Piden investigar casos de secuestrados y desaparecidos en el Externado San José

A partir de la sentencia de inconstitucionalidad 44-2013 y acumulada 145-2013 de fecha 13 de julio de 2016, en la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional los artículos (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 por contrariar “al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial –protección de los derechos fundamentales–, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario” también porque “Impide la reparación integral de las víctimas, particularmente el derecho a la indemnización por daños morales”, se dejó la obligación a la Fiscalía General de la República (FGR) el investigar sobre los delitos de Lesa Humanidad cometidos en el periodo de la guerra.Esto crímenes de guerra de Lesa Humanidad consisten en: “Estos crímenes internacionales conmocionan gravemente la conciencia moral de la humanidad y la dignidad humana a nivel universal. Son actos inhumanos de una particular gravedad que denotan un sentimiento de crueldad para con la existencia humana, un sentido de envilecimiento de la dignidad y de destrucción de los valores humanos y de los derechos fundamentales inderogables o normas del ius cogens internacional, por lo que constituyen auténticos crímenes de Estado y crímenes internacionales, ya que atentan gravemente contra el género humano.” Según la misma sentencia.

El Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad en El Salvador (LIASIES) exhortó, el viernes pasado, a la FGR a que investigue dos crímenes que ocurrieron durante la guerra en el que, según la solicitud, sufrieron privación de libertad, tortura y ejecución seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR); y privación de libertad y desaparición forzada de dos mujeres y del padre de una de ellas.

​El primer caso (6 dirigentes) ocurrió el 27 de noviembre de 1980, según la solicitud, las víctimas fueron privadas de libertad en las instalaciones del Colegio Externado de San José; y lo que el laboratorio ha solicitado a la FGR es que le quiera a la Organización de Naciones Unidas que le permita revisar los archivos de la Comisión de la Verdad. 

​Benjamín Cuéllar, coordinador de LIASIES, dijo: “En esos archivos hay varias páginas de declaraciones de las investigaciones que se hicieron en aquel entonces; y hay suficientes indicios para afirmar que fue la Policía de Hacienda la que puso un cerco de seguridad alrededor del colegio y, a plena luz del día, la ciudad estaba militarizada y un grupo de secuestradores armados llegaron a sacarlos. A cinco los fueron a tirar, sus cadáveres, a Apulo, y a unos más lo fueron a tirar al parque Centenario”

​ El segundo caso (dos mujeres y padre de una de ellas) ocurrió entre el 28 y el 29 de julio de 1982. “Mi prima, que tenía como 26 años, fue privada de libertad después de dejar a sus hijos en la guardería. Su pecado era ser defensora de los Derechos Humanos y el de su papá, buscarla. Él era gerente de la ASI (Asociación Salvadoreña de Industriales), no era ningún delincuente ni mucho menos era guerrillero” dijo Benjamín.

​Las personas señalas como responsables para estos casos de crímenes de Lesa Humanidad son ex miembros de las fuerzas de seguridad de la época. No todo lo que sucedió en la guerra se puede perdonar, no todo se puede olvidar, no toda la justicia esta en firma en la paz, no todo se puede amnistiar, eso fue lo que dijo en palabras sencillas la Sala de lo Constitucional lo cual justifica la petición realizada el LIASIES.