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Organizaciones se unen para exigir Ley de Función Pública
Diferentes asociaciones hicieron un llamado a realizar a la brevedad un proyecto de ley que regule la función pública para establecer una verdadera carrera administrativa que premie el mérito y la honestidad para evitar el clientelismo y nepotismo.
El objetivo principal de dicha reforma es promover la profesionalización del servicio público y fortalecer la modernización del Estado para que haya una buena administración pública y servicios de calidad para la población.
Las organizaciones que forman el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública (EIRFP) son: la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Acción Ciudadana, Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Tracoda, Proyecto Cero, UCA, Funde, Incide, DTJ, entre otros.
Este grupo de asociaciones tiene tres objetivos:
-Impulsar la discusión y pronta aprobación de un nuevo marco legal de la función pública que responda a los principios de mérito, transparencia, equidad y eficiencia.
-Incidir y acompañar el análisis técnico de propuestas que propicien las mejores condiciones para un nuevo marco jurídico de la función pública.
-Velar porque el nuevo marco jurídico se implemente de forma completa, sostenible y en un tiempo razonable.
El equipo impulsor hizo un llamado a que los diputados estudien y discutan la Ley de la Función Pública que se presentó en 2014 y la Ley de Servicio Público que se recién se presentó el año pasado. Desde que se presentaron estos dos proyectos, la Asamblea Legislativa no ha estudiado estas dos leyes.
También pidieron a las organizaciones de la sociedad civil a que estén pendientes y acompañen dicho estudio y que promuevan una discusión inclusiva entre diferentes actores sociales. Además, hicieron un llamado a la población a que involucren en ese esfuerzo y exijan al pleno legislativo que apruebe una legislación del servicio público.
El equipo hizo un atento llamado a los grupos parlamentarios para que firmen una carta de compromiso para la aprobación de un nuevo marco legal sobre de la función público. Esto sería el 21 de febrero.