Otras trancas a la competitividad

Por: Armando Flores, director general de Aduanas. 

Cada año, el Foro Económico Mundial -organización internacional que impulsa la cooperación público-privada- produce y divulga el Informe de Competitividad Global (ICG), que se basa en el análisis de un poco más de 110 indicadores para evaluar la competitividad alrededor del mundo.

Independientemente del grado de credibilidad, que según el criterio de cada quién se le conceda al ICG, se debe destacar que dicho informe es una fuente interesante que permite dar seguimiento a indicadores claves en temas económicos, sociales y políticos de cada país y a nivel global. Según el citado Índice, entre 2008 y 2018, la competitividad bajó en El Salvadorde 79 a 109 puntos.

En general, la difusión en el país de estos más de 110 indicadores se ha centrado en temas de criminalidad, corrupción, desempeño de los políticos, independencia judicial y poco o nada se han divulgado algunos indicadores que danpistas sobre temas claves en la economía y la sociedad.

Algunos de estos aspectos poco visibilizados son: conducta ética de las empresas, efectividad de la política antimonopolio, protección de intereses de inversionistas minoritarios, pago y productividad, calidad de instituciones de investigación científica, gasto de las empresas en investigación y desarrollo y disponibilidad de científicos e ingenieros. Como se ve, no se trata de temas triviales. Al contrario, son componentes para la agenda económica y en temas tecnológicos que mucho pueden aportar al desarrollo del país.

De los anteriores indicadores se han escogido tres que tienen gran incidencia en el comportamiento de los agentes económicos en el mercado; se trata de la conducta ética de las empresas, la efectividad de la política antimonopolio y protección de intereses de inversionistas minoritarios. Para tener una opinión del progreso de estos temas en el tiempo, se ha analizado el ranking del ICG durante diez años (2008-2018) y los resultados no dejan de sorprender, como se muestra a continuación.

De acuerdo al cuadro anterior, el puntaje de cada uno de estos indicadores en el 2018 es superior a los 109 puntos que para ese año reportó el índice de competitividad del país, lo que sugiere que el comportamiento de estos temas también ha afectado las condiciones de competitividad.

En el caso de la “conducta ética de las empresas” a escala mundial, el país ocupó la posición 72 en el IGC 2008-2009 pero en los siguientes años este factor fue desmejorando hasta llegar a la posición 128 en 2017-2018, lo que significa una pérdida de 56 puntos en ese periodo.

Al respecto habría que hacerse preguntas básicas como ¿Cuáles serán las causas principales de este comportamiento?, ¿Cuál será el alcance y efectividad de las acciones que promueven la ética empresarial?; sin pretender responder lo anterior, es probable que en el país haya crecido la percepción de que un segmento de empresas tiene conductas contrarias a sus obligaciones por ejemplo en las materias laboral, ambiental y tributaria.

Otro indicador muy relacionado al comportamiento de los agentes económicos que interactúan en el mercado es el referido a la “efectividad de la política antimonopolio”, el cual se deterioró de la posición 94 en 2008 a la 110 en 2018 (16 puntos menos).

Esta caída podría ser el reflejo del fortalecimiento de condiciones poco competitivas luego de las reformas introducidas en algunos mercados. Por ejemplo, la distribución de energía eléctrica y las administradoras de fondos de pensiones. También puede influir el estancamiento que durante años ha mostrado el marco legal e institucional en materia de competencia, ya que, desde su vigencia en 2006, la Ley de Competencia no ha tenido reformas de gran calado.

En cuanto al perfil de “Protección del interés de los inversionistas minoritarios”, esta ha desmejorado desde los 90 hasta los 124 puntos en este periodo, lo que reflejaría por ejemplo, la resistencia de un derecho mercantil para avanzar hacia un mejor reconocimiento de los derechos de los inversionistas mayoritarios y minoritarios.

Aunque se tengan diferencias con la metodología seguida en el cálculo de estos indicadores, lo cierto es que en esta materiahay mucho camino por andar. Para avanzar se requiere compromiso de la ciudadanía, la institucionalidad del Estado, la academia, los gremios empresariales, etc., para impulsar acciones que generen condiciones adecuadas para la inversión productiva y un desarrollo integral. Un buen inicio podría ser identificar e impulsar políticas públicas y prácticas empresariales que empiecen a remover estas “otras trancas a la competitividad”.