Pérdidas millonarias de posible eliminación del TPS en USA

Esta semana el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que emitirá a finales de este mes una recomendación dirigida al presidente, en la que dirá si renovar o no el TPS a los haitianos. Entre Haití, El Salvador y Honduras hay actualmente cerca de 300,000 beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) viviendo en Estados Unidos, que están esperando ver qué es lo que la administración de Donald Trump decide sobre el futuro de los haitianos que tienen el beneficio.

El Salvador y Honduras están en alerta a este proceso, pues según estipula el Servicio de Inmigración y Ciudadania (USCIS), pasarán por las mismas circunstancias en noviembre de 2017 y enero de 2018.

De estos tres países, Haití es el que está más próximo a recibir notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para enterarse, a finales de este mes, si 46,558 inmigrantes de esta nacionalidad pueden seguir viviendo y trabajando de forma legal en Estados Unidos.

Un estudio reciente dice que, con el aumento en la protección de fronteras y de Defensa, el TPS corre un gran riesgo, pero los costos económicos de terminar el programa caerían en ambas partes.

El impacto de terminar la medida que beneficia a 13 países bajo lineamientos específicos traería daño también para Estados Unidos, ya que costaría $3.1 mil millones deportar a los nacionales de El Salvador, Honduras, y Haití, y habrían millones en pérdidas económicas para empleadores, sobre todo en Florida, Nueva York, California, Texas, Maryland, y Virginia, que son las zonas con mayor población inmigrante de esas naciones, según concluye un estudio del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, en inglés), con sede en San Francisco.

Según el documento del centro especializado en entrenamiento legal y defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, terminar el TPS para los tres países resultaría en una reducción de $45,200 millones del Producto Interno Bruto en Estados Unidos al transcurso de una década. Más allá de eso, el costo para los empleadores sería de $967 millones.

El general retirado y actual secretario de Seguridad Nacional, John Kelly será el que le diga a Trump si renovarlo o no.

Tom Jawtetz, abogado en el Centro para el Progreso Americano (CAP, en inglés) opinó en una teleconferencia desde Washington D. C. que “(Terminar el TPS) tendría consecuencias muy serias. Esto levanta una preocupación enorme para los salvadoreños, hondureños, que estarán pensando en renovar su TPS al final de este año”.

Los casi 50,000 haitianos que actualmente tienen TPS han mostrado preocupación. Haití obtuvo TPS en 2001 a causa de un terremoto que arrasó con el territorio. El huracán Matthew dejó asolado el país al hacer su paso por el Atlántico el año pasado. Al menos 900 personas fallecieron y los daños de infraestructura fueron enormes por la pobreza de los materiales de construcción en estas zonas. Para los haitianos sería devastador tener que regresar a este panorama.

El presidente republicano llegó al mando el 20 de enero, y su gestión ha traído grandes incertidumbre sobre las medidas migratorias como el TPS, ya que ha manejado una retórica muy dura con los inmigrantes. Será en los próximos dos años cuando la administración decida si dar prórroga a estos tres países.