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OEA recomienda a El Salvador reforzar instituciones de transparencia
El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) de la Asociación de Estados Americanos (OEA) presentó el informe “Evaluación de El Salvador en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción a través de la 5ta ronda del MESICIC”.
EL informe fue presentado junto a la Secretaría de Transparencia del Gobierno, la Corte de Cuentas del República (CCR) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) quien también evaluaron los temas fundamentales de la convención: los procesos que las instituciones hacen para introducir los mecanismos de ética y las instrucciones que dan a los servidores públicos sobre sus funciones dentro de las instituciones.
Entre las recomendaciones que realizó el organismo internacional están:
*Crear un marco jurídico con medidas de protección a escala nacional e internacional para proteger a los empleados y ciudadanos que denuncian de buena fe los actos de corrupción en las instituciones, antes de comenzar los casos judiciales.
*Legislar los mecanismos transparentes para la contratación de personal y que se publiquen las oportunidades de empleo, impugnaciones, criterios de selección y evaluaciones mediante una normativa.
*Que el Gobierno proponga reformar el Código Penal para incluir en los tipos penales descritos en los artículos de cohecho impropio y cohecho activo, el elemento para otra persona o entidad” para que se castigue a quienes compran voluntades de funcionarios.
*Revisar el artículo 39 del Código Penal para ampliar el concepto de funcionario público a aquellos particulares que prestan servicio público o administran fondos públicos.
La OEA consideró necesario reforzar al IAIP y al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para que implementen programas de ética y de inducción a funcionarios. Además estableció que el Ministerio de Hacienda establezca una Unidad de Acceso a la Información Pública para la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC).
El organismo evaluó como una fortaleza la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Lavado de Dinero y Activos, que le han permitido al Estado recuperar dinero malversado.