su producto estrella: el iPhone. El modelo iPhone 16 Pro Max, por ejemplo, pasaría de costar 550 dólares en producción a unos 850 dólares, según cifras publicadas por The Wall Street Journal.

Este incremento podría trasladarse a los consumidores. Un informe de Rosenblatt Securities, recogido por Reuters, señala que los precios del iPhone podrían aumentar hasta un 43%. Así, el modelo más caro —el iPhone 16 Pro Max de 1 terabyte— pasaría de 1.599 a casi 2.300 dólares en Estados Unidos.

En Europa, especialmente en países como España, el impacto también podría sentirse, aunque de forma distinta por los ya elevados precios base: el mismo modelo ya cuesta en torno a los 1.969 euros.

Las repercusiones no se han hecho esperar. Apple ha perdido cerca de un 23% de su valor bursátil desde que se anunciaron los aranceles, lo que equivale a más de 300.000 millones de dólares evaporados. La caída ha permitido que Microsoft recupere el primer lugar como la compañía con mayor capitalización del mundo.

Ante la emergencia, Apple ha reaccionado con rapidez: fletó cinco aviones con iPhones ensamblados en India para abastecer el mercado estadounidense antes de la entrada en vigor del arancel. Sin embargo, esta solución es temporal y costosa. Además, los productos procedentes de India y Vietnam también han sido alcanzados por nuevos aranceles del 27% y 46%, respectivamente.

La tensión comercial ha resucitado un viejo debate: ¿por qué Apple no fabrica en EE.UU.? La respuesta, según los propios fundadores y ejecutivos de la empresa, es simple: no existe en el país la infraestructura ni el volumen de ingenieros cualificados necesarios. China sigue ofreciendo ventajas en costes, velocidad y capacidad técnica que hoy no pueden replicarse en suelo estadounidense.

Con el mercado global en alerta, las decisiones políticas vuelven a poner en jaque a la industria tecnológica. Y mientras se redefinen las reglas del juego comercial, los consumidores podrían ser los primeros en pagar el precio.

El cabecilla de la célula Centrales Locos Salvatruchos, César Ernesto Álvarez, conocido como “Lobo”, pasará el resto de su vida en prisión. Él es pandillero de la MS-13.

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado lo sentenció a 321 años de cárcel por una larga lista de crímenes: tres homicidios agravados, once extorsiones, seis intentos de asesinato, tráfico de drogas y pertenencia a agrupaciones ilícitas.

Álvarez era uno de los máximos líderes del programa Centro de la MS-13, y operaba principalmente en zonas urbanas de alta densidad como la colonia Escalón, San Antonio Abad y Miramonte.

No fue el único condenado. Bryan Enrique Chicas Martínez, alias “Delincuente de Iberia”, también recibió una dura sentencia: 111 años de prisión. Se le procesó por homicidio agravado, extorsión y vínculos con pandillas. Era uno de los 100 más buscados por la Policía Nacional Civil.

Otras ocho personas vinculadas a las clicas Centrales y Leewards también fueron sentenciadas. Las penas oscilan entre 21 y 72 años, según confirmó la Fiscalía.

Las autoridades aseguran que con esta condena se golpea directamente a los remanentes de estructuras criminales que todavía operan en ciertos sectores del país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió en una entrevista en que el gobierno salvadoreño se ha convertido en un importante aliado estratégico para combatir el crimen transnacional, al recibir a presuntos criminales deportados y encerrarlos en la megacárcel del país.

Entre los encarcelados están más de 200 miembros de la banda criminal Tren de Aragua, que tiene orígenes venezolanos.
Esta cooperación, de acuerdo a Rubio, pone de manifiesto el creciente papel de El Salvador como un aliado clave en la estrategia de seguridad de Estados Unidos en Centroamérica.

El funcionario destacó la importancia de El Salvador en este acuerdo durante una entrevista.

