Organizaciones señalan deficiencias en el proceso de elección de magistrados de la CCR

Este día las organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas de la República (OCCCR) y la Mesa Técnica para el fortalecimiento de la Corte de Cuentas emitieron un comunicado en el que señalan una falta de rigor dentro del proceso de elección de magistrados de la CCR.

Las organizaciones explican que enviaron una propuesta de baremo que contiene una serie de criterios y ponderaciones para volver más objetivo el proceso de evaluación de la idoneidad y la competencia de cada candidato respecto del resto de aspirantes al cargo, así como una lista de preguntas sugeridas para conocer con mayor profundidad el perfil de los candidatos que comparecieron a las entrevistas realizadas por la Subcomisión Política.

Sin embargo, las organizaciones consideran que los legisladores no han tomado en cuenta dicha herramienta y no han profundizado en preguntas sustanciales que permitan conocer la visión o el conocimiento de los participantes del proceso. Por el contrario, las entrevistas han sido breves, generalizadas y poco profundas.

Expresan que la Asamblea Legislativa está en la obligación de cumplir la jurisprudencia constitucional en materia de elección de funcionarios, en particular con la sentencia por inconstitucionalidad 116-2017, por medio de la cual se declaró inconstitucional la elección de magistrados de la CCR llevada a cabo en el año 2017.

En dicha sentencia la Sala desarrolla la obligación de la Asamblea Legislativa de argumentar y fundamentar la idoneidad de las personas elegidas para el cargo de Magistrado de la Corte de Cuentas de República de entre todos los aspirantes al cargo de magistrados de la CCR.

Las organizaciones señalan que algunos diputados han manifestado que todos los candidatos son idóneos al cumplir con el perfil personal y profesional requerido por la Constitución, lo que, según lo expuesto, es inaceptable y contraviene la sentencia de inconstitucionalidad, dado que existen candidatos con señalamientos o procesos abiertos en entidades de control.

Señalan que la Asamblea Legislativa debe utilizar un baremo para evaluar los perfiles de los candidatos, debiendo quedar debidamente documentado en el expediente respectivo.