Organizaciones reportan más de 2200 personas en condición de desplazamiento forzado

Tres organizaciones sociales han atendido 2237 personas en condición de desplazamiento forzado interno en los tres años de vigencia de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno que el Estado continúa sin aplicar.

Los datos corresponden a Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).

Entre 2020 y 2022, Cristosal atendió 1227 personas en condición de desplazamiento. La mayoría (56.4%) son mujeres. También detallan a la población LGBTIQ+ afectada: 53 personas; 18 mujeres trans, dos hombres trans y dos personas no binarias. Aunque en la mayoría son personas adultas (57%), también existe un alto número correspondiente a la niñez y adolescencia (36.3%).

Para las organizaciones, el Estado no ha dado cumplimiento a las disposiciones para la aplicación de la ley, como: el reglamento de la ley (del que Cristosal entregó una propuesta al Ejecutivo en 2020), una política pública de protección y prevención, implementación de albergues, un registro único de personas en condición de desplazamiento forzado, entre otros.

«Los datos de las organizaciones reflejan que el Estado, lejos de cumplir su rol de prevención, atención y protección de personas, también ha provocado casos de desplazamiento forzado interno», señalá el comunicado emitido por las organizaciones.

Las motivaciones, en los casos atendidos por Cristosal, son: amenazas, amedrantamiento, homicidio de un familiar, lesiones y extorsión. Los victimarios son pandillas (70.7%), civiles (10.8%), desconocidos (7.6%) y cuerpos de seguridad (6.8%).
En el mismo periodo, 2020 y 2022, SPASS atendió a 358 personas. En su mayoría, se trata de mujeres (91.1%). Asimismo, detallan a dos personas de la población LGBTIQ+ y siete mujeres trans. El mayor número (90.8%) son de personas adultas. Los victimarios son pandillas (63.4%), exparejas (16.2%), PNC (12.8%), desconocidos (3.6%) y otros (4%).

Mientras que el Idhuca, durante el mismo periodo, atendió a 652 personas. La mayoría (52.1%) son hombres y, en cuanto al grupo etario, son personas adultas (56%). Las razones del desplazamiento son: amenazas, limitación ilegal a la libertad de circulación, allanamiento a la morada, privación de libertad, homicidio y tentativa de homicidio. Los victimarios son pandillas (71.3%), agentes del Estado (15.4%), otros (11%), y PNC y pandillas (2.3%).

Las organizaciones exigen al Estado que las instituciones legalmente competentes para la aplicación de la ley se articulen y coordinen acciones para garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado, prevenir más casos y propiciar las condiciones para sancionar a los victimarios, quienes en la mayoría de las ocasiones quedan impunes.