“El presidente Bukele ha sido un socio esencial en esta lucha. Ha ofrecido un sistema penitenciario eficiente y de bajo costo para albergar a estos criminales, lo cual es fundamental para nuestra seguridad nacional y regional”, señaló Rubio. Además, destacó que el gobierno salvadoreño ha mostrado un fuerte compromiso con la seguridad, convirtiéndose en un socio estratégico clave en la región.

La deportación de pandilleros del Tren de Aragua y otros delincuentes a El Salvador ha sido posible gracias a la colaboración entre ambos países. Este acuerdo no sólo alivia la carga de las cárceles estadounidenses, sino que también refuerza el papel de El Salvador como un baluarte contra el crimen transnacional.

El país centroamericano ha dado un paso más en su esfuerzo por erradicar la violencia vinculada a las pandillas, una preocupación compartida tanto por EE. UU. como por la población salvadoreña.

El secretario de Estado destacó que este acuerdo refleja una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, en la que ambos gobiernos trabajan de la mano para enfrentar desafíos comunes.

“Este es un modelo de cooperación internacional que beneficia a ambas naciones. El Salvador se ha mostrado dispuesto a enfrentar de manera decidida la amenaza de las pandillas, lo cual es clave para la estabilidad de toda la región”, agregó Rubio.

Aunque la medida ha generado críticas, especialmente de grupos defensores de derechos humanos, que cuestionan las condiciones carcelarias en El Salvador, el gobierno de Estados Unidos ha defendido la decisión, resaltando la seguridad y el interés mutuo en frenar el crimen.

Para Rubio, la colaboración con El Salvador es una muestra de la estrategia exterior de Estados Unidos que prioriza fortalecer los lazos con países que están dispuestos a ser aliados en la lucha contra el crimen organizado.

Las declaraciones del secretario de Estado fueron dadas en una entrevista con Donald Trump, Jr., “Triggered with Don Jr.”.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa fortaleciendo la calidad de atención a los usuarios del sistema judicial mediante la entrega de nuevos paquetes de pruebas psicológicas a los profesionales que integran los Centros de Atención Psicosocial (CAPS).

La entrega fue realizada por el Departamento de Coordinación de Equipos Multidisciplinarios, encabezado por Manuel Armando Funes Serrano, quien destacó la importancia de esta actualización en las herramientas utilizadas por los psicólogos.
“Agradecemos el esfuerzo institucional para actualizar los test psicológicos, lo que permitirá a los profesionales obtener mejores resultados en las evaluaciones realizadas a los usuarios”, expresó Funes Serrano.

José Guillermo Mártir Hidalgo, coordinador de Psicología de Equipos Multidisciplinarios, resaltó el impacto positivo de estas nuevas herramientas en la labor diaria de los psicólogos. “Como auxiliares de los jueces, ofrecemos información clave para la toma de decisiones. Gracias a estas pruebas, obtendremos datos más objetivos y precisos para los informes que elaboramos”, comentó Mártir Hidalgo.

El evento incluyó la presentación de una investigación sobre la satisfacción de los usuarios, seguida por un panel de preguntas y respuestas en el que los psicólogos compartieron experiencias y resolvieron dudas.

Las nuevas pruebas psicológicas entregadas son fundamentales para evaluar aspectos esenciales como la personalidad, estabilidad emocional, capacidad de atención y cuidado en niños y adolescentes, y la identificación de problemas conductuales. Estos recursos son clave para la elaboración de dictámenes periciales y otros informes utilizados por los psicólogos en las jurisdicciones de Familia, Niñez y Adolescencia, Tribunales Contra el Crimen Organizado y otros ámbitos judiciales especializados.

Según el Órgano Judicial, este es un esfuerzo que refleja el compromiso de la CSJ por mejorar la eficiencia y la precisión en los procesos judiciales, garantizando que los informes psicológicos sean más objetivos y útiles en la toma de decisiones.