El nuevo Gobierno y sus retos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción – Edición #86

Recientemente Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción del 2018, el cual clasifica 180 países según las percepciones de expertos y empresarios sobre el nivel de corrupción en el sector público, empleando una escala de 0 a 100, en la que 0 equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente.

En dicho índice, El Salvador se ubica en la posición número 35, lo cual, si bien representa una mejoría de 2 posiciones en comparación al año 2017, indica también que el país muestra un estancamiento en materia de transparencia, ya que para el 2015 ocupó la posición 39, para el 2016 la 36 y para el 2017, la 33, con lo cual, se denota que no existen cambios significativos, manteniéndose aún por debajo de la media regional y global (posición 40).

Ahora bien, al analizar estos datos podemos observar que no están alejados de la realidad que vivimos, considerando además que “percepción”, de acuerdo a la Real Academia Española, es aquella sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.

En concordancia con dicho concepto, se puede apreciar que las impresiones materiales referentes a temas de corrupción han permeado grandemente en los sentidos de los salvadoreños. En los últimos años hemos sido testigos de grandes casos de corrupción en los que se han visto involucrados exmandatarios de la República a quienes se les ha acusado de haber defraudado al erario público con cantidades millonarias en detrimento del interés nacional.

Sin embargo, se puede afirmar que los retos pendientes en materia de transparencia y lucha contra la corrupción no son solo una percepción por parte de la población, sino que también existe evidencia documental de que aún persisten brechas por cubrir.

De esa manera, el Informe de Fiscalización de Transparencia Institucional, elaborado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (2018), muestra los resultados de una evaluación realizada a 97 instituciones públicas.  Para ese estudio se tomaron en consideración la publicación de información oficiosa y la gestión documental y de archivos, indicando una nota promedio, en escala del 1 al 10, de 6.14 para las instituciones, siendo la menor nota la obtenida por el Fondo Ambiental para El Salvador (1.12) y la mayor por parte del Fondo Social para la Vivienda (9.83).

Por otra parte, desde el ámbito internacional, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESISIC) en su informe de la 5ª ronda de análisis de los Estados parte (2017), plantea que aún no se han superado recomendaciones efectuadas durante la 2ª ronda. Las cuales están orientadas principalmente a establecer un marco jurídico integral para el ingreso al servicio civil; a asignarle a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública los recursos presupuestarios, tecnológicos y humanos necesarios para desempeñar sus funciones en forma adecuada; a estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, prepliegos de licitación con la finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones; a considerar establecer un marco jurídico que ofrezca medidas de protección para funcionarios públicos o ciudadanos privados que denuncien actos de corrupción, entre otras.

De la misma forma, desde la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en el informe de avances de avances de El Salvador 2016-2018 generado por el Mecanismo de Revisión Independiente, se señala que, en cuanto a los compromisos adquiridos por El Salvador respecto al fomento de la transparencia, se ha tenido un progreso limitado, ya que, de 16 compromisos asumidos, solo 1 se ha cumplido de manera substancial, 13 de manera limitada y 2 fueron retirados.

Todo ello nos brinda una imagen respecto a la situación del país en relación a la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción, lo cual plantea un desafío para el nuevo Gobierno ante el cual, deberá responder de una forma creativa y sostenida para impactar a un sistema que aún se resiste a dar un verdadero salto de calidad en la materia.

En relación a ello, el próximo Gobierno que asumirá el 1º de junio ha planteado en su Plan Cuscatlán, como acciones estratégicas, eliminar los gastos reservados de la Presidencia (partida secreta); crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES) y además nombrar un Comisionado Anticorrupción que monitoree el actuar del Gobierno.

Si bien estas son medidas innovadoras y estratégicas, ellas no serán suficientes para realizar un cambio firme y sostenible, por lo que además el nuevo Gobierno deberá estar abierto a sumar iniciativas impulsadas por diferentes actores, incluyendo a aquellos que conforman la oposición política, pues solo sumando los esfuerzos de todos podremos superar realmente los retos que nos plantea como país la lucha contra la corrupción.