PCE presenta balance de las reformas electorales aprobadas durante el 2019

Esta mañana, la Plataforma Ciudadana Electoral (PCE) conformada por AUPRIDES, Acción Ciudadana, CREO, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Iniciativa Social para la Democracia (ISD), TRACODA, y la Universidad Gerardo Barrios presentaron un balance de las  reformas electorales aprobadas durante el 2019.

La Plataforma Ciudadana Electoral (PCE) reconoció  que Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa ha sido receptiva, empero, la PCE consideró que en el 2019 presentó muy pocos avances en materia de reformas electorales. A pesar que tienen hasta el 28 de febrero para aprobar las últimas modificaciones, un año antes de las próximas elecciones que en este caso serían las legislativas y municipales.
La PCE estima que las reformas aprobadas no representan cambios significativos que mejoren de manera integral el sistema electoral. Ellos manifiestan que la Comisión tampoco ha conocido las modificaciones que podrían garantizar un exitoso proceso electoral durante los comicios legislativos y municipales de 2021.

En julio de este año, la comisión informó que conocerían 10 puntos: el escrutinio preliminar para introducir tecnología, la propaganda electoral, sanciones a los candidatos, la creación de una unidad especializada de control del financiamiento de los partidos; la adjudicación del valor del voto cruzado, el voto desde el exterior para alcaldes y diputados, la separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la homologación de los periodos electorales, la autonomía presupuestaria del TSE y el otorgamiento de iniciativa de ley a la autoridad electoral. Al respecto, la PCE manifestó su preocupación por el poco interés otorgado al resto de cambios acordados, varios de ellos imprescindibles para el normal desarrollo del proceso electoral de 2021. De los diez puntos señalados, la PCE manifestó que la comisión únicamente aprobó reformas relacionadas con la propaganda electoral, que no resuelven problemáticas de fondo. Asimismo, otorgó mayor relevancia a modificaciones que no impactan en la mejora de las elecciones, como por ejemplo, la inclusión de las fotografías de los candidatos a alcaldes en la papeleta de votación.

Por otro lado, la Comisión no dio seguimiento a los temas sustantivos de su propia agenda de reformas electorales a pesar que el TSE, la PCE y otros actores presentaron propuestas estructuradas de reformas de ley. Por su parte, la PCE presentó un bloque de reformas al Código Electoral, a la Ley de Partidos Políticos y a la Constitución de la República. Las reformas están orientadas con los siguientes objetivos:

1. Garantizar la observación electoral

2. Mejorar la fiscalización del financiamiento que reciben los partidos políticos

3. Establecer sanciones más severas para los que incumplan las normas relativas al financiamiento

4. Garantizar la profesionalización de la función electoral

5. Fortalecer al organismo electoral.

Además, se presentó un anteproyecto de ley para el voto desde el exterior para las elecciones legislativas. Este último aspecto es de trascendental importancia porque el TSE debe conocer, con suficiente anticipación, la forma en que se implementará el mecanismo para concretar la logística necesaria que permita un efectivo ejercicio del sufragio de los salvadoreños en el exterior.

Considerando que existen insumos, la PCE recomendó a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales a retomar su agenda de 10 puntos, así como las reformas antes mencionadas. Para tales efectos, la PCE demandó a la comisión a convocar reuniones extraordinarias en lo que resta del mes de diciembre y durante los meses de enero y febrero de 2020, antes del vencimiento del plazo advertido,  para conocer, debatir y aprobar las reformas electorales que aseguren el respeto de la voluntad ciudadana manifestado en las urnas y faciliten al elector el ejercicio del voto.

La PCE hace un llamado al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, y a la Asamblea Legislativa, para que conozcan prontamente el proyecto de presupuesto enviado por el TSE. Ambos Órganos del Estado deben respetar la autonomía presupuestaria del organismo electoral y aprobar, en tiempo, todos aquellos rubros que el TSE justifique razonablemente evitando recorte presupuestario que en elecciones anteriores provocaron
una serie de problemas que empañaron la buena organización de los comicios y el desempeño de las diferentes unidades. La aprobación tardía impide el cumplimiento efectivo de las actividades, como campañas de concientización, y posibilita recurrir a contrataciones directas de bienes y servicios poniendo en riesgo la transparencia de la administración de los recursos.

La PCE enfatiza que merecen atención los siguientes puntos:

1. La tecnología para el escrutinio preliminar y el conteo en mesa, a efecto de evitar las problemáticas que se presentaron en las elecciones legislativas de 2015 y 2018

2. La capacitación de los Organismos Electorales Temporales

3. La estrategia de comunicaciones

4. Las actividades de la Dirección de Organización Electoral (DOE).

Finalmente, la PCE hizo un  llamado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra del nombramiento de los magistrados del TSE. Una resolución tardía significaría un riesgo para la buena organización de las elecciones de 2021, principalmente, si es necesario repetir el proceso de elección de dichos funcionarios.

La PCE reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta con el TSE y con la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales en la construcción  de un sistema electoral confiable y transparente que promueva la participación activa de los ciudadanos.