OUDH advierte deterioro del cumplimiento de derechos humanos por parte del Gobierno

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó el informe de derechos humanos del año 2021, el cual ha concluido como «negativo» en la mayoría de indicadores evaluados.

Este es el tercer documento de la serie, a través del cual se busca aportar datos, información y análisis basados en una metodología mixta, es decir combinando elementos cuantitativos y cualitativos.

El informe desarrolla cinco derechos humanos de forma prioritaria, estos son: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal, al acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas.

«El año 2021 ha sido un periodo de profundos y negativos cambios para El Salvador. En primer lugar, el sistema de protección de derechos humanos se vio estructuralmente dañado debido al quebrantamiento del orden constitucional y a la afrenta a la independencia de los Órganos del Estado», tiene como una de sus conclusiones el informe.

El OUDH advierte que el nuevo escenario institucional se ha caracterizado por una cooptación del Estado por parte de una sola fuerza política y por la concentración del poder político en el Presidente de la República.

Denuncian una tendencia progresiva de reducción de acceso a la información pública, escenarios críticos propicios a las vulneraciones a los derechos humanos por parte de las autoridades policiales y militares, sumado al hallazgo de fosas clandestinas, y a la continua desarticulación de grupos de exterminio.

Señalan que el listado de índices delictivos han aumentado en 2021, tomando como ejemplo el Índice de letalidad policial, relación de particulares fallecidos respecto de agentes estatales fallecidos en contextos de enfrentamientos armados, muertes violentas de mujeres y feminicidios, limitación ilegal a la libertad de circulación, violencia sexual, número de personas desaparecidas, porcentaje de personas desaparecidas que siguen activos al final del año, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.

Señalan una política de impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos del pasado permanece, ya que, «si bien, hubo avances importantes en la reapertura de algunos casos emblemáticos, la intervención política y anulación de la independencia del Órgano Judicial es un obstáculo insubsanable hasta en tanto no se restituya el Estado de derecho».

El OUDH recomienda que se revisen todas las políticas públicas, a través de un enfoque de derechos humanos con el fin de adecuarlas a dicho enfoque, en particular, aquellas del sector de seguridad pública y justicia.

Así también, que se cree un mecanismo de amplia participación ciudadana y estatal para la implementación de las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, incluyendo las emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de país publicado en octubre del 2021